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EL DRAMA DEL HAMBRE.

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Uno de los flagelos que azota a la Humanidad, y que produce efectos de vastos y devastadores alcances, es el hambre. Más de 800 millones de personas sufren de desnutrición, de las cuales 300 millones son niños, cifras que se expresan mayoritariamente en África, Asia y América Latina. Las causas de las hambrunas están radicadas en la existencia de guerras, especialmente de naturaleza local, en las sequías y en otras catástrofes naturales, pero, también, de un modo esencial, por la carencias de desarrollo técnico y el uso inadecuado de los recursos naturales, derivados de la pobreza y la marginalidad.

Esto ocurre cuando prácticamente todos los gobiernos y organismos de la comunidad internacional, califican el hambre como una de las violaciones más execrables a los derechos humanos, en un mundo donde existen todas las potencialidades y posibilidades para resolver las causas que la originan. Pues, acabar con el hambre, es una tarea cuya solución está al alcance de las capacidades y disponibilidades de los gobiernos y los entes que tienen poder de gestión en el mundo, en la medida que se implementen políticas coordinadas y prioritarias, que busquen la solución de este drama humano.

En el contexto de los derechos humanos, la discusión sobre la seguridad alimentaria en los organismos internacionales, no ha escapado a los debates de los expertos, en torno a considerarlo efectivamente como un derecho. En algún sentido, para algunos, pesa el hecho de que definir como derecho aquello que necesita recursos para cumplirlo, constituye un factor de discusión. Por ello es que, para algunos, debe haber una distinción estricta entre la imposibilidad de alimentarse, debido a los impedimentos, que genera un determinado poder o condición creada por la acción de un grupo o gobierno, para poder proveerse de alimentos, o la imposibilidad de conseguir alimentos por condiciones de diverso origen natural.

Esto es importante para definir donde nace el derecho, y las obligaciones de todos los seres humanos por velar que este se ejerza. Se entiende que las personas tienen la obligación, antes que el derecho, a obtener su alimentación y la de quienes dependen directamente de su condición de proveedor. Pero, ello depende de las condiciones en que se ejerce esa obligación, y de las condiciones de conculcamiento que puedan verificarse, en los medios y las acciones para obtener alimentos.

Si hay un Estado, o un poder regular o irregular, de un grupo, o de individuos que impidan el ejercicio de las obligaciones de proveerse alimentos, se establece el derecho a la alimentación y la obligación de aquellos de intervenir para que este se cumpla. Es decir, frente a la acción de un conculcante, se establece el derecho del conculcado. Al respecto, la misma FAO ha recordado que, en lo que respecta a la realidad del mundo occidental, en la Carta Magna del año 1215, se establecía expresamente que nadie tendría que pagar multas o compensaciones, que privasen al deudor de sus medios de sustento. Al firmarse la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, el derecho a la alimentación quedó claramente reconocido y establecido para nuestro mundo contemporáneo. Hoy día, el derecho a la alimentación está garantizado en la Constitución de 20 países, y casi 150 países han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece obligaciones a sus signatarios de legislar a favor del derecho a una alimentación adecuada.

De este modo, se ha establecido el principio de que constituye una obligación de los que tienen o ejercen poder, garantizar una nutrición adecuada, cuando una persona está privada de contar con los medios para proveerse de sus alimentos, así como los necesarios para quienes dependan de él, y que estén incapacitados de auto-proveerse (niños y ancianos). De tal modo que, los Estados, las instituciones, las corporaciones, los propietarios, los poderes públicos o privados, los jefes de guerra, los caciques, en fin, todos quienes tienen poder y lo ejercen sobre una jurisdicción o comarca, son responsables de que las personas que se encuentren bajo sus prerrogativas, administración o decisiones, puedan acceder al derecho a proveerse de alimentos.

Así como el jefe de un campo de prisioneros debe alimentar a quienes están privados de libertad, bajo su mando, y, en consecuencia, privados de ejercer el derecho a proveerse de alimentos por sus propios medios; de la misma forma, un Estado o un poder público o privado, tiene la obligación de proveer alimentos a quienes están bajo su ámbito físico de influencia o jurisdicción, y que no pueden ejercer sus capacidades de conseguir su nutrición.

Quien prive a personas o grupos humanos del derecho a la alimentación, por lo tanto, comete una violación a los derechos humanos, y comete delito de lesa humanidad. Esta violación puede ser ejercida no solo por un Estado, sino por un señor de la guerra, por una corporación, por un gobernante, por un propietario, o por grupos de poder de cualquier naturaleza.

