En las últimas semanas, las redes de Iniciativa Laicista para la Consolidación de la Sociedad Civil, han realizado una difusión de conceptos e informaciones sobre la despenalización del aborto en Chile, considerando los consensos internacionales que se han ido produciendo respecto a este significativo problema sanitario, que divide valóricamente a diversas sociedades, cuando se imponen criterios subjetivos por sobre los aspectos que los Estados deben contemplar en la aplicación de políticas de salud válidas para las distintas opciones de conciencia existentes en su realidad social y cultural.

Introducirse en los debates que enfrentan distintas sociedades, donde se han conformado espacios de libertad valórica para tratar las cuestiones que afectan a las personas por sobre dimensiones absolutas, puede causar perplejidad la enorme animosidad que tiende a la ruin tipificación como argumento principal, por parte de aquellos que se oponen valóricamente a la despenalización del aborto, constante expresada en todos los países donde se ha planteado esa posibilidad.

Por parte de quienes insisten en la criminalización del aborto, no se advierte una apertura democrática a sostener debates, ni ha considerar las variables que dicen relación con la concepción no deseada. Por un lado, cierran toda posibilidad a que las instancias legislativas abran debate, y cuando no pueden impedirlo simplemente asumen como argumento la descalificación. En ese ámbito descalificador, incluso se advierte un abierto fascismo valórico, no solo en los contenidos sino en la forma de enfrentar los debates, donde se busca derechamente la destrucción ética de quienes tienen una mirada contrapuesta.

He recorrido muchas fuentes de las organizaciones pro-criminalización del aborto, y aterra ver la difusión de imágenes – especialmente  en Internet – a que se recurre para “hacer conciencia”, las cuales me llevan derechamente a dudar sobre la sanidad mental de quienes las construyen y las difunden, propias de claustrofobias valóricas rabiosas, expresiones inequívocas de un encierro moral autístico, donde no hay diálogo ni capacidad de enfrentar el sano debate de las ideas.  Me parece enfermizo usar imágenes trucadas de tal calibre, para enfrentar un problema de salud, un problema médico, buscando la compulsión antes que la convicción racional de quienes son objeto de tales campañas.

Es la misma manida compulsión que se usó contra los primeros cirujanos de la historia, o contra personas que fueron condenadas y satanizadas por sufrir patologías que fueron catalogadas de satánicas. Recordemos por ejemplo la lapidación de los leprosos, de hace algunos siglos, o las acusaciones de brujería que terminaban en la hoguera, a través de la estimulación de la ignorancia y la perversidad gregaria.

A quienes promueven la conveniencia de despenalizar el aborto se les tilda de “abortistas”, de “promover el abortismo” – es decir, una supuesta doctrina que estimula la promoción del aborto -, de permitir el “asesinato de niños no natos”, etc. Se les hace aparecer vinculados a una doctrina vinculada a la muerte y contrarios a la vida, asociada a una conducta mutiladora e inmisericorde.

La burda manipulación emocional trata de mostrar que las personas que reflexivamente aconsejan y promueven la despenalización del aborto, son hombres y mujeres que no tienen sólidos principios éticos, que no han vibrado la emoción de un embarazo de una novia, de una hermana, de una esposa, de una hija, de una nieta, y que son asesinos de seres indefensos.

Sin embargo, quienes han abierto el debate sobre la despenalización del aborto, son personas que tienen familia y que comparten el valor auspiciante de un embarazo de alguien de su entorno afectivo o relacional. Son personas que han vibrado con la belleza de un recién nacido en los brazos, con el ver crecer a los niños y vivir cada una de sus etapas, desde aquella primera en que, en el vientre materno, se advierten los primeros movimientos de una vida en gestación.

Son personas que, en el contexto del reconocimiento de una natalidad auspiciosa, con la prometedora esperanza que ella conlleva, sin embargo, han tenido la oportunidad de reflexionar sobre la realidad que arrojan determinados existires humanos, para los cuales la concepción se transforma en un trauma dramático. Hay miles de personas - que por situaciones perfectamente calificables, y otras que no solo son tanto, pero que merecen ser consideradas como propias de la falibilidad humana -, para las cuales una concepción no deseada las arrastra a situaciones límites, tanto en lo físico como en lo psicológico.

Efectivamente, a pesar de todos los argumentos que pueden esgrimirse, un importante número de mujeres terminará recurriendo al aborto inducido para interrumpir la concepción, y algunas de ellas derechamente para poner fin al embarazo. Se trata de  personas que no vislumbran un futuro, que enfrentan angustias, que carecen de alternativas coherentes para ese momento particular, que sienten pánico e inseguridad.

Frente a la ruindad de la descalificación fácil y artera, quienes promueven la despenalización del aborto, optan por la caridad frente a la aflicción de quienes son incapaces de encontrar una salida ante una concepción no deseada, optan por responder con la forma civilizada del debate de las ideas, con la exposición racional de los argumentos, buscando construir el consenso social que permita establecer una convención que descansa precisamente en el amor a la Humanidad: que si una mujer enfrenta una concepción no deseada, pueda acceder a los sistemas de salud y ser tratada por médicos idóneos para cumplir con su determinación, y no dejarla expuesta a la criminalización y a la crimiminalidad.

Ojalá que los abortos legalizados a través de los sistemas de salud ocurran lo menos posible, pero ello ya no debiera ser materia de los tribunales del crimen, sino de quienes están llamados a establecer los fortalezas morales de una sociedad, y que en esa materia, como en muchas otras, han fracasado estrepitosamente, básicamente porque se fundan en la represión moral antes que en la promoción de la racionalidad y el bien común.

Esto es fundamental, ya que entre quienes sostienen la criminalización del aborto y quienes promueven su despenalización,  está ese tercer actor en este debate, al que no se le permite adquirir opinión válida: las mujeres que recurren al aborto para poner fin a una concepción no deseada. No son arpías, ni brujas medioevales, ni monstruos, ni asesinas. Son hijas, hermanas, madres, esposas, mujeres pobres en muchos casos, que son parte de nuestra cotidianidad. Muchas veces han sido concebidas en circunstancias azarosas, en situaciones de extrema imprevisión, o en los márgenes de cualquier voluntad.

El miedo a las alternativas de un futuro embarazo, cuando se comprueba la fertilización, es una realidad que afecta a muchas mujeres. Algunas logran superarlo y otras se ven enfrentadas al sufrimiento de soportar una situación indeseada. Ese sufrimiento deviene de muchas variables, propias de la realidad que enfrenta cada mujer (afectivas, económicas, sociales, familiares, etc.), muchas de las cuales tienen un impacto psicológico devastador.

El sufrimiento es un fenómeno humano que escapa a las lógicas, al sentido común, a la ley, a los consensos, a las buenas intensiones, a los valores, a las concepciones filosóficas, y a todo argumento. Para algunos, el sufrimiento tiene alcances redentivos; para otros es una desgracia insostenible. Ambas reacciones frente al sufrimiento están en los ámbitos de los valores y creencias de cada cual.

Pero, más allá de las opciones de cada cual en el ámbito de las alternativas de conciencia para enfrentar el sufrimiento, existe la ciencia médica y los sistemas de salud. Radicar el sufrimiento de una concepción indeseada, en la ciencia médica y en los sistemas de salud de una nación, es lo más civilizado, decente y pertinente que puede ocurrir. Radicar la decisión de una mujer, en torno a una fertilización que no desea, en la criminalización y en la cárcel, es un acto de brutalidad, ceguera y autoritarismo, que solo las pretensiones valóricas hegemonistas buscan siempre imponer.

Y en lo que se refiere a los derechos de conciencia, cuestión fundamental para Iniciativa Laicista, los valores pueden ser compartidos pero nunca impuestos.

Una de las cuestiones que tiende a ser soslayada, cuando se abre debate sobre el aborto, y que se pierde en la lógica de quienes quieren imponer valores obligados a quienes piensan distinto, es que los seres humanos somos seres sexuados, y que el coito no solo tiene propósitos reproductivos, sino que es una actividad relacionada directamente con la búsqueda del placer, con la perspectiva motivacional de la felicidad, inherente a cada persona, a cada individuo humano.

De hecho, en los países occidentales, de cada 10 personas que tienen cópulas sexuales más de 9 están motivadas exclusivamente con intenciones de placer. Mucho menos de 1 de cada 10, lo hacen con fines reproductivos. Dependiendo de la diversidad posible que deviene de factores culturales, valóricos, sociales, etc. una persona sexualmente activa practica coito con fines reproductivos en no más de un 1 %  de oportunidades en su vida.

La vida sexual de las personas de nuestra sociedad, más allá de las influencias religiosas o de las campañas contra el SIDA que aconsejan abstinencia, tienen una práctica sexual orientada a la búsqueda del placer. Parte importante de esa actividad sexual no ocurre dentro de parejas ligadas por lazos afectivos o emocionales, y un porcentaje importante tiene una connotación casuística, entre personas que no están considerando establecer lazos perdurables.

Para algunos, lo que ocurre hoy en la práctica sexual de un alto porcentaje de personas podrá tener caracteres promiscuos. Hay planteamientos en cuanto a que el placer puede ser una obscenidad o un objetivo perverso, e incluso incompatible con la aspiración supra-terrenal. Hay teólogos que consideran el dolor y el sufrimiento como un medio para alcanzar el goce celestial. Sin embargo, esas percepciones son categoría valóricas o vinculadas a la fe particular de cada cual, que tienen un alcance para quienes sustentan determinados valores o creencias. Frente a ello, lo civilizado es que ninguna ley puede sancionar las conductas sexuales ejercidas voluntariamente, por personas calificadas con el debido discernimiento y con derechos legales para actuar libremente según su conciencia.

Hay personas que por prejuicios sociales consideran que los más pobres son más promiscuos sexualmente, pero ello tiene una connotación efectivamente clasista, ya que el coito desafectado, es decir, el que busca solo el placer individual, no aquel que tiene un entorno afectivo, es tan habitual entre los más pudientes como entre los más desposeídos. Lo señalo porque los pertinaces criminalizadores del aborto, que están generalmente en los estratos sociales más pudientes, consideran que la práctica de la interrupción de la concepción entre los más pobres está relacionada con la promiscuidad en sus conductas sexuales.

Las conductas sexuales de las personas son un espacio privativo y exclusivo de su libertad, dentro del contexto de su capacidad de discernimiento y del atributo de la mayoría de edad, espacio donde también se constata el acierto y la falibilidad consustancial de lo humano. El viejo adagio del errar es humano, no está ausente en modo alguno de esta actividad humana que tiene todas las vicisitudes y eventualidades del transcurrir cotidiano, más aún cuando no se tienen los medios o cuando la imprevisión y la falta de experiencia terminan por pasar la cuenta.

Entonces, si como consecuencia de una práctica sexual con propósitos placenteros, en el ámbito del legítimo derecho a la felicidad – permanente u ocasional -, se produce una concepción no deseada, es derecho de la mujer, depositaria del proceso de fertilización, decidir su continuidad. Desde el punto de vista de una lógica humanista, si la ley no contempla una eventualidad humana de este tipo, no es una ley justa, sino que es una ley arbitraria, anclada en cuestiones que escapan al objetivo humano de la justicia. Aún más, el no haber un espacio dentro de la ley para tal eventualidad humana, constituye una violación a los derechos individuales.

Más injusta y arbitraria., aún, lo es cuando se ha producido una acción que deviene de la otra orilla de la práctica sexual, la que no tiene la convergencia voluntaria de la búsqueda del placer. Esto es cuando la práctica sexual constituye un medio de agresión, trayendo como consecuencia una concepción absolutamente no deseable por parte de la víctima. Según la Corporación Humanas, en Chile, un 7% de las mujeres mayores de 18 años, sufre agresiones sexuales. En este caso, la obligación de sostener una concepción no deseada constituye una acción brutal del sistema legal, que viene a ser solidaria no con la víctima sino con el agresor.

¿No es decente, civilizado y humano, que una mujer resuelva según su conciencia que es lo más adecuado respecto de la continuidad o interrupción de una consecuencia de un acto abominable?

Podrá haber muchas personas muy bien inspiradas para ofrecerle diversas soluciones a las mujeres que producto de un acto de agresión sexual son fertilizadas, con el objeto de mantener su concepción, pero nunca dejará de haber una víctima que considerará que no tiene por que sostener un embarazo deveniente de la inseminación de su agresor. Y basta que una mujer, dentro de un millón de mujeres, enfrente esa situación y tenga la decisión de terminar una concepción no deseada, para que una ley civilizada considere su derecho al aborto. Pero la realidad muestra que, dentro de cada millón de mujeres, en nuestro país la concepción a causa de violaciones es una realidad de indeseable frecuencia.

Eliminar la ley que criminaliza el aborto es entonces una cuestión de sensibilidad social, de solidaridad humana, de comprensión frente a la falibilidad, de madurez ética, que merece ser incorporada y priorizada en el debate legislativo de nuestro país.

Tercera consideración: Una realidad social, económica y sanitaria que pretende ser ignorada.

En Chile la práctica del aborto es una realidad que pretende ser ignorada o acallada. De hecho, para especialistas en políticas de salud es uno de los países occidentales con los más altos índices, en circunstancias que es uno de los países más conservadores desde el punto de vista valórico.

Seguir ocultando o acallando lo que está en los antecedentes que manejan los organismos de salud, es seguir tratando de manipular valóricamente algo que tiene un alcance primeramente sanitario. En esto no debemos equivocarnos: las políticas de salud deben primar por sobre cualquier alcance valórico, por lo menos, es lo que se desprende de todo diseño político y jurídico pensado en el bien común.

El bien común no estuvo presente en los oficiales de la Armada que redactaron la llamada “Ley Merino” de 1989 – dos capitanes y un auditor naval -, que puso fin a la práctica del llamado “aborto terapéutico” en Chile, en cuyo texto se establecería que: “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”, sin llegar a definir lo se entiende por aborto. Lo que allí primó fue una concepción religiosa autoritaria y clasista, que estaba destinada objetivamente a castigar a las mujeres más pobres y al margen de las oportunidades médicas que tienen las mujeres con más recursos. Lo que deviene de la aplicación de esa ley, está relacionado con las desigualdades y con el trato discriminatorio que determinadas leyes imponen en el tratamiento médico de las personas.

Ese trato discriminatorio tiene que ver con las oportunidades que otorga un medio social y económico específico: aquellos que son más pudientes no solo poseen los recursos para ser abortadas bajo distintos subterfugios, sino que cuentan con las oportunidades de educación y apoyos médicos para evitar una gestación no deseada.

Pero pensar que la práctica del aborto solo tiene una connotación socio-económica específica es un error. No son solo las mujeres pobres las que recurren al aborto, aún cuando en ese nivel se produce la mayor cantidad de abortos rojos. Las mujeres que recurren al aborto para resolver la inviabilidad de un embarazo tienen múltiples causalidades que escapan a lo estrictamente socio-económico.

Para toda mujer, un embarazo tiene efectos trascendentes en su vida, para bien o para mal. No hay ningún embarazo que no tenga algún efecto significativo: para unas será un resultado feliz, estimulante, de realización personal. Pero también hay otras mujeres, para las cuales un embarazo puede constituir un evento tremendamente infeliz. La casuística puede ser interminable para explicar por que ello ocurre.

Muchas de ellas se adaptan a la realidad de un embarazo no deseado, pero hay otras que no están dispuestas a sufrir los efectos que de ello se desprenden. Muchas ven el embarazo como una desgracia, que afecta brutalmente sus vidas. Nadie puede constituirse en juez moral de las razones que le llevan a esa percepción. A pesar de sus adscripciones religiosas, de las eventuales consejerías, de los apoyos psicológicos disponibles, del entorno valórico en que se ha desarrollado personalmente, esas mujeres llegan a esa conclusión dolorosa. Muchas de ellas tienen un alto compromiso religioso, y pertenecen a comunidades religiosas, con distintos grados de adhesión. Se podrá decir que deben pensar en el hijo que están gestando, pero ellas aún así prefieren privilegiar su vida, su realidad. Se podrá poner en duda su fidelidad religiosa, pero las razones de su existir parecen pesar más significativamente.

Teniendo como referencia las variables que se advierten en la realidad chilena, frente a la presencia del embarazo no deseado, un importante porcentaje de interrupciones de la concepción cabe en lo que podríamos llamar el aborto blanco. Es aquel que se practica mediante subterfugios médicos en los niveles socioeconómicos más solventes. Subterfugios a que son obligados los médicos por la “ley Merino”. Se practica sobre la base de relaciones de confianza a través de medios farmacológicos – el más usado -, e incluso a través de manipulación directa en el quirófano, escondiéndose a través denominaciones médicas de diverso tipo, pero que, en los hechos, constituyen una interrupción de la concepción y, en no pocos casos, del embarazo, entendiendo que este es cuando ya se establece la viabilidad fetal,  es decir, sobre las 22 semanas.

Una denuncia maliciosa podría poner al margen de la ley a diversas instituciones y médicos, en la medida que se quiera hacer una interpretación rigurosa de los preceptos legales vigentes. Felizmente ha primado el sentido común y no hemos tenido que enfrentar situaciones de ese tipo, que podría afectar a pacientes y tratantes, lo cual sería doloroso para muchas personas bien intencionadas, en la primera o segunda calidad.

En la otra orilla se encuentra el aborto rojo, que lo denominamos de tal modo por tener estricta relación con la evidencia ilegal, y que, obviamente, tiene efectos policiales. Es el que se realiza en clínicas clandestinas, por ejecutantes inescrupulosos, o cuando ocurre que la práctica del aborto blanco trae consecuencias médicas inesperadas, que obligan a quien ha sido objeto de la intervención a recurrir a un servicio de salud para salvar su vida. Felizmente, la conducta misericordiosa de muchos médicos de servicios de urgencia, han impedido que un significativo número de mujeres pobres en ese transe, hayan sido puestas en los márgenes de la ley al enfrentar una situación tan personalísima.

Hace diez años, según informes policiales, el aborto clandestino reportaba 52 mil millones de pesos al año. Estudios de diversas organizaciones femeninas,  señalan que más de la mitad de las mujeres que fueron denunciadas por realizarse un aborto, y que fueron procesadas, tenían ya hijos, y más o menos el mismo porcentaje eran empleadas domésticas. ¿Cuál es el factor que primó en tales casos? El miedo a perder el empleo o la imposibilidad de darle garantías de vida adecuadas a un nuevo hijo, o simplemente el temor de deteriorar las posibilidades de los hijos existentes.

Es un hecho que el aumento de los abortos en el mundo está directamente relacionado con el deterioro de las condiciones y alcances de los ciclos económicos. Cuando hablamos de ciclos económicos, tenemos que reconocer dos perspectivas: el ciclo económico de los países y el ciclo económico de las personas. Hay momentos en que las cosas se ven bien, hay optimismo y seguridad, así como hay momentos de pesimismo e inseguridad. Este último factor es determinante en el aumento del aborto en muchos países. Cuando sobrevienen crisis económicas – personales o nacionales – claramente aumenta el aborto rojo en los países donde hay una penalización estricta, más que en aquellos donde la penalización es solo para situaciones extremas.

Sabemos que las crisis de los países producen desempleo, inseguridad, reducción de las disponibilidades económicas, imposibilidad de financiar métodos anticonceptivos, así como imposibilidad de vislumbrar condiciones adecuadas a los hijos en plazos inmediatos y mediatos, lo cual obliga a buscar la forma de abortar. De tal modo que, en la actual crisis, muchas mujeres jóvenes, profesionales con peligro de perder su empleo o que ya lo perdieron, y mujeres pobres con ingresos de sobre vivencia, recurrirán a alguna forma de aborto.