Las barricadas en las calles  

Santiago invadido   

Jarpa y la apertura  

Los días de septiembre

" ¿cómo siguen las vainas, compadre?,

"El otoño del patriarca"

A pesar de los esfuerzos del régimen para enfrentar los profundos problemas que afectaban al país, y que se ahondaban irremisiblemente, las acciones de gobierno no hacían sino agravar las cosas. La situación económica, entre enero y julio había empeorado, mientras los economistas, encabezados por Carlos Cáceres, no tenía otro camino, que profundizar su compromiso con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como el adicto frente al traficante de drogas, el tembloroso régimen estiraba la mano obsecuente, para recibir el papelillo para seguirse manteniendo. Y en las prioridades del FMI, no importaban las consecuencias de la acción de su cliente, en tanto se mantuviera dentro de su libreto, no importaba lo que ocurriera en las calles de las ciudades chilenas, porque su mirada era técnica, no política.

Una nueva dosis, el FMI se la entregó a Cáceres, el 27 de julio, al aprobar un waiwer – licencia transitoria pactada – para que la dictadura pudiera salirse de las estrictas reglamentaciones impuestas por los compromisos firmados por el gobierno chileno, el 10 de enero pasado. Para Cáceres aquello constituía un logro extraordinario, puesto que le permitía renegociar la alta deuda con los 611 bancos acreedores, representados por el Manufacturers Hannover Trust, además de conseguir un salvavidas de 1.300 millones de dólares, a un plazo de siete años, con cuatro de gracia.

El acuerdo logrado con la banca extranjera, especificaba concretamente la postergación del servicio de la deuda externa chilena, predominantemente privada, correspondiente a 1983-1984, la que equivalía a 3.600 millones de dólares. Además, se restablecían las líneas de créditos de comercio exterior para Chile, que habían sido interrumpidas luego de la debacle de enero. Desde luego, la burguesía financiera batió palmas con el acuerdo, y recibió a Cáceres con los brazos abiertos cuando éste descendió del avión, en el aeropuerto de Pudahuel.

No ocurría lo mismo, con los demás sectores sociales, especialmente para los que vivían de un salario. Un estudio realizado por la revista "Análisis" (N° 57, mayo 1983), en torno al consumo mínimo mensual de un grupo familiar, considerando 23 productos alimenticios y gastos básicos, arrojaba como resultado que, entre marzo de 1982 y marzo de 1983, la canasta contemplada para el estudio había experimentado un alza de un 41%.

Las consecuencias se expresaban de diferentes formas: por ejemplo, de 525.000 consumidores de agua potable, en mayo de 1983, habían 140.000 en mora, es decir, un 25%. De esos deudores, a más de 35.000 se les había quitado el medidor, es decir, la conexión al servicio, con todas las consecuencias sociales y sanitarias que ello implicaba. Más o menos lo mismo se vivía en el servicio eléctrico. En general, el deterioro de las condiciones de vida había llegado a sus niveles más bajos en 30 años.

Mientras tanto, comenzaba a producirse un río de capitales en fuga hacia bancos extranjeros, por parte de empresarios y personeros afectos al régimen. En organismos internacionales, se calcularía que en el primer semestre de 1984, la fuga de capitales superaría los 1.800 millones de dólares.

Ante la situación social y económica, de mediados de 1983, las condiciones para una nueva jornada de protesta, estaban potencialmente disponibles para quienes quisieran convocarla.

A fines de julio, Gabriel Valdés y Jorge Lavanderos, y los demás integrantes del Partido Demócrata Cristiano comprometidos en el caso de los panfletos, que los mantuvo como rehenes del gobierno, durante la III Jornada de Protesta, fueron homenajeados por el PRODEN, en el Club de Campo de Las Condes, en un acto político muy lejano a los lugares donde estaba lo más candente del movimiento social. En esa ocasión, se dio el marco apropiado para convocar a la IV Jornada, fijándola para el 11 de agosto. Aquellos dirigentes, parecían participar temerariamente en un juego, donde solo las masas y el régimen represivo conocía las cartas.

En esos mismos días, se producían una serie de atentados en las vías férreas, afectando el tránsito ferroviario hacia Villa Alegre, Concepción y Valparaíso. El clima de presagios insondables se volvía más imprevisible. De allí que Pinochet, con su estilo cuartelero, decidió recurrir a la sorpresa y a un mayor nivel de represión. Para ello tomó dos medidas: una política y otra militar. La primera, fue producir un cambio en su gabinete ministerial, saliendo el Ministro de Interior, general (J) Montero, y nombrándose en su reemplazo a Sergio Onofre Jarpa, ex presidente del Partido Nacional y uno de los caudillos de las fuerzas políticas contra Allende. La segunda medida fue la ocupación militar de Santiago.

Cuando, en abril de 1982, la dictadura militar de Argentina, resolvió reivindicar por la fuerza la soberanía sobre las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur, movilizó 10.000 soldados, distantes a varias millas de su territorio, y para enfrentarse a una potencia militar de alcance mundial, como era el caso de Gran Bretaña. Pinochet, para sitiar y ocupar militarmente la capital de su propio país, creyó que no bastaba con la guarnición acantonada en Santiago, y trajo soldados de varias unidades de provincias, hasta completar 18.000 efectivos militares y policiales. Esa cifra correspondía a un hombre armado para la guerra por cada 238 santiaguinos, los que, al amanecer del 11 de agosto, estaban en sus puestos de combate y armados hasta los dientes.

En las esquinas del centro de la ciudad, en los accesos al Metro, en los paseos y plazas, en el cruce de calles y avenidas de mayor circulación, en los accesos a las poblaciones, etc., acechaban militares, con sus fusiles en ristre, las mangas recogidas, los uniformes de camuflaje, plantados en sus botas y protegidos con sus casos de acero.

