Los maestros cumplieron la tarea. Elba Esther
Gordillo se queda por tiempo “indefinido” al frente
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) |
Medidas contra la corrupción
Francisco Valdés Ugalde *
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Inhibir la corrupción es una clave central para el
desarrollo. Para el desarrollo entendido en un sentido
amplio. Muchos siguen compartiendo una visión restringida
según la cual la corrupción no es necesariamente un factor
desalentador del desarrollo si la economía crece y se
generan empleos. Todo indica que este modo de pensar influyó
en el gobierno anterior, basándose en la falsa creencia de
estar atrapado por los representantes del viejo sistema,
cuya aquiescencia le era indispensable para sacar adelante
sus proyectos legislativos. De éstos los más importantes
fracasaron por el clima adverso que, pese a toda concesión,
crearon esos representantes del sistema priísta. A cambio,
se decidió no tocar a los operadores y beneficiarios de la
corrupción, que a lo largo de décadas han trocado hábilmente
cantidades incalculables del erario en dineros privados de
los que hoy disfrutan.
El gobierno anterior no entabló un combate decidido a la
corrupción; ni siquiera produjo un informe sobre las
dimensiones de este problema ancestral. La única excepción
fue la Ley de Transparencia, un paso importante aunque
insuficiente. Culpas y omisiones aparte, enfrentar
seriamente el problema exige un enfoque que incluya las
variables principales del fenómeno y se concrete en reformas
institucionales que se efectúen en el corto plazo pero con
largo alcance.
La corrupción no es un fenómeno meramente económico o
político; está entretejida en la sociedad y la cultura. La
corrupción es un problema de Estado y por eso reclama una
visión de Estado. Quienes incurren en corrupción atentan
contra la integridad y, por consiguiente, la seguridad del
Estado. La corrupción mina las entidades públicas y los
intereses fundamentales de la sociedad. Este es el criterio
principal del que debe partir una política para combatirla.
De él se desprenden varios principios de acción.
El primero es ideológico: ningún acto de corrupción puede
justificarse en nombre del interés público. La invocación de
"la política" como justificación de actos que convierten
dineros públicos en usos privados, así sean aquéllos de
origen partidario, es injustificada y, por consiguiente,
reprobable. Quienes han pasado por la función pública pueden
dar testimonio de la frecuente invocación a la estabilidad
política o a la gobernabilidad para dejar pasar llanamente o
mediante artimañas legales actos que de acuerdo con la ley y
el sentido común deberían ser perseguidos y castigados. Esta
práctica debe terminar de inmediato.
El segundo principio de política se orienta a eliminar el
contubernio institucionalizado. La corrupción se facilita si
las autoridades que la investigan, denuncian y castigan
tienen intereses comunes con los que incurren en ella. Estos
intereses pueden ser evidentes y hasta obvios o, como suele
ocurrir, indirectos. Por ejemplo, cuando el órgano encargado
de controlar la gestión de los funcionarios públicos, la
Secretaría de la Función Pública, pertenece a la esfera del
Ejecutivo y responde a las órdenes de su titular.
Entre los países desarrollados y de nivel equivalente,
México es el único cuya contraloría la ejerce el propio
controlado. La Auditoría Superior de la Federación, órgano
de más reciente creación, es socavada en la práctica por las
capacidades con que cuenta la SFP. Desde luego, México es el
único país de la OCDE que presenta esta situación que, para
decirlo elegantemente, mantiene un fuerte conflicto de
interés, una colusión institucionalizada entre el vigilante
y el vigilado.
Para salir de ello hacen falta varias medidas. La primera es
la creación de un órgano de defensa del Estado al más alto
nivel, como en Chile. Este órgano es autónomo, investiga de
oficio o por denuncia los actos de corrupción e informa
públicamente de los resultados. Los informes se turnan a las
autoridades competentes para su persecución, en caso de
méritos. Asimismo, son dados a conocer al público. Un órgano
así no es, como ningún otro, totalmente inmune a las
presiones políticas, pero al menos puede ser invulnerable
frente a ellas si está construido adecuadamente. De
instituirse, bien podría empezar sus labores por un panel de
expertos que valorara las dimensiones de la corrupción en
nuestro país.
 Una
segunda medida es eliminar la prescripción de delitos de
corrupción como el peculado. Si el axioma fundamental es que
la corrupción atenta contra la integridad y la seguridad del
Estado (que no es sino la sociedad concentrada en poder
político), es menester colocar los actos en su contra en el
rango de delitos que no deben prescribir con el tiempo. La
prescripción ha sido la fórmula detrás de la que muchos
funcionarios corruptos se han escudado y, una vez pasado el
tiempo en que fenece la posibilidad de acusar, disfrutan
tranquilos de un patrimonio mal habido. Más aún, la
prescripción ha sido la modalidad mediante la que se ha
ejercido la cooptación y el control político durante el
autoritarismo presidencialista y que garantiza, salvo
excepciones, el éxito de los corruptos.
Ambas medidas deberían aplicarse nacionalmente; no sólo al
gobierno federal, sino también a las entidades y los
municipios. Estas acciones son sólo algunas de las más
importantes. Es necesario un mayor detalle que no es posible
describir en este espacio. Sin embargo, se desprenden de una
óptica de largo plazo a la que es necesario añadir un
argumento adicional. Si erradicar la corrupción es
estratégico para el desarrollo económico, político y social
en un contexto democrático, entonces es necesario aprender a
colocar los objetivos de una gobernanza democrática por
encima de los de la gobernabilidad. Esta última se orienta
normalmente a evitar que los conflictos se salgan de cauce
y, por eso, en su nombre se suele justificar hasta lo
imperdonable. Con la gobernanza democrática pasa al revés:
transformar las instituciones a modo que se obtengan los
objetivos superiores de la democracia política y la equidad
social en equilibrios de nuevo tipo.
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*
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM |
