OBISPO DE PUNO IMPLICADO EN COMPLOT

Escribe: ROGER LIMACHI CONDORI

La fiscal provincial, de la capital de la república, Martha Salinas Zavala mediante documento Nº 377-2001 denunció ante el Poder Judicial al obispo de Puno Pedro Jorge Carrión Pavlich y otros por su probable participación en la fabricación de TRES cartas falsas enviadas al Vaticano con las que se ambicionaba destruir la persona y decencia del cardenal Juan Luis Cipriani.

La denuncia consta en mas de 300 páginas y fue presentada por la 27 fiscalía provincial penal de Lima ante la mesa de partes del Palacio de Justicia de Lima.

A pesar a la reserva del caso, se ha conocido que la fiscal encontró como principales responsables de la falsificación de documentos contra el arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani, al obispo de Puno Jorge Carrión Pavlich y al ex asesor eclesiástico Augusto Dammert León.

DESTRUIR AL CARDENAL

Según el documento de la fiscalía el obispo Jorge Carrión Pavlich habría sido la persona que entregó las cartas falsas al entonces ministro de Justicia Fernando Olivera Vega, líder del FIM, quien descartó verificar su autenticidad antes de llevarlas al Vaticano para incriminar al Cardenal Cipriani. Por otro lado, Dammert León es acusado de ser el vínculo entre Fernando Olivera y el obispo de Puno Jorge Carrión para ejecutar el complot contra monseñor Cipriani.

Además del obispo de Puno Pedro Jorge Carrión Pavlich, la fiscal provincial Martha Salinas ha denunciado penalmente al obispo Luis Bambarén Gastelumendi, el ex asesor del Ministerio de Justicia, Augusto Dammert León y el empleado de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Juan Rojas Saavedra, por delitos contra la fe pública, falsificación de documentos en general en agravio del cardenal Juan Luis Cipriani, el nuncio apostólico Rino Passigato y el Estado peruano.

Según las investigaciones, obispo de Puno Carrión Pavlich, Juan Rojas Saavedra y Augusto Dammert León sostenían una íntima amistad y se reunían con frecuencia, de tal forma que el obis-po de Puno, recomendó a Juan Rojas Saavedra para que ser contratado por la CEP.

Rojas Saavedra era el único empleado que se quedaba, por esos días, hasta altas horas de la noche en el local de la CEP, y que en esas condiciones era acompañado por Dammert y el obispo de Puno Carrión, cuando viajaba frecuentemente a Lima.

La denuncia afirma que existen suficientes pistas de que Carrión, Rojas y Dammert idearon, plani-ficaron y ejecutaron la elaboración de las cartas falsas y lo utilizaron "en el tráfico jurídico, aprove-chando que se encontraban vinculados a la CEP". El fotomontaje de las cartas falsas se habría efectuado por la noche en oficinas de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones de la CEP, condiciones que les habría permitido "apoderarse de cartas originales del archivero para falsificar las firmas de Cipriani y Passigatto".

El empleado Juan Rojas Saavedra alardeaba de que "tenía pruebas para hundir al Cardenal". La fiscal Salinas ha determinado que los tres tuvieron en su poder inicialmente ejemplares de las car-tas falsas, situación que ellos mismos admitieron en sus declaraciones ante su despacho.

AMBICIONES Y ALGO MÁS

La denuncia refiere que el motivo para la fabricación de las cartas falsas habría buscado relacionar falsamente al Cardenal Cipriani y Passigatto con actos de corrupción que los vinculen al gobierno del ex presidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos "para lograr una sanción de la Santa Sede que conlleve a la destitución de los prelados de sus cargos de Cardenal y nuncio apostólico".

En opinión de la fiscalía la destitución del cardenal Cipriani habría beneficiado a miembros del clero que tenían ambiciones ocupar el cargo.
Las cartas falsas fueron entregadas en las oficinas del Ministerio de Justicia, donde estaban pre-sentes además el viceministro Pedro Cateriano y el TESORERO del FIM Gonzalo Carriquiry, quién confirmó la reunión ante la fiscal Martha Salinas.

En poder judicial tiene un plazo de quince días para determinar si abre proceso contra los involu-crados con mandato de comparecencia o detención. 10 años de prisión es la máxima pena que contempla el artículo 427° del Código Penal para quienes cometen el delito de falsificación de do-cumentos en general.