MILITARES CHILENOS. LA DELIBERANTE DECADA 1924-1933.

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7. El descontento militar.

 Los primeros síntomas de descontento se manifiestan en las filas del Ejército en 1907, vale decir 17 años antes del pronunciamiento y toma del poder por parte de los militares. Ello obedece, en su primer momento, a la frustración existente entre la oficialidad, por la imposibilidad de poder poner en ejecución los planes de reorganización del Ejército, y por la intranquilidad que motivaba la falta de fluidez en el sistema de ascensos y sueldos.

En 1906 se había realizado una reorganización, producto de los objetivos planteados por los instructores alemanes, que había contemplado la modificación del reglamento del Ejército, la reorganización de las unidades (conservando el mismo contingente), se estableció el sistema de Divisiones, se creó la Inspección General del Ejército - en el fondo, una jefatura política, quedando el Jefe de Estado Mayor como el jefe militar por excelencia - y las Inspecciones de Armas. Sin embargo, la aplicación del sistema de ascensos permaneció intocable.

El ideal militarista, y lo lógico desde el punto de vista profesional, era que los ascensos se fueran produciendo de acuerdo al mérito, lo que debía ser perfectamente reglamentado y legislado, cuestión que quedó pendiente, y que tuvo, al año siguiente, en 1907, su primera manifestación de descontento, cuando se advirtió la intranquilidad evidente de los oficiales mas jóvenes, lo que obligó al gobierno a tomar el problema en consideración. A ello se sumaba el problema de los sueldos bajos, generalmente pagados fuera de tiempo, y la carencia de seguridad social, lo que afectaba directamente al grupo familiar de cada militar.

Ese año se llevaron a cabo varias reuniones deliberativas, entre los oficiales de la guarnición de Santiago, promovidas por el teniente Renato Valdés, lo que provocó la directa intervención del general de división Fidel Urrutia, que impidió la extensión de aquellas reuniones haciendo uso de toda su capacidad de mando y su influencia en el gobierno, para obtener de éste promesas de solución, las que, a pesar de haber sido formuladas oficialmente, nunca se cumplieron. Se prometieron algunas mejoras económicas y una nueva ley de ascensos. Los proyectos quedaron en el Congreso Nacional, sin ser nunca puestos en tabla, ya sea por desidia o por una actitud premeditada.

Tres años después, en el Club Militar, comenzó a funcionar una secreta Liga Militar, encabezada por el comandante de ingenieros militares Arturo Barrios, con el fin de crear presiones hacia determinados sectores frente a los problemas de la oficialidad, lo que indujo a un descontento que tomó curso dos años mas tarde, cuando se "advirtió cierto acuerdo entre algunos militares y algunos civiles para echar abajo, no a un gobierno, sino a un régimen, régimen repudiado por la parte sana de la opinión pública, por la gente de orden y trabajo, que no podía mirar con indiferencia la indecorosa bacanal parlamentaria" (1).

La cuestión de la ley de ascensos, ley de sueldos, ley de retiros y montepíos, mejores y más elementos para un desempeño profesional eficiente, vale decir, aquello que venía siendo motivo de preocupación prioritaria de la oficialidad desde 1907, provocaron nuevas deliberaciones en 1919, justamente cuando el país enfrentaba la grave encrucijada social y económica de la post-guerra, y cuando el gobierno se encontraba en manos de una de las administraciones mas corruptas de la república parlamentaria, la del Presidente Sanfuentes.

En abril de ese año, llegaron al Palacio de La Moneda rumores sobre un complot militar en desarrollo. Sanfuentes ordenó un sumario e hizo apresar a dos generales - Guillermo Armstrong y Manuel Moore - y a un considerable número de oficiales, los que fueron sometidos a proceso. Estos formaban parte de una Liga de Salvación Nacional, que llegó a tener mas de 120 miembros, desde capitanes a generales, aún cuando el proceso estableció la culpabilidad de solo 33 implicados. El fiscal de la causa, general Hurtado, pretendió ligar ese movimiento con una conspiración encabezada por el entonces senador por Tarapacá Arturo Alessandri Palma, cuestión que quedó sin aclarar, aún cuando no hubo, derechamente, pruebas en ese sentido. Conviene, en todo caso, conocer la opinión de un importante alessandrista de la época, Alberto Cabero, quien señala en 1926, refiriéndose a ese complot, que "varios generales y jefes (…) habían instituido una junta para organizar, según ellos, un gobierno fuerte, y, en realidad, para dirigir al país con criterio miliciano" (2).

