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UN ABRUPTO DESENLACE. 

Cuando Sergio Onofre Jarpa asumió el cargo de Ministro de Interior, en agosto de 1983, y como tal la jefatura del Gabinete Ministerial de Pinochet, sobre la base del plan de acción política que presentara al comité asesor del dictador, dirigido por el general Sinclair, lo hizo con la intención de ganarse el liderazgo de la centro-derecha y anular las demandas democráticas, con ciertas reformas políticas.

Ese plan consideraba como primer objetivo “cuidar al Presidente”, evitando que se expusiera su supuesto prestigio, para lo cual, Pinochet debía ejercer su cargo de Jefe de Estado por encima de las contingencias, debates y enfrentamientos. Esta ladina  proposición de Jarpa, buscaba contar para sí la capacidad de negociación suficiente, para obtener el liderazgo político de una transición orientada hacia el conservadurismo: una especie de Diego Port ale s del siglo XX.

La historia demuestra que Pinochet no “pisó el palito” y en reiteradas ocasiones le recordó a su Ministro que nadie corría con colores propios, y que efectivamente, en Chile “no se movía ni una hoja sin que él lo quisiera”.

  La segunda proposición planteaba la necesidad de recuperar los “apoyos perdidos”, sobre todo en el campo político y gremial. En el diagnóstico de Jarpa, aquellos que habían estado junto a Pinochet cinco, seis, ocho años antes, debían ser recuperados de alguna medida. Seguramente, en sus cuentas estaban los nacionalistas, corporativistas y la derecha tradicional, que se espantaban con los aires del extremismo librecambista, que dominaban en el gobierno de régimen dictatorial. Proponía un comando unificado se sectores que apoyaban al régimen, que tuviera un rol político destacado, lo cual requería de apertura, expresado en una ley de elecciones y de partidos político, de alcance limitado.

Como estrategia frente a la oposición proponía: 1) trasladar el foco de atención hacia temas político donde el gobierno tuviera ventajas (para lo cual confiaba mucho en sus capacidades de operador político provocador y campechano); 2) reactualizar los argumentos y la información respecto de los hechos de 1970-1973, señalando el origen del gobierno de las FF.AA. como “una acción libertadora” (para lo que montó una gran campaña destinada hacia la juventud, especialmente); 3) mostrar que el gobierno avanzaba firmemente en el proceso de institucionalización contemplado en la Constitución de 1980 (por cierto, los tiempos de Pinochet y Jarpa nunca fueron los mismos); y 4)obligar a la oposición a definirse frente al marxismo, para producir una cuña entre el PDC y sus socios socialistas, e impedir cualquier posibilidad de entendimiento decisivo (es posible que aquello fuera su mayo éxito en el tiempo que se mantuvo en la gestión de su cargo).

Uno de los princip ale s esfuerzos que Jarpa llevó a cabo, apuntaba, por cierto, a recomponer el cuadro de fuerzas políticas, sobre la base de su prestigio e influencia como líder de la oposición contra Allende, en 1973. A fin de crear un interlocutor fiable y controlable en la oposición, sondeó en el “diálogo” con la AD la posibilidad de quebrarla, definiendo a “buenos y malos” en ella. Algunos de los elegidos como “buenos” por el dedo de Jarpa se creyeron efectivamente el cuento.

Luego, estimuló la creación del “Grupo de los 8”, formado por sectores de derecha en reconstitución y oportunistas de los partidos tradicion ale s en receso, el cual enfrentó una serie de vicisitudes hasta el momento en que se planteó la firma del llamado “Acuerdo Democrático Nacional” (ADENA), en 1984, del cual se descolgó la Unión Democrática Independiente (UDI).

De hecho, la UDI había sido marginada de toda influencia política, cuando Jarpa llegó al cargo, perdiendo importantes cuotas de poder, lo cual, significaba para los “gremialistas” un temporal éxito de una derecha tradicional que consideraban acabada. El éxito de Jarpa, significaba para ellos la frustración de su proyecto de construcción de una nueva derecha, sobre la base de su incidencia en la “obra refundadora” que representaba para ellos la dictadura.

Derrotado Jarpa en sus intentos de aplicar el plan inicial, creyó necesario un nuevo plan que contemplaba tres opciones. Este nuevo plan, entregado en septiembre de 1984, proponía una “institucionalización democrática” mediante la aceleración del itinerario constitucional, una reactivación económica en torno a los objetivos político – una solución considerada populista por los omnipresentes “Chicago Boys” -, y reinsistía  en la creación de un movimiento político de carácter nacional. Se precisaba en el plan el itinerario de cada uno de los objetivos, sobre todo en lo referente a lo contemplado en la Constitución de 1980.

Sin embargo, algunas semanas después, producto de las fuertes pugnas al interior del régimen, Jarpa presentaba su dimisión con lágrimas en los ojos. Se había quedado sin apoyo político, como no fuera el de su grupo: el Movimiento de Unidad Nacional, que dirigía el joven Andrés Allamand.

En el momento de renunciar,  la justifica acusando a varios obispos de la Iglesia Católica chilena, que, visitando el Vaticano, se reunieron en Roma con varios dirigentes exiliados, entre los cu ale s había algunos comunistas.

En ese momento, las relaciones entre el régimen y la Iglesia Católica atravesaba uno de sus peores momentos, debido al reciente asesinato del cura André Jarlán, en la población La Victoria, y por la prohibición de ingreso al país del cura Ignacio Gutiérrez, jefe de la Vicaría de la Solidaridad, instancia que llevaba el apoyo a las víctimas de violaciones a derechos humanos. A ello se sumaba el atentado con bomba a la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Punta Arenas, donde había fallecido quien la estaba instalando, en estado de ebriedad: el agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), teniente Patricio Contreras.

La airada respuesta de la jerarquía episcopal a los dichos de Jarpa, le dio a este la posibilidad de buscar un abuenamiento de las relaciones, buscando una reunión con el arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, y otros seis obispos, con el pretexto de dar explicaciones y aclarar el sentido de sus palabras. El mensaje de Jarpa fue claro: después de él, el caos. Pinochet temía los efectos del paro nacional convocado para el 30 de octubre, y buscaba deshacerse de Jarpa, para poner de Ministro de Interior al general retirado Alejandro Medina Lois, que le había prometido “pacificar al país en una semana”. Ello implicaba desatar una represión cruenta, que incluiría las comunidades de base de la Iglesia Católica. T ale s funestas perspectivas llevó al Episcopado a apoyar a Jarpa.

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Bernardino Piñera, informó públicamente a Jarpa que la reunión de los obispos en Roma había sido “pastoral” y no política, al tiempo que le reconocía sus condiciones de hombre de la apertura política. Esa declaración dejaba a Jarpa con un as en la mano, que le permitió ganar la partida. Pinochet le rechazó la renuncia, recibiendo de éste la promesa de endurecer la mano, vía estado de sitio y la represión a la oposición rupturista. Dentro de las cuentas de Jarpa estaba producir un retroceso en la “apertura”, para obligar al centro político a reflexionar y negociar.

Pinochet, en tanto, estaba dispuesto jugando cartas más drásticas para afianzarse en el poder. Hacia fines de agosto y principios de septiembre, en varias intervenciones públicas, había reafirmado su voluntad  y la de sus incondicion ale s de llevar a cabo “un nuevo 11 de septiembre” si ello era necesario. El mensaje, sin embargo, más que dirigirlo hacia la oposición parecía tener destino hacia su frente interno, especialmente, hacia la Fuerza Aérea (FACH), donde el general Matthei, comandante en jefe, había planteado la posibilidad de dialogar con la oposición, en una entrevista concedida al diario “El Mercurio”.

Por cierto, ello tenía visos de ser un nuevo episodio como el que viviera la díscola Fuerza Aérea cuando debió ser descabezada, producto de las discrepancias sostenidas por el general Leigh. En las circunstancias que se estaban viviendo, ahora con Matthei, mucho menos exacerbadas que las anteriores, no escapaba a Pinochet que los planteamientos de aquel representaban el pensamiento del Estado Mayor de la FACH. De allí que estuviera considerando la posibilidad de disolverla e integrar su infraestructura y personal al Ejército.

En el Alto Mando de la Armada, en tanto, había serias críticas frente a la forma como se estaba resolviendo el problema limítrofe austral con Argentina, por el Canal Beagle y las tres islas al sur de ese paso marítimo, cuyas negociaciones estaban en manos de ofici ale s del Ejército, de manera casi exclusiva (general Covarrubias y coronel Videla). Otro capítulo que involucraba a la Armada eran las ya públicas discrepancias entre el Ministro del Trabajo, el nacionalista Hugo Gálvez, con la comisión legislativa encabezada por el Almirante Merino, con gran influencia de la UDI, a propósito de las reformas a la legislación laboral.

Estas pugnas y el creciente interés de los políticos, que participaban en el régimen, por ganar autonomía y protagonismo, hizo que Pinochet jugara sus opciones en los espacios que manejaba perfectamente: el Ejército y sus aliados en las demás ramas de las FF.AA., al margen de los comandantes en jefe.

De este modo, hizo que sus hombres más le ale s explotaran los resultados del paro nacional del 30 de octubre y la carta del PC a los partidos de la oposición, así como el resultado de las elecciones de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), donde la oposición se unió, a través de un acuerdo entre la Juventud Demócrata Cristiana y las Juventudes Comunistas. Se  estimuló el miedo al marxismo y a una crisis que provocara el triunfo opositor, el cual traería como resultado inevitable lo que estaba ocurriendo con la experiencia argentina, donde una gran cantidad de jefes militares estaban encarcelados, esperando un juicio por sus responsabilidades en la muerte o desaparición de detenidos. De la misma forma, los políticos de la derecha, incluyendo los del gobierno, comenzaron a ser motejados de la misma forma que eran calificados los de oposición.

En los primeros días de noviembre, Pinochet tenía todas las cartas en la mano. Cuando Jarpa renunció entre lágrimas de despecho, sabía que tenía poco tiempo por delante. El apoyo de la Conferencia Episcopal, solo le daba un respiro. El Gabinete Ministerial renunció en pleno el 5 de noviembre. La víctima inmediata fue Hugo Gálvez, el único que dejó el Gabinete. En su reemplazo asumió Márquez de la Plata, que ejercía en la Secretaría General de Gobierno. Este último cargo fue asumido por Francisco Javier Cuadra, con contactos con los sectores tradicion ale s de la Iglesia Católica.

Esa misma noche se declaraba el Estado de Sitio y se ponía en marcha un vasto operativo represor. Se estableció el toque de queda en casi todas las ciudades importantes del país, se decretó la clausura de las revistas de oposición, se impuso una rigurosa censura informativa y comenzaron las detenciones a gran escala. En noviembre y diciembre fueron allanadas 46 poblaciones de Santiago, lo que permitió la detención de 24 mil personas. Más de 300 dirigentes intermedios de organizaciones estudiantiles, poblacion ale s, sindic ale s y políticas, fueron relegados a distintos lugares del país, en los extremos norte y sur. El receso político fue reinstaurado y se allanaron las sedes políticas y sindic ale s. Varios sacerdotes católicos fueron intimidados y se expulsó del país al religioso irlandés Dennos O’Mara.

Con el fin de reducir los efectos políticos del Estado de Sitio, la Alianza Democrática recurrió a la más ingenua de las iniciativas, puesto que, cuando la oposición estaba en evidente debilidad frente a la embestida represiva, el Comié Ejecutivo envió una carta a los comandantes en jefe de las FF.AA.

La carta apelaba a los miembros de la Junta Militar, en su calidad de jefes de las ramas armadas, en tanto “instituciones del Estado chileno vinculadas a los intereses permanentes del país”. En su parte culminante clamaba por “un diálogo franco, abierto y constructivo entre civiles y militares”, agregando que “es posible, en el amor a la Patria, encontrar una respuesta común a la angustiosa situación de Chile”. El tenor de la misiva estaba en la misma perspectiva de la carta enviada en marzo a Pinochet, en que se había pedido a aquel que renunciara por patriotismo.

Una iniciativa que pudo haber tenido efectos en el invierno de ese año, sobre todo con las declaraciones de Matthei, decretado ya el Estado de Sitio y robustecida la posición de Pinochet, provocó el efecto contrario del que perseguía. Merino, consultado por los periodistas, señaló en su estilo burlón que le caracterizaba, que la carta había ido a parar al papelero sin leerla.

El Estado de Sitio, el nuevo 11 de septiembre prometido por Pinochet, dejó en sus manos nuevamente toda la iniciativa dentro del régimen, de allí que la UDI y los más le ale s a Pinochet no esperaron mucho tiempo para dar cuenta de Jarpa. El 10 de febrero debió entregar nuevamente la renuncia, y al día siguiente juraba como Ministro de Interior un oscuro y desconocido abogado, vinculado al negocio de la construcción, Ricardo García. Con vinculaciones en los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, llegó a encabezar un nuevo plan político, más coherente con el círculo más estrecho del dictador.

El 27 de noviembre debió llevarse a cabo una nueva jornada de protesta, convocada aceleradamente por el comando de movilización social, formado por el Comando Nacional de Trabajadores, la Alianza Democrática, el Movimiento Democrático Popular y el Bloque Socialista. En medio de la represión y del temor, de la desarticulación de las direcciones intermedias, de la frustración social por los sacrificios sin logros concretos, la falta de confianza en las direcciones políticas, los resultados fueron terminaron siendo escasos. Lo propio ocurrió con las acciones planeadas para diciembre. La insurgencia iniciada en 1983 había cumplido su ciclo. Se cerraba así uno de los periodos de agitación social más significativos de la historia chilena.

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