El bloque de poder imperante

* La base social de apoyo

*  El modelo económico 

*  Los componentes doctrinarios

Hacia fines de los años 1960 y principios de los 1970, en las academias militares norteamericanas, comienza a desarrollarse una nueva formulación doctrinaria, para ser propuesta a las cúpulas militares de América Latina. Sus raíces se encuentran en las luchas coloniales del ejército francés, aplicadas principalmente en Argelia, y en la propia política militar seguida por el Pentágono en Vietnam y en todo el sureste asiático.

Esta formulación, conocida como Doctrina de Seguridad Nacional, ya no es producto de la típica opción fascistoide de los capitalismos nacionales, para detener la radicalización del movimiento social, de resolución local de los conflictos, sino que es una definición más global, liderada por una estrategia gendarme de tipo internacional. Ello fue respaldado con un fuerte apoyo material a quienes adscribían a esa estrategia. Verbigracia, el comando militar norteamericano entregó 4.300 millones de dólares, entre 1973 y 1977, a las FF.AA. latinoamericanas con gobiernos de orientación contra-insurgente, ya sea a través de la Military Asistence Program y otros programas de "cooperación hemisférica".

La Doctrina de la Seguridad Nacional se sustentaba en el criterio de que ya se estaba en la III Guerra Mundial, confrontación que, dado el potencial riesgo nuclear, adquiría formas de lucha no convencionales, expresándose a cambio en subversión, terrorismo, infiltración ideológica, y un sostenido oradamiento de las "bases de la civilización occidental". Esta forma subterránea de guerra, señalaba esta doctrina, desatada por el comunismo contra el mundo libre, buscaba quebrar la unidad espiritual básica de las naciones occidentales. Esa guerra subterránea se daba esencialmente en el frente interno, en cada país, contra un enemigo que debía ser destruido implacablemente.

Al respecto, Pinochet plantearía en 1975, que "No permitir el acceso del enemigo al control de los medios de comunicación social, de universidades o de sindicatos, no es coartar la legítima libertad de expresión, de pensamiento o de organización sindical. Implica protegerlas, al preservarlas de ala destrucción a que están expuestas si se deja crecer libremente a quienes pretenden conculcarlas".

Desde esa óptica militar del conflicto social y político, la sociedad debía ser ocupada en todos sus niveles, imponiéndose el modelo de organización contrainsurgente, es decir, una manifestación del Estado, que ya no buscaba el reordenamiento de las fuerzas políticas, sino que debían imperar condiciones excepcionalísimas, para "rescatar la unidad espiritual básica de la sociedad". En síntesis, se instauraba el Estado de Excepción, como forma de institucionalidad política.

En el caso del pinochetismo, hay una profunda crítica a la democracia formal, "por haber permitido que los sufragios democráticos contribuyeran a edificar la negación de la democracia" ("El Mercurio", 03/nov/1974). El modelo planteado, proponía que el nuevo régimen institucional que surgiera del Estado de Excepción, debería impedir no solo el retorno del marxismo, sino también de la politiquería y la demagogia partidista. Así, los ataques del pinochetismo no iban solo contra los grupos marxistas, sino también contra los sindicatos, los partidos políticos, las universidades, la Iglesia y toda la institucionalidad tradicional chilena. No eran enemigos solo los marxistas, sino todos aquellos que contribuyeran a su expresión en la sociedad.

Enfrentados al "enemigo interno" que esbozaba la Doctrina de Seguridad Nacional, la cúpula militar de las FF.AA. chilenas se lanzan a una guerra de exterminio, para aplastar militarmente a dirigentes y militantes de los partidos de izquierda. Sin embargo, no es una guerra abierta, sino una guerra sucia, una guerra clandestina. Para ello debía crearse una nueva forma de coacción del Estado: un poder institucional clandestino, capaz de actuar sin las limitaciones que podían provenir de las instancias formales. De esta forma, el Estado de Excepción prohijará un bastardo: el Estado Terrorista, una institucionalidad paralela, que actúa al margen del Estado formal, para controlar a la sociedad mediante el terror y para aniquilar totalmente al "enemigo interno".

Ese Estado clandestino es el que hace posible la ocupación militar de la sociedad civil, sin que las FF.AA. formales aparezcan involucradas en la guerra sucia. Y la expresión de la acción cotidiana del Estado Terrorista, se manifestará en las detenciones con desaparición y en la tortura sistematizada. Ya Franz Fanon, señalaba este fenómeno, en "El Moudjahid", en septiembre de 1957, al analizar la acción de los torturadores franceses en Argelia, al plantear que la tortura es una modalidad de las relaciones entre el ocupante y el ocupado, donde la excusa del fin tiende más y más a destacar los medios, ante lo cual, es normal que la tortura asuma su propia justificación.

De los fusilamientos directos sin juicio, de los allanamientos brutales, de los encarcelamientos masivos, que caracterizan la primera parte del Estado de Excepción, se pasa luego a la tortura sistematizada y a la desaparición de los detenidos, para lo cual se crearon instancias especiales de acción y jurisdicción: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y el Comando Conjunto, en una primera etapa; y la Central Nacional de Informaciones (CNI), en forma posterior.

Indicadores de la represión en Chile. 1979-1983 (1)

(2) Los datos sobre muertes son por violencias innecesarias, apremios ilegítimos o supuestos enfrentamientos.

(?) Datos no precisados por la fuente

FUENTE: Informa Anual 1983. Comisión Chilena de Derechos Humanos.

 

En 1978, a nivel de organismos de derechos humanos, se tenía la certeza de que, en Santiago, habían por lo menos 15 lugares de detención clandestinos y torturas, entre los cuales estaban los tristemente célebres ubicados en Villa Grimaldi, y en las calles José Domingo Cañas, Santa Rosa, Santa Lucía y Londres. Sin embargo, no había juez que pudiera acceder a ellos, ni fuerza pública, ni menos forma de contrarrestar su acción.

