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COLUSION CONTRA LA VIDA

Nuevamente, la contaminación atmosférica ha hecho crisis en Santiago. Los
servicios hospitalarios han colapsado, atestados de niños o ancianos, cuyos
organismos no pueden soportar los altísimos niveles de polución. El fenómeno
se repite año a año y no se vislumbran soluciones reales.

¿Cuál es la causa de que no se aborden las raíces del problema?. Hay quienes
piensan que falta conocimiento suficiente sobre el tema. Hay otros que
apuntan al hecho que no exista una organización estatal adecuada para
implementar medidas. Nuestra opinión es distinta. El conocimiento está
disponible, tanto para dimensionar el daño, como para vislumbrar
alternativas de solución. La organización estatal también existe, revestida
de poderes suficientes, tanto a nivel de Gobierno Regional como de servicios
públicos centralizados. El problema no es que no se sepa que hacer ni como
hacerlo. El problema es que no se quiere hacer lo que resulta indispensable.
Esta falta de voluntad está determinada por el nivel de colusión existente
entre altas autoridades gubernamentales y sectores empresariales interesados
en continuar lucrando a costa de la vida de la gente.

La colusión gobierno-empresa ha quedado de manifiesto en muchos casos. La
aprobación de la central Nueva Renca, constituye un gran favor para la
empresa eléctrica propietaria, pues le ahorra los millones que le demandaría
instalarse en otro lugar no saturado de contaminación.

Recientemente, producto de la denuncia de un parlamentario, se pudo conocer
que el Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan Villarzú, negoció
en forma cuasiclandestina con la Cámara Chilena de la Construcción, la
modificación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
justamente para eximir de evaluación ambiental a los proyectos inmobiliarios
que se construyesen en zonas saturadas como Santiago. Afortunadamente la
Contraloría General de la República, en base a las presentaciones que
realizamos las organizaciones ecologistas y otras organizaciones ciudadanas,
frustró este nuevo intento de fraude a la ley y el Ministro se vio obligado
a retirar el proyecto.

El día 25 de mayo, fue publicada en el diario oficial la norma primaria de
calidad ambiental para material particulado, que mantiene los anteriores
niveles requeridos para decretar estados de emergencia ambiental. Este
decreto, firmado por los Ministros de Salud y de la Secretaría General de la
Presidencia, constituye una virtual condena a muerte para cientos de niños,
ancianos y enfermos que no podrán soportar los niveles de contaminación
absolutamente nocivos que esta norma permite que se mantengan, sin decretar
emergencia. Esto no lo ignoraron los Ministros, se los había informado un
estudio del propio Ministerio de Salud, que señaló que el nivel 330,
requerido para decretar emergencia, constituía un altísimo riesgo para la
salud de la población y que por tanto la emergencia debía decretarse máximo
al alcanzar el nivel 280. Se hizo caso omiso de esta advertencia, porque
haberla escuchado habría significado herir los intereses económicos de
quienes hoy lanzan grandes cantidades de veneno al aire y que deberían haber
sido restringidos.

Una de los casos quizás más escandalosos de colusión gobierno- empresa , lo
constituye el proyecto Costanera Norte, impulsado por el Ministerio de Obras
Públicas. Este proyecto, por una parte, significará un estímulo al uso del
