El modelo librecambista

La crisis se desata

La debacle de enero de 1983

En diciembre de 1982, uno de los principales miembros del equipo económico del régimen, Carlos Cáceres, presidente del Banco Central, señalaba con respecto del año venidero: "Será un año muy duro, con una recuperación extremadamente lenta". Para los arquitectos de la política librecambista, las dificultades que el país atravesaba desde mediados de 1981, no constituían más que el largo periodo de "convalecencia de un enfermo de gripe".

El mismo Pinochet había señalado que existía "una recesión pequeña que será de corto plazo", pero, que sería afrontada auspiciosamente "porque la economía chilena es sólida". Lo propio planteaban en esa época los grupos económicos. Ricardo Claro Valdés, cabeza de uno de los sub-grupos vinculados al Grupo Vial (Banco Hipotecario de Chile), preveía que 1982 sería un año de recuperación: "Soy, sin embargo, optimista para el próximo año; veremos el cobre a precios del orden de un dólar y veinte centavos o superiores, lo que junto con la recuperación mundial y una baja de la tasa de interés, producirán un nuevo impulso al desarrollo nacional".

Empero, los vaticinios para 1983 fueron un fiasco amargo para los chilenos; lejos de superarse, los problemas se acentuaron más allá de todo cálculo pesimista. De allí que la cautela de Cáceres, de no crear falsas expectativas, estaba en franca dicotomía respecto del resto de los actores económicos de la dictadura.

En los meses previos, debido a los grandes obstáculos enfrentados por el país, Pinochet había hecho varios cambios en la conducción económica. Sergio de Castro, gurú de los "Chicago Boys" había caído de su pedestal sin que nadie derramara una lágrima. Le sucedieron Sergio de la Cuadra, en el Ministerio de Hacienda, y el general Luis Danús, en el Ministerio de Economía, quienes tendrían su momento de auge y caída en pocos meses, debiendo partir en medio de la indiferencia de quienes les habían catapultado.

Los sucederá como Bi-Ministro de Hacienda y Economía, uno de los hijos pródigos de la burguesía financiera, Rolf Lüders, ejecutivo del Grupo Vial (BHC), y una de las cabezas principales del segundo monopolio financiero chileno.

Lüders basará su política fundamentalmente en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de conseguir los recursos necesarios para mantener la economía siquiera medianamente en funciones. Pero, la crisis recesiva mundial estaba también afectando el crecimiento de las economías desarrolladas, afectando seriamente el flujo de recursos disponibles, principalmente, ante la alta deuda externa de los países subdesarrollados.

De allí que, en enero de 1983, los miembros del Grupo de los 10 (Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania Federal, Italia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Suecia), se vieron en la necesidad de reunirse para acomodar las estrategias de sus economías, con las expectativas de las empresas transnacionales, y con el alto endeudamiento de los países pobres, cuya deuda alcanzaba a 626.000 millones de dólares, correspondiendo al 80% de esa cifra a empréstitos otorgados por bancos privados, con interés flotante, lo que obviamente agravaba el problema.

En la reunión del G-10, se concluyó que la crisis recesiva era la mayor, desde 1929, y que, necesariamente, debía inyectarse recursos a las economías subdesarrolladas, a fin de que pudieran enfrentar las dificultades de servicio de la deuda externa, ante el peligro de una moratoria generalizada. Desde luego, la decisión de los gobiernos de los países capitalistas desarrollados, provocó el entusiasmo de la banca internacional. Rimmer de Vries, ejecutivo del Morgan Guaranty Trust, comentaría con no poco fervor, que esa "era la señala más alentadora" para los bancos privados, aún cuando planteó sus reservas respecto a la posibilidad de mantener el ritmo en el flujo de los créditos hacia los países subdesarrollados. Ante esa realidad, el FMI estaba muy lejos en cuanto a contribuir a solucionar problemas de caja de los países como Chile, puesto que su tarea principal radicaba en salvar los escollos estructurales del ordenamiento económico internacional.

