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Es evidente a cualquiera que la política y el consumo se hacen hoy en y para la televisión (lógico desde el momento que se trata del terminal de una red de relaciones directas donde no hacen falta intermediarios) pero dicha constatación es sólo una evidencia a primer nivel. El efecto es mucho más amplio. Vivimos un estadio político donde han cambiado los fundamentos mismos de la democracia, a saber, la legitimización del poder y la justificación del poder. En los principios de una sociedad parlamentaria y democrática enunciados por Aristóteles y consagrados por Montesquieu y los padres del liberalismo, esta legitimización y justificación arranca del individuo como fuente del poder y se plasma en la elección de representantes que personifican en consecuencia los intereses y voluntades de la mayoría y ejercen en su nombre el poder dividido como fórmula de control entre el gobierno, el parlamento y la justicia.

Pero ¿qué representación y por tanto qué poder puede tener un parlamentario o un gobierno frente a un periodista, conductor de programas o grupo mediático que diariamente se somete a la aquiescencia de sus seguidores y diariamente recibe mediante la audiencia o mejor aún mediante sondeos y encuestas, la opinión mutante de la calle y puede con ello actualizar tales intereses y voluntades de esa mayoría?  ¿Quién está más legitimado por las fuentes de poder, un pobre ministro o un pobre juez o en cambio un conductor de multitudes que micrófono o cámara en mano puede, sin coste ninguno, destrozar o divinizar las decisiones de los primeros y hacerlo en nombre de una mayoría más o menos relativa de individuos que le siguen y aplauden? ¿Cómo se justifica la presencia social de los agentes políticos o de los agentes sociales y de consumo si no es a través de su presencia mediática, de la implantación en el imaginario colectivo de marcas, símbolos, referentes, factores corporativos?

La operativa del poder como Poder Diluido

La omnipresencia de los medios en la realidad pública y en el espacio público hace imposible una toma de decisiones que responda a una lógica directa o a modelos consolidados. Es imposible ejecutar decisiones por muy sagradas que se consideren sin tener en cuenta a agentes sociales de todo tipo interesados en el objeto mismo de tales decisiones. No es pensable una industria que instale un parque industrial sin tener presente la reacción de los mediambientalistas o de las organizaciones vecinales próximas. No es imaginable un gobierno que decida en cuestiones de importancia siguiendo sólo una lógica pura de beneficio social o económico y no lleve a cabo una larga preparación de la opinión pública a través de los medios y no tenga en cuenta y presentes los intereses y voluntades de las agrupaciones interesadas en el mismo objeto.

La presencia y capacidad de los medios en la línea señalada va acompañada naturalmente del desarrollo de técnicas novísimas de persuasión, promoción y marketing. Tales técnicas presentadas como de última generación y definidas como “spin” (agitar) o “basura”, están pensadas para públicos “sordos”, imágenes, color, golpes de luz y movimiento desarrollados para gentes que “no oyen, no escuchan, no entienden y no les interesa”.Están así los medios y quienes los saben utilizar en condiciones de romper la esencia misma de la nueva democracia, la capacidad individual de decisión, falseando la primera de las premisas, a saber, la información suficiente para que esa decisión pueda tener lugar.

Manda aquel que consigue para sí los programas de noticias, porque desde ahí arrastra a quienes toman las decisiones. No importa ser mayoritario o minoritario. Importa tener presencia mediática. Por eso, el derecho a estar suficiente y objetivamente informados, el derecho al conocimiento será el principio y la libertad prioritaria por el que la sociedad civil tendrá que luchar en las próximas décadas.

* Catadratico de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid