La realidad de los partidos políticos  

Los agrupamientos políticos de la oposición     

La confrontación política antes de mayo de 1983

LOS AGRUPAMIENTOS POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN.

Pese a los esfuerzos para materializar alianzas políticas contra la dictadura, en los primeros nueve años del régimen de Pinochet, desarrollados desde la izquierda y desde sectores de la Democracia Cristiana, que les costaron atentados contra su vida en el exilio al general Prats y al ex dirigente DC Bernardo Leighton, no fue posible materializar un acuerdo multi-partidario que se opusiera a la dictadura.

La proposición del frente amplio antifascista, por ejemplo, promovida por el PC, se hundió en las aguas de su conferencia de 1977, sin prosperar en modo alguno. Diversos tanteos, promovidos por líderes de la izquierda en el exilio y de algunos miembros del DC, no pasaron más de esa condición, debido a las desconfianzas y a los resquemores aún latentes.

Ante esas incapacidades en la conducción política, se fueron creando instancias específicas, que no requerían de acuerdos políticos cupulares, y que posibilitaban la acción común.

Una de esas instancias fue el Grupo de Estudios Constitucionales o "Grupo de los 24", donde participaron personalidades políticas de distintas ideologías, con el fin de elaborar proposiciones para definir el marco constituyente de la recuperación democrática. Este grupo nación en 1978, autodefiniéndose como "un patriótico esfuerzo de hombres de buena voluntad, para generar las bases de un gran acuerdo nacional que haga posible la democracia en Chile". Cuatro años más tarde, da a conocer un documento llamado "Un Debate Nacional", en el cual sostenía que los problemas más graves del país, provenían: 1. Por la ficción que significaba el Estado de Derecho vigente; 2. Por la acción de la Central Nacional de Informaciones (CNI), encargada de la represión contra los opositores; 3. Por una ausencia dolorosa de la justicia social; y, 4. Por el estancamiento del régimen autoritario, que era incapaz de plantear un itinerario institucional.

El mencionado documento, señalaba como requisitos necesarios para un debate nacional serio: el fin del régimen de excepción; el restablecimiento de los derechos a reunión, asociación y expresión; la eliminación de las facultades de la CNI; el término de las expulsiones y del exilio; y la recuperación de las facultades del poder judicial para restablecer la igualdad ante la ley.

Hemos citados este documento, porque, de una u otra forma, significó en ese momento la primera opinión consensuada de las corrientes de opinión opositoras, que actuaban en un espacio de ilegalidad permisible, abarcando a un espectro que iba desde la derecha no pinochetista hasta el socialismo no clandestino.

En 1980, en tanto, se constituirá el Comité de Derechos del Pueblo, que, en sus primeros años, albergó la acción semilegal de la mayoría de las organizaciones clandestinas de izquierda, y que nación bajo la declaración de que "el pueblo y todos los ciudadanos atropellados en sus derechos y libertades, deben tomar parte activa para desarrollar una amplia solidaridad en defensa de los mismos". Así, una gran cantidad de organizaciones populares de base, tuvieron allí la oportunidad de crecer y desarrollarse bajo el techo del CODEPU. Sin embargo, la pretensión hegemónica de algunos de sus componentes y directivos, desvirtuaron la finalidad del organismo, convirtiéndolo luego en una simple fachada, cuestión que se empieza a advertir en el Primer Encuentro Anti-represivo, realizado en agosto de 1982.

Por último, hubo dos organismos más consensuales, multi-ideológicos, que, por su naturaleza, reunieron un espectro más amplio de opositores a la dictadura, aunque también fueron espacios de desarrollo de conductas hegemonizantes y, en cierto modo, excluyentes: la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con predominio de los demócratas cristianos y comunistas; y el Comité de Derechos Juveniles (CODEJU), con presencia de las juventudes de la democracia cristiana, de los comunistas y del socialismo almeydista.

Estos fueron los organismos que representaron en forma gravitante la acción política opositora, semi-legal, hasta fines de 1982, pero, que luego de ese periodo, pasarán a un segundo plano, ante el surgimiento de una acción partidistas más abierta.