La política de Lüders se orientó, en ese marco, a conseguir que se mantuviera un afluente de dólares hacia Chile, para lo cual, era fundamental demostrar a los consorcios financieros internacionales, que Chile estaba en condiciones de responder a los requerimientos de servicio de su deuda externa. Era básico "demostrar seriedad en el pago de la deuda externa, para conseguir nuevos préstamos".

Para ganar tiempo, logró formar un Comité Consultor para la deuda externa de Chile, con sus principales acreedores: Chase Manhattan Bank, Chemical Bank, Citibank, Manufacturers Hannover Trust, Morgan Guaranty Trust, Bank of America, Bank of Tokyo, Suisse Bank Co., Midland Bank, Bankers Trust, Bank of Nova Scotia, y Deutsche Sudamerische. El propósito de este Comité Consultor era constituirse en el interlocutor de la banca internacional con el gobierno chileno, a fin de renegociar la deuda o acondicionar los pagos de acuerdo a las mayores o menores dificultades por las que atravesara Chile.

Al 31 de diciembre de 1982, la deuda externa llegaba a 17.101 millones de dólares, de los cuales, el gobierno chileno debía pagar 3.500 millones en el servicio anual. Las negociaciones con el Comité posibilitaron que Chile se comprometiera a cancelar, en el transcurso de 1983, solamente los intereses de su deuda, ascendientes a 1.765 millones de dólares.

El segundo paso fue lograr un acuerdo con el FMI, a fin de conseguir un préstamo de 900 millones de dólares, con el propósito de destinarlos al servicio de la deuda externa, lo que efectivamente consiguió. El préstamo stand-by era con el exclusivo fin de pago de la deuda externa, por lo cual, esos recursos jamás pasaron por Chile. En correspondencia, el gobierno chileno se comprometía a restringir el déficit fiscal de un 4 a un 1,7%, lo que significaba una fuerte reducción de remuneraciones en el sector público; de la misma forma, se limitaba el endeudamiento público, y se mantenían los aranceles en un 10%. Para fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos, el FMI enviaba en enero de 1983, a uno de sus funcionarios (Carlos Muñiz), a instalarse en Santiago.

En tanto, el gobierno enfrentaba serias complicaciones internas. Las empresas del Estado habían sufrido pérdidas por más de 265 millones de pesos, mientras, el gobierno debió destinar 445 millones de dólares para el rescate de las carteras vencidas, esto es, de las deudas de los morosos que no podían pagar a los bancos y que, ni con el embargo de sus bienes, podían amortizar sus deudas. En esta situación se encontraban deudores que habían conseguido un crédito para comprar una juguera, hasta aquellos que, por la vía del crédito, habían financiado grandes importaciones.

Junto con esas dificultades, el gobierno había tenido que asumir la deuda externa privada, en su condición de aval de esos préstamos, que, en agosto de 1982, llegaba a 6.346 millones de dólares. Además, debió gastar parte importante de las reservas en el Banco Central, para mantener la estabilidad del dólar, evitando que se produjera una devaluación de fatales consecuencias.

Así, pese a la cautela de los encargados del equipo económico, manifestada por Lüders y Cáceres, Pinochet tenía la convicción de que, en el peor de los escenarios, la situación se mantendría estacionaria, aunque ello significara dejar al país con un endeudamiento del cual no podría salir por varias décadas.

Signo del tiempo que se vivía, la Bolsa de Valores de Valparaíso, la más antigua del país, al cumplir sus 100 años, debió cerrar sus puertas, por falta de valores que transar. Un negro presagio.

El martes 11 de enero, la empresa INFORSA, una de las más importantes del Grupo BHC, al que pertenecía el Bi-Ministro Lüders, entraba en cesación de pagos, al no poder renegociar una deuda de 2 millones de dólares con el Bank of Montreal, aún cuando para ello la empresa tenía ¡el aval del gobierno chileno! Paralelamente, ese día, otras dos empresas del Grupo tuvieron crisis de caja, ante lo cual, el Banco del Estado, por decisión del gobierno, debió auxiliarlas a fin de evitar el pánico público.

