Tsunami

Los recientes archivos, por parte de un juez de la Audiencia Nacional, de dos casos que la Fiscalía Anticorrupción llevaba investigando varios años, el de Abengoa (por la venta del 3% de Xfera) y el de las cuentas secretas de BBV, han abierto una profunda crisis en la judicatura. El argumento para dar carpetazo a ambos asuntos es que no hay denuncia de ningún afectado y, por tanto, no consta que en la conducta de los directivos haya habido perjuicio para las empresas.

Pero con esa interpretación se elimina de un plumazo el artículo 295 del Código Penal, que dice textualmente que en los delitos societarios no será precisa la denuncia de la persona agraviada cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

¿Se puede considerar que en empresas como BBV y Abengoa, compuesta por miles de pequeños accionistas, existe “una pluralidad de personas”? La respuesta es sí. ¿Y quién defiende los intereses de todos ellos? ¿Cómo pueden enterarse y demostrar que los directivos no están administrando lealmente la compañía?

Si se ata a la Fiscalía Anticorrupción de pies y manos, negando legitimidad al fiscal para defender los intereses de los accionistas minoritarios de las grandes compañías y no se le permite investigar presuntos delitos societarios, ¿qué les queda? ¿quién defenderá sus intereses?

Muchos penalistas andan estos días escandalizados. Con los precedentes de Abengoa y BBV, se ha abierto un peligroso camino en el que cualquier caso puede ser archivado argumentando la misma razón: que los accionistas no han denunciado.

¿Pero alguien se cree que los pequeños inversores serían capaces de acceder a las actas de los Consejos de Administración, documentos confidenciales, contratos, informes, cartas, correos, cuentas secretas, y demás pruebas para demostrar el delito?
Sin decirlo en voz alta, algunos de los juristas que han defendido a los acusados, entre ellos Horacio Oliva, saben que el camino que se ha abierto es una locura. Esperemos que en la Audiencia Nacional haya algún juez con la razón suficiente como para volver a restablecer el Código Penal.

Cristina Caballero

El comportamiento de Joaquín Abajo Quintana, el miércoles, ante el juez Pedraz, fue impecable. Si algo hay que reconocerle al ex secretario del Consejo de Administración de Afinsa es que sabe declarar en un interrogatorio.

Sin perder en ningún momento su sonrisa templada, según certifican algunos de los abogados que estuvieron presentes en la declaracion, Abajo Quintana intentó desvincularse en todo momento de su implicación en la presunta estafa. Negó todas las afirmaciones del fiscal, aduciendo su falta de memoria.

No se acordó de que él mismo redactó un informe para rehacer las cuentas de 2004 tras detectarse la mercancía falsa del proveedor Guijarro Lázaro; tampoco recordó que el Consejo de Administración aprobó la compra del catálogo estadounidense Brookman, para controlar los precios; no supo acodarse si había un departamento en la empresa que valorara y catalogara la filatelia… Abajo Quintana llegó al extremo de contestar “No soy filatélico” cuando el fiscal le preguntó si le parecía relevante la calidad de la filatelia en una empresa como Afinsa.

Es cierto, no era un experto en sellos, sino un abogado del Estado, letrado jefe del Ministerio de la Presidencia bajo el último Gobierno de Felipe González, pero a tan destacado miembro de la dirección de Afinsa se le presupone un cierto grado de conocimiento de la actividad que llevaba a cabo la compañía: esto es, vender sellos con unas revaloraciones superiores a las que ofrecían los bancos.

La declaración de Joaquín Abajo, que continuará mañana viernes, se cortó justo en lo más interesante: por qué los contratos, que fueron redactados por él mismo, incluían términos financieros tales como inversores, ahorro, revalorización, intereses… ¿Era para atraer clientela bajo el engaño de una presunta actividad financiera?

El viernes conoceremos la contestación de Abajo Quintana. Quizás ya no tenga tantas ganas de sonreír.

Cristina Caballero