¿Qué ocurría en esos lugares? La metodología era muy similar a la explicada por Fanon, y que fue aplicada en Argelia por Lofredo y Podevin. En la Revista "Mensaje" (# 270, 1978), Alejandro Quezada, en un articulo titulado "La lección de la DINA", hace un seguimiento de lo que sucede desde el momento en que una persona es detenida por los servicios represivos de Pinochet:

"El maltrato del detenido comienza desde el momento en se le sube al automóvil, si es que no ha sido ya violentamente tratado en el lugar mismo de su aprehensión. Se le vendan los ojos y en el trayecto se le somete a un tratamiento de ablandamiento: quemaduras con cigarrillos, golpes con los puños o con una pistola. Llegado al recinto, se le somete regularmente a la parilla: se ata al preso a una cama de metal, se le aplican corrientes eléctricas en el torso, en el pecho, la lengua y los órganos sexuales, por dos horas. El interrogatorio empieza después que ha sido sometido a este tratamiento. Hay numerosos otros métodos que aplica la DINA: se ata de pies y manos al detenido, sumergiéndosele en un tanque con algún líquido nauseabundo (orina, aguas de alcantarillas, petróleo); atadas las manos a la espalda, se cuelga al preso por las manos y en esta posición se le aplican descargas eléctricas; abusos sexuales incluyendo la utilización de animales; el Pau de Arara, consistente en atar juntos los pies y manos del detenido y colgarlo de un palo con las pantorillas atadas al mismo; rotura de huesos; quemaduras; simulación de ahorcamiento y fusilamiento; coacción psicológica al someterse a tortura a parientes, mujer, hijos, etc. Las personas que resistan estos tratamientos son, posteriormente, trasladadas a Cuatro Alamos, aunque en algunos casos son sencillamente abandonados en la calle. Una vez llegadas aquí, su detención es reconocida por el Ministerio del Interior. Lugar de incomunicación, Cuatro Alamos es utilizado como una especie de recuperación física del detenido, y para que atenúen sus señales de maltrato. Posteriormente, el detenido es trasladado a Tres Alamos, donde se le permiten visitas. Reconocida su detención por la autoridad, el detenido normalmente ya no corre peligro de desaparecer".

A fin de proteger aún más la práctica clandestina y terrorista, la cúpula militar promovió y dictó por parte de gobierno, una ley especial de amnistía, para dejar a cubierto a quienes hubiesen asesinado a civiles, torturado o realizado cualquier delito contemplado en la legislación formal chilena. Promulgada como una amnistía amplia hacia los dirigentes y militantes de izquierda, no existiendo delitos por parte de éstos, salvo sus identidades ideológicas, quedó claro, desde un primer momento, que el propósito de ella era proteger a los ejecutores de la represión terrorista, para dejarlos fuera de toda posibilidad de acción y sanción legal, incluso en los casos de virtual genocidio, como las masacres de Lonquén y Paine.

Verbigracia, en febrero de 1983, un juez militar de Concepción, el brigadier general Eduardo Ibañez, dejó sin causa judicial al personal del regimiento de Infantería de Montaña N° 17, y de Carabineros de la Segunda Comisaría de Mulchén, así como a nueve civiles colaboradores, acusados de secuestro y homicidio en perjuicio de 18 campesinos, hecho ocurrido en octubre de 1973, en una acción clandestina de esas fuerzas. Por esa vía, los ejecutores del Estado clandestino, quedaron libres de toda posibilidad de responder por sus actos genocidas.

La gravedad de las violaciones de los derechos humanos en Chile, llevó a las Naciones Unidas a crear una Comisión Especial para investigar la situación de esos en el país, hasta cuando se creyera necesario e indispensable, mandato que fue renovado año tras año, por resolución de la Asamblea General, al constatarse flagrantes violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por parte de la dictadura de Pinochet.

Por ejemplo, en octubre de 1983, la Comisión Allana, como se conocía aquella instancia ad hoc, informaba a la Asamblea General, lo siguiente: "La impresión que ha tenido constantemente el Grupo (ad hoc), en el transcurso de su trabajo, ha sido la de un contraste entre las declaraciones (del gobierno chileno) y los hechos, entre la fachada y la realidad. La fachada consiste en leyes cuya forma y contenido se han comentado prolijamente y en declaraciones de carácter general de personas o asociaciones que desempeñan algunas responsabilidades en el régimen actual. La normalidad de la vida cotidiana que, en el curso de visitas oficiales o privadas de corta duración, han podido observar en las calles de Santiago, los visitantes extranjeros, en una fachada. La realidad, desde el punto de vista de esta investigación, es la existencia de otro mundo – el mundo de los que apoyaron regímenes anteriores, de aquellos a quienes las autoridades consideran posibles enemigos, el de los detenidos, internados en campos, torturados, desaparecidos, encontrados muertos, o puestos en libertad sin una posibilidad real de obtener un trabajo con que ganarse la vida, el de los deportados de su país, sin autoriación para regresar y sin respeto alguno de la ley".

Detenciones de opositores y disidentes. 1979-1983.

FUENTE: Informe Diciembre 1983. Comisión Chilena de Derechos Humanos.

En resumen, la doctrina que caracterizará al modelo pionochetista, desde el punto de vista de su formulación militar, era un armado ideológico, que tuvo como objetivos la subordinación de la sociedad civil a un esquema de ocupación clandestino, de exterminio de un enemigo interno, dentro de cuya concepción la represión cruenta y encubierta constituía una metodología fundamental.