La primera instancia que se manifiesta abiertamente, desde una perspectiva conductora de la lucha opositora, y que, por lo tanto, rompe el receso político en los marcos de la legalidad existente, es el PRODEN. Para ello se recurre al resquicio de formar una sociedad anónima de profesionales, bajo el nombre de "Proyecto de Desarrollo Nacional (PRODEN S.A.), y que reúne a personeros de distintas ideologías, y que comienzan a expresar opiniones al país, sobre temas de política contingente. Entre sus componentes, se encontraban Jorge Lavanderos, ex senador demócrata cristiano, y que tiene el liderazgo de la instancia; León Vilarín, el ex dirigente del gremio de los camioneros, que había encabezado la lucha de las patronales contra Allende; Engelberto Frías, ex diputado del Partido Nacional; Diego Portales Frías, ex dirigente del Partido Radical; Miguel Vega, dirigente sindical del PDC; Ramón Silva Ulloa, ex senador socialista del sector ampuerista; el ex diputado DC Carlos Dupré; Eduardo Ríos y Hernol Flores, dirigentes sindicales de la Unión Democrática de Trabajadores, vinculada al sindicalismo norteamericano, agrupada a la AFL-CIO, de militancia demócrata cristiana y radical, respectivamente; y otras personalidades decididamente contrarias a la dictadura.

Entre las características principales del grupo, cabe destacar que todos eran opositores a Pinochet, como lo habían sido de Allende; en cierta forma, se puede decir que obedecían a un estilo dominado por la audacia en su forma de hacer política, y que, trató de asumir la representación de las fuerzas opositoras, sin haber considerado las débiles expresiones de los partidos tradicionales, que trataban de mantener su existencia en la ilegalidad más absoluta; en cierta forma, era un golpe de mano hacia las dirigencias históricas de los partidos, que fueron tomadas por sorpresa.

Constituido en los últimos meses de 1982, comenzaron a proponer ideas respecto de una salida política a la crisis que vivía el régimen. En enero de 1983 daban a conocer una declaración, que planteaba que la crisis era fundamentalmente económica, pero, agregando, que era necesario "el pronto restablecimiento del sistema democrático, diseñando una estrategia de desarrollo que se centre en la producción, aumento del ahorro e inversión".

Si bien, la PRODEN surge como una iniciativa marcada por la audacia y el golpe de efecto, que trató de administrar la conducción de lo poco que legalmente podía hacerse contra la dictadura, preparando una eventual salida negociada con el régimen, con el tiempo, diversos factores le harán radicalizarse e inclinarse hacia posiciones cercanas a la izquierda pro-comunista. Despotenciaron la iniciativa diversas presiones políticas, entre las cuales cabe citar: la presión de la directiva del PDC sobre Lavanderos; la presión sobre Silva Ulloa, del parte del Comité de Enlace de las tendencias socialistas, en el cual estaba participando el ampuerismo; la marginación de Eduardo Ríos, por las presiones del sector conservador del PDC; el aislamiento de Frías respecto de los ex dirigentes del Partido nacional; pero, por sobre todo, el fracaso de su estrategia de capitalizar una opción de centro-derecha, sobre la base del crédito anti-allendista y anti-pinochetista.

Sin duda, su mejor momento lo vive el PRODEN entre junio y octubre de 1983, donde llega a asumir un transitorio liderazgo de la movilización social, pero, cuando ya se había izquierdizado en sus posiciones.

Con la elección de Gabriel Valdés, en la presidencia del PDC, se afianzará un camino de negociación y acuerdo entre las expresiones partidarias, dando paso a una visión más institucional y política, que lo que había pretendido el PRODEN. Es así como en marzo de 1983, se logra un consenso entre representantes de partidos de la oposición, en proceso de reorganización. Este consenso permitió la firma del "Manifiesto Democrático", refrendado a través de personalidades representativas de diversas corrientes de opinión política.

El Manifiesto Democrático proponía el fin del Estado de Emergencia y del exilio, la autonomía universitaria, y la regularización de la vida de los partidos políticos, señalando que "así se crearían las condiciones para el pronto funcionamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la adopción de un sistema electoral que de garantías".