A manera de Editorial
 

Hace apenas escasos dos meses las autoridades estatales aseguraban que en Veracruz no había elementos que indicaran que la presencia de la delincuencia organizada justificara una lucha frontal contra este flagelo. Minimizándose el problema y afirmándose que todo estaba bajo control, que no había necesidad de operativos especiales de las fuerzas federales en tierras veracruzanas. Quince días antes de que el presente número de Serpentario entrara a prensa, se insistió en que las fuerzas estatales y municipales de Seguridad Pública velaban para que los veracruzanos durmiéramos tranquilos. A esta fecha, no sólo se reconoce que el problema rebasó al gobierno del estado y se aplaude la intervención del ejército sino que, incluso, se habla de adecuar el Plan Estatal de Desarrollo a las estrategias y prioridades que en materia de Seguridad Pública se dictan desde Los Pinos.

 Una de dos. O la dinámica de expansión de la delincuencia organizada en la entidad es de tal magnitud, registrando niveles inusuales no previstos de peligrosidad y amenaza para la seguridad al grado de que, en escasos 60 días, una entidad federativa en la que no pasaba nada pasara a ser un territorio más que acusa una seria amenaza a la seguridad nacional; o la dinámica de adecuación política del gobernador del estado a las prioridades presidenciales exige que el gobierno de Veracruz, más allá de diferencias partidistas o ideológicas, se deba sumar incondicionalmente a la estrategia mediática de legitimización de Calderón.

En el primer caso, bien podría pensarse que en Veracruz se descubrió el agua tibia tras un largo periodo de inexistencia de medidas de inteligencia, previsión y diagnóstico oportuno que detectara presencia y expansión de la delincuencia organizada. En el segundo, la percepción que tiende a generalizarse es la de que más allá de una virtual amenaza a la seguridad de los veracruzanos, el gobernador con la visión y capacidad política de que siempre ha hecho gala, aprovecha la coyuntura y se vale del circo nacional para intentar colocarse en la cercanía del ánimo presidencial, recuperando el terreno perdido tras la salida de Fox.

Para el caso es lo mismo. En ambos escenarios la situación es preocupante. Real o virtual la amenaza a la seguridad de los veracruzanos, en el ánimo de las autoridades estatales la estrategia a seguir para el combate de las bandas delincuenciales se impone por sobre las prioridades inicialmente asentadas y aprobadas por el Congreso local en el Plan Estatal de Desarrollo. Pasando a segundo plano el combate a la pobreza, la generación de empleos y la reducción de la amplia brecha de desigualdad entre regiones y entre los diversos estratos de la sociedad. Lo urgente es privilegiar la identificación con las políticas públicas y prioridades del gobierno calderonista y la cercanía de la administración fidelista con el titular del poder ejecutivo federal.

Ello al margen de las necesidades sentidas y reales de los veracruzanos, que contemplan como una amenaza de mayor peso a su seguridad personal y familiar el deterioro creciente de sus niveles de vida, la pérdida del empleo y prestaciones sociales, el embargo de la vivienda ó el achicamiento del ahorro pensionario. Amén de la corrupción que priva al interior de las instituciones y que tanto daña al tejido social. Todo ello en el marco de un proceso electoral en el que, por ende, la sociedad podría dar una sorpresa no esperada a quienes enarbolan la bandera mesiánica de la fidelidad.

Portada