La vigilancia del cumplimiento de este derecho, corresponde localmente al gobernante, o a quien ejerza jurisdicción política, militar y/o económica, sobre un territorio. Extensivamente, a quienes tienen influencia política, militar y/o económica, según la magnitud de su poder, sobre otros Estados, o territorios. De este modo, como todos los derechos humanos, el derecho a la alimentación se convierte en una responsabilidad de toda la Humanidad, pero, no en términos genéricos, sino en quienes tienen poder o capacidad de ejercer poder.

En el contexto de lo expresado, la comunidad internacional, ante la comprobación dramática de las cifras señaladas al principio, realizó, por medio de la  FAO, en 1996, la Cumbre Mundial sobre Alimentación. Entre los acuerdos de los participantes, se estableció como meta reducir a la mitad, hacia el año 2015, la cifra de personas que sufren de hambre. Para hacerlo efectivo, se consideró fundamental contar con una voluntad política decidida, especialmente de parte de los gobiernos de los países ricos, para allegar recursos financieros suficientes, entendiendo que no se trata solo de ayuda solidaria, sino también de inversión que potencie las economías de aquellas regiones más afectadas por el hambre.

Los compromisos de la Cumbre de 1996, buscaban una disminución anual de 22 millones, en la cifra global de desnutridos, sin embargo, eventos de seguimiento posteriores, reconocen solo una disminución de 6 millones anuales. Tales logros son ínfimos considerando que, hacia el año 2015, la población mundial ascenderá a 7.000 millones de personas, lo que significa que, deberá producirse alimentos suficientes para  1.000 millones de personas más. Sobre la base de las tendencias actuales, caracterizadas por el desarrollo de las economías locales, se supone que, de esa cifra mundial, más del 75 % vivirá en condiciones precarias, mientras el 25% restante vivirá en el bienestar y la opulencia.

Sobre la base de lo expresado, respecto de las obligaciones que emanan respecto al flagelo del hambre, prever el cumplimiento del derecho a la alimentación a escala planetaria, no es solo responsabilidad de los Estados, sino también, de un modo ascendente, de quienes tienen los medios para generar condiciones económicas favorables para que los individuos puedan obtener los medios para su alimentación.

Es un hecho que en el mundo actual, hay políticas de mercado, aspectos arancelarios, distorsiones comerciales, que impiden el desarrollo de la agricultura. Es un hecho que hoy existen los medios tecnológicos y el conocimiento humano suficiente para lograr una producción alimentaria suficiente para erradicar el hambre a escala planetaria. Los organismos internacionales saben como luchar contra el hambre.

Sin embargo, son las decisiones de los gobiernos y los intereses de mercado, los que constituyen la valla insalvable. Ello, a pesar de que en términos de inversión, incorporar a las masas hambrientas al consumo, puede convertirse en un enorme negocio para todos los agentes económicos. La transferencia de tecnologías de bajo costo, el acceso al crédito, una política agresiva en términos de inversión, pueden ser las herramientas más eficaces, para reducir la ayuda solidaria, y acrecentar las posibilidades de beneficio económico, tanto para los afectados por el hambre como para los gobiernos, y especialmente para las corporaciones. Sin embargo, la constatación patética es que, entre 1990 y 2000, la ayuda a los países pobres, así como los empréstitos financieros internacionales, orientados a la agricultura, se redujo en un 50%.

En los hechos, la lucha contra el hambre, es rentable, pero, las distorsiones de mercado, que son inducidas por quienes obtienen enormes ventajas económicas sobre la base las desigualdades y de la indiferencia, coartan que la agricultura se convierta, no solo en el medio de proveer de recursos alimentarios para paliar el hambre, sino también en el medio de dar trabajo a los millones de desnutridos de los países pobres.

Luego, de la Cumbre de 1996, el hecho político que da cuenta de este flagelo como un problema fundamental para la agenda de la comunidad internacional, lo constituye la propuesta del Presidente Lula, de Brasil, quien ha llamado a formar un frente político que busque y lidere soluciones concretas para superar el hambre en los países atrasados, y que ha tenido el respaldo activo de los Presidentes Chirac (Francia), Lagos (Chile) y Rodriguez Zapatero (jefe de gobierno español), junto al Secretario General de Naciones Unidas.

Sin embargo, es de vital importancia que los foros de los países ricos y de las corporaciones económicas, asuman el problema como parte importante de sus agendas, buscando soluciones reales y de pronta implementación, a fin de impedir el hambre, en lo principal, y, por su propio interés, buscar condiciones de mayor estabilidad internacional, porque, objetivamente, las hambrunas y la marginalidad, son medios que favorecen la desesperación, las migraciones ilegales, el terrorismo, las enfermedades, etc. Ello, cuando existen en los países ricos y en el mundo de la opulencia, recursos suficientes para movilizar, para invertir, y para estimular la agricultura y la incorporación de millones de seres humanos, a los beneficios que entrega la tecnología, la ciencia y el conocimiento humano.