La oligarquía reaccionó violentamente contra la oficialidad comprometida, y el diario "El Mercurio" señaló al respecto: "Este conato de delito, porque es delito que miembros de la fuerza armada se permitan reunirse para deliberar sobre cuestiones públicas, siendo como es, conforme al mandato constitucional, la fuerza armada esencialmente obediente, y que dichas reuniones hayan podido tener en secreto, lo que lo agrava, va a ser enérgicamente castigado" (3)

Sin embargo, la paupérrima situación que afectaba a los militares, y que se agudizará luego de 1918, traerá otra consecuencia también importante: el desencanto ideológico. Incapacitada de ser una elite o una casta - según el sueño prusiano - debieron conformarse con un status incluso vilipendiado, donde no jugaban ningún papel relevante, salvo de ser los guardianes de la oligarquía en el poder. De esa relación sacaban provecho solo los oficiales generales, que, por prebendas y regalías se entregaban a los vaivenes del favor político, minando con ello el profesionalismo que la doctrina asimilada reclamaba en el cuerpo de la oficialidad joven, y el peso específico que se supone en la oficialidad superior se fue diluyendo, en tanto la juventud militar no vio en ellos a los conductores que necesitaba, sino solo jerarcas impuestos por un poder cuestionable y cuestionado.

Como la situación del país no mejoraba, pese a los recursos que originaba el salitre, que cotidianamente aumentaba el caudal de ganancias de las familias más ricas, la situación de los oficiales, en tanto clase media, vivía bordeando la pobreza. La única expectativa de mejora residía en el ascenso, pero, esto no era posible, a no ser que se consiguiera individualmente una recomendación de algún político influyente. El general Saenz (4)señala respecto a la ley de ascensos: "Si hubiera sido aplicada con espíritu de justicia, no habrían tenido por qué quejarse los oficiales. Desgraciadamente vivíamos bajo el régimen de los empeños (…). Una buena recomendación bastaba para anular la mejor hoja de servicios. Los oficiales que pertenecían a la alta sociedad tenían asegurada su carrera".

La corruptela permitía todo: destinaciones, ascensos, privilegios, viajes a Europa. Los favores políticos llegaban al extremo que, muchas veces, no era ni siquiera necesario haber tenido la formación profesional mínima para ascender. La política de camarillas actuaba en todos los nombramientos militares, incluso a nivel de los jefes de unidades y secciones. Enrique Monreal (5), coronel en 1924, en uno de los libros mas detallados de tales acontecimientos realizado por uno de sus protagonistas, da cuenta de la situación del generalato durante ese año. Los generales de división eran seis: Luis Altamirano, Nicolás Yavar, Luis Brieba, Alberto Herrera, Luis Contreras y Pedro Dartnell. De éstos solo Herrera había hecho cursos en la Academia de Guerra, y solo Contreras y Dartnell habían estado en la Escuela Militar. Los generales de brigada eran Mariano Navarrete, Guillermo Dublé, Marcos Iturriaga, Vicente Ramírez, Luis Cabrera, Enrique Quiroga, Benjamín Gutiérrez, Juan E. Ortíz, Juan Bennett y Jorge Lorca. Los generales Ramírez, Iturriaga, Gutiérrez, Cabrera y Bennett, habían cursado las dos instancias (Escuela Militar y Academia de Guerra), en tanto, Dublé y Lorca solo habían estado en la primera. El resto de los generales carecía de la formación y los requisitos profesionales para cumplir esa función, ya que habían accedido al generalato por haberse integrado al Ejército antes de las reformas de 1907, que reglamentaron el escalafón. A nivel de los 24 coroneles la situación era mas o menos parecida, puesto que los grados de generales y coroneles constituían un privilegio político para quien accedía a esas funciones, siendo los grados de mayor y teniente coronel, los límites más altos de alcanzar por mérito profesional, vale decir, por mérito se podía aspirar cuando mas a jefe de regimiento, con todas la relatividades del caso. El Ministro de Guerra y el Jefe del Ejército, generales Luis Brieba y Luis Altamirano, personeros de confianza del Presidente Alessandri, no habían hecho curso alguno en la Academia de Guerra ni eran egresados de la Escuela Militar, y su mérito estaba en sus estrechas vinculaciones familiares y sociales con la clase política. Esta será la causa de que, entre los años 1924 y 1925, producto de la acción de la Juventud Militar, debieron irse a retiro un total de 58 generales, y de que, solo algunos generales - Dartnell y Bennett - en su momento, contaron con la confianza de los oficiales inferiores al grado de teniente coronel.

Señala Arturo Ahumada (6), que después de 1906 "poco a poco fue decayendo el entusiasmo de la oficialidad, debido a que la política todo lo maleó; debido a la falta de recursos que no permitían renovar o modernizar el material de trabajo, ni disponer de lo indispensable para desarrollar una buena instrucción; el equipo y el vestuario se renovaban en forma irregular, maniobras era muy difícil realizar anualmente, los cuarteles sólo tenían el nombre de tales". Objetivamente, todo el sistema operativo de las Fuerzas Armadas estaba semi-paralizado por la carencia de recursos, lo que provocaba un impacto deplorable en el estado de ánimo profesional de aquellos oficiales que estaban embuidos del espíritu militar que les había insuflado el militarismo alemán.

Todos estos problemas estaban minando la estabilidad institucional del Ejército y del propio Estado. En 1922, un oficial que tuvo activa participación en los hechos de 1924, señalaba su desencanto frente al sistema de generación de las leyes y llamaba a establecer una directa injerencia de los militares en política para rectificar rumbos (7): "Los militares, - decía - encargados de velar por la seguridad interna y externa del país, deben contribuir con su palabra (…) a las tareas legislativas de la Nación, y es preciso que obtengan varios asientos en las Cámaras, a fin de que puedan orientar el criterio del gobierno en todas aquellas leyes que se refieren a la seguridad del Estado". Mas adelante agregaba abiertamente: "Chile es un país democrático, de absurdos matices de aristocracia, con pretensiones de jerarquías sociales incomprensibles, porque no corresponden ni a la tradición ni al talento, y donde unas cuantas familias enriquecidas en el agio o en las faenas agrícolas, han querido crear una parodia del histórico Versalles, alrededor de cultos palaciegos de la política y del gobierno". La opinión de este capitán era tan compartida por sus pares del Club Militar, que premiaron ese trabajo y lo publicaron, circulando entre la oficialidad de la guarnición de Santiago.

Cada día la prescindencia de los militares respecto de la contingencia estaba siendo minada por la crisis del país, y por la práctica de la clase política. A medida que los problemas nacionales se agudizaban, la oficialidad se iba haciendo mas receptiva a los problemas sociales y a tomar posiciones frente a la corruptela.

Por esta razón es que, al analizar el pronunciamiento de 1924, uno de sus protagonistas menciona como "causas verdaderas de la revolución (…) la dictadura parlamentaria, la falta de patriotismo de la mayor parte de los miembros del Congreso y la inmoralidad de muchos de ellos" (8). Siendo la oligarquía gobernante constituida por elementos de la clase terrateniente y de la burguesía, la crítica adquiría un trasfondo social que es necesario tener en cuenta, sobre todo cuando en la oficialidad se produce un absoluto desaliento al tener que cumplir con el trabajo sucio del Estado: la represión.

Desde 1900 hasta 1923, el Ejército había tenido que participar cruentamente en violentas represiones contra las huelgas obreras en Iquique (1907), en Punta Arenas (1920), en la Oficina Salitrera San Gregorio (1921), y otras movilizaciones sociales, con una alta cantidad de víctimas. Este aspecto específicamente fue considerado en los brotes de descontento militar de 1919, donde la liga secreta de oficiales se pronunció por reformas que evitasen las tareas de represión.

De la misma forma, era un trabajo sucio para los oficiales del Ejército, tener que cumplir la labor de delegados de gobierno en los cantones electorales, cuando se efectuaban los comicios para elección de autoridades, con el fin de "garantizar la limpieza del acto". En esos eventos, los oficiales asignados pasaban realmente a cumplir el papel de garantes del cohecho, tal como ocurrió, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1924, cuando el Ministro de Guerra, general Luis Brieba, dirigió personalmente la manipulación de los resultados electorales, a fin de dar mayoría en el Congreso Nacional a los partidarios del Presidente Arturo Alessandri.

Por las variaciones del péndulo político, sin embargo, la mayoría que el gobernante obtuvo en las elecciones, poco después se transformó en minoría, cuando un grupo de parlamentarios pro-alesandristas se pasó a la oposición. En un acto de venganza contra los militares por su participación en la intervención electoral de marzo, la oposición postergó premeditadamente la tramitación de las leyes que tenían que ver con el Ejército. Desde luego, ello hizo cundir la odiocidad de los militares hacia el Congreso Nacional y hacia el Ejecutivo, en tanto advertían una manipulación desde ambos sectores que consideraban imposible de seguir soportando.

Viendo lo que ocurría con ellos, vieron a su alrededor, y comprobaron que no solo ellos eran víctimas del estado de cosas vigente, sino que todo el país se debatía en una crisis que se profundizaba cada día, y que no se trataba de una simple crisis institucional, como era la percepción que predominaba ampliamente en los uniformados, creyendo ver que todo radicaba en el conflicto entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Será el propio Bartolomé Blanche quien expresará esa comprobación, al ser entrevistado sobre tales acontecimientos años mas tarde: "Una terrible desorganización administrativa venida de los gobiernos parlamentarios violentaba la crisis económica del país. Los empleados públicos (…) estaban impagos mas de seis meses. No se aprobaban los presupuestos de la Nación por el solo hecho de hacerle oposición al señor Alessandri, y todo el pueblo sentía las consecuencias de esta crisis nacional (…). Y en el Ejército lo pasábamos como franciscanos. Las Fuerzas Armadas sufríamos los mismo dolores cuando llegaba el fin de mes, y los oficiales y los suboficiales recibían los sueldos" (9)

En tanto los partidos políticos se desarticulaban, los poderes del Estado se enfrascaban en una sorda disputa y la corruptela carcomía las bases institucionales, la crisis económica avanzaba y se agudizaba. "En el desbarajuste general del país - señala Cabero (10) - solo quedaba en Chile una fuerza organizada y potente, la de las instituciones armadas. Ellas podían dominar en cualquier momento y lo hicieron".

Notas.

1 "Recuerdos de un soldado" Carlos Saenz. Biblioteca Ercilla, 1933. Santiago, Chile.

10 Ibid

Sebastián Jans ©