Ese jueves, 11 de agosto de 1983, sería uno de los más trágicos de la historia de Chile, superando al demencial 2 de abril de 1957.

La presencia militar en las calles, inhibió algunas manifestaciones previstas para la mañana, aún cuando en las universidades se produjeron recios choques con la policía. En las escuelas y liceos de enseñanza básica y media, no hubo alumnos. A mediodía, en el centro de Santiago, se produjeron varios choques de manifestantes, ante la represión de la policía, que no tuvieron mayor trascendencia, especialmente en el Paseo Ahumada.

Durante la mañana, el régimen anunció que el toque de queda empezaría a las 18:30 hrs, hasta las 05:00 hrs del día siguiente. Esta medida, lejos de favorecer a la pretendida calma pública, aquello no hizo más que contribuir a preparar el ambiente de la movilización social. Pasado el mediodía todo era anormal: el comercio había cerrado sus puertas, locomoción no había, con la excepción del Metro. En las poblaciones, los niños jugaban en las calles, como si fuera un día feriado. En aquellas poblaciones más emblemáticas, como La Legua, durante la madrugada habían llegado fuerzas policiales fuertemente apertrechadas en tanquetas y buses, en abierta actitud de provocación. Otras poblaciones, como La Victoria y Lo Hermida, fueron rodeadas por patrullas y vehículos militares.

A medida que comenzó a oscurecer, Santiago se fue convirtiendo en el escenario de una cruenta y desigual batalla. Un cronista anotaba una semana después: "Había luna en cuarto creciente y una brisa leve, cuando dieron las 20:00 hrs en Santiago. Sobre el paisaje estalló el cacerolazo a lo largo y ancho de la capital. La balacera se desató en el mismo momento". La situación a partir de ese momento fue dantesca.

Miles de pobladores trataron de responder a pedradas la furia y las provocaciones de los represores, que utilizaban proyectiles y armamento de guerra. En Lo Hermida, los militares hicieron uso de ametralladoras "punto 30" contra las casas, y enormes proyectiles atravesaron muros y paredes. Otras poblaciones, como La Faena, La Victoria y Villa Sur, soportaron ataques de bala contra las casas, con armas de puño y fusiles. En poblaciones de edificios de cuatro pisos, como Villa O’Higgins, Villa Frei, Villa Olímpica y en el sector Tobalaba-Peñalolén, al amanecer serían evidentes los impactos de bala en muros y ventanas.

Los manifestantes que eran capturados en las calles, eran desnudados, golpeados brutalmente a culatazos y luego arrojados a las barricadas ardientes. Sin embargo, no era un procedimiento que se utilizaba solo con los manifestantes, pues, por el contrario, según una encuesta que se realizó por organismos de derechos humanos, el 62% de las agresiones de militares a civiles, se produjeron en las casas mismas de las víctimas, por militares o policías que ingresaron a la fuerza, para sacar personas detenidas a la calle, y arrojarlos a la barricada ardiente más cercana.

Sin embargo, aquello no solo se vivió en la capital del país. Lo mismo ocurría en los cerros de Valparaíso, especialmente en Achupallas y Placeres, en Concepción, Valdivia, Temuco, Coquimbo y Antofagasta, especialmente. En Santiago, las manifestaciones y las agresiones de los militares se prolongaron hasta las 02:00 hrs de la madrugada del día 12. Fueron seis horas dramáticas, y muchas escenas sobrecogedoras quedarían grabadas en la memoria colectiva por muchos años. Muchas de ellas aparecen en imágenes fílmicas de otros procesos históricos: por ejemplo, aquellas de los jóvenes palestinos enfrentándose a pedradas con los bien apertrechados soldados del Estado de Israel; o aquella escena de la película de Atembourought sobre la vida de Steve Biko, donde, desde un auto en movimiento, un agente civil dispara sobre un niño huyendo, en los barrios de Soweto.

El recuento fue trágico, lo que obligó al Arzobispado de Santiago, ya embarcado en un plan de mediación entre la dictadura y la oposición, a manifestar a través del Vicario de la Solidaridad, Juan de Castro, que "los sectores poblacionales se han sentido muy humillados por el trato recibido por parte de las fuerzas armadas".

Ante la brutalidad de la represión empleada, los pobladores salieron nuevamente a las calles, el día viernes 12, produciéndose nuevos enfrentamientos, siendo los más violentos en Pudahuel, La Granja, La Cisterna y en el sector oriente de Ñuñoa.

El balance de aquellos dos días fue doloroso, aunque en el balance, hubo cifras que quedaron en dudas, especialmente en lo relativo a los heridos, cuya cifra no fue posible precisar, ya que una gran cantidad de afectados no concurrió a centros hospitalarios, por temor a ser detenidos arbitrariamente, y muchos fueron curados en los servicios de primeros auxilios establecidos por los mismos pobladores en casas o capillas de las iglesias de cada sector.

Un recuento realizado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, arrojó el siguiente balance desolador: 31 muertos (entre los cuales hubo 9 mujeres y 5 niños), 100 homicidios frustrados (heridos a bala por los represores), 2.425 detenidos, 131 torturados, 1.500 heridos registrados en centros asistenciales, y 300 acciones de amedrentamiento.

En total, ese organismo registró y comprobó 4.487 acciones de violencia por parte de personal militar, policial y agentes no uniformados. Sin duda, aquel desigual enfrentamiento, en todo su rigor, lo había soportado el pueblo desarmado. Y la IV Jornada Nacionalde Protesta, quedará en la historia como la más violenta y la más trágica de las manifestaciones contra la dictadura.