La debacle se desencadenó, inevitablemente, luego de que los grupos económicos no se pusieran de acuerdo en una operación de salvataje de esas empresas. El miércoles 12, el FMI aprobaba el crédito stand-by, para cumplir sus compromisos de deuda externa. El jueves 13, el Ministro Rolf Lüders anunciaba por cadena de radio y TV, la intervención de la banca nacional. También anunció la liquidación del Banco Hipotecario de Chile (BHC), del Banco Unido de Fomento (BUF) y de la Financiera Ciga.

En el país del paradigma del librecambismo, al día siguiente se instalaban interventores del gobierno en todos los bancos, en tanto, la autoridad económica resolvía asumir por parte del Estado, la deuda de los bancos liquidados, que ascendía a 400 millones de dólares. De la misma forma, se anunciaba la disolución del sistema de fondos mutuos, que funcionaban a través de las llamadas empresas de papel. Los efectos de esta última medida fueron dramáticos: frente a los bancos y financieras se agolpaban miles de ahorrantes, principalmente de clase media, clamando por la devolución de sus fondos invertidos en esos instrumentos, afectando a más de medio millón de personas, cuyos depósitos bordeaban los 500 millones de dólares. De esa suma, con los años se devolvería una parte insignificante, y muchos ahorrantes no recibieron un solo peso.

La intervención de la banca trajo una cadena de otras consecuencias. Ese mes, la caída de las reservas del Banco Central llegó a 625 millones de dólares. Más de 60 de las grandes empresas productivas del país, fueron afectadas por la cesación de pagos, entre las cuales estaban CCU, CTI, MACO, COIA y otras. Un mes después de la intervención, cuatro bancos intervenidos solicitaban la quiebra de 34 empresas de papel, ligadas a los Grupos Vial y Cruzat-Larraín. Estas empresas de papel o de inversiones, no realizaban actividades productivas, sino que eran simplemente empresas especulativas, captadoras de capitales, que bajo un pretencioso nombre, con un personal mínimo, operaban captando o invirtiendo luego en empresas similares.

A mediados de febrero, desbordado por la crisis, Lüders dejaba sus cargos y abandonaba el gobierno. Un año después sería encarcelado por demandas judiciales emprendidas por sus socios del BHC. En su reemplazo fueron designados Carlos Cáceres, como Ministro de Hacienda, con la tarea expresa de renegociar la deuda externa, y Manuel Martin, como Ministro de Economía, con la tarea de diseñar una política de reactivación.

El nuevo equipo consiguió ante los acreedores internacionales, un plazo de 90 días, para dejar de amortizar 264 millones de dólares, mientras el déficit fiscal pactado con el FMI para un año, se cumplía en tres meses.

El Banco de Estado, la única institución financiera que se mantuvo indemne, se vio en la obligación de entregar 2.657 millones de pesos a ocho industrias con cesación de pagos del grupo BHC y Cruzat-Larraín.

Antes de la intervención de la banca, el gobierno tenía un déficit de cuenta corriente de 1.765 millones de dólares, empero, al asumir las deudas de los grupos económicos, la cifra aumentó a más de 4.000 millones de dólares. En marzo, las reservas solo ascendían a 1.818 millones de dólares en moneda dura, de los cuales, 800 estaban en oro en París y Nueva York, y 400 estaban en depósitos: ambas cifras en garantía para asegurar el empréstito del FMI, es decir, el Banco Central solo tenía 600 millones de dólares en reservas físicas.

La debacle de enero de 1983, es, quiérase o no, el fin del modelo impulsado por el librecambismo de los Chicago Boys. De allí en adelante, no habrá coherencia doctrinaria en el que hacer económico del gobierno, que desarrollará la política pragmática del bombero: donde se producía un incendio corría a apagarlo, optándose por una mera administración económica de acuerdo a los cánones del FMI. En adelante, las contradicciones con la burguesía financiera, producirán choques reiterados. La cúpula militar trató de jugar sus cartas con la burguesía industrial monopólica, cuyo comodín pretendió ser Martin, pero, estos eran incapaces de producir una reactivación financiera por medio de un equilibrio entre la producción nacional y las importaciones. Solo la fidelidad al FMI fue el camino posible, a pesar del enorme costo social que ello significaba para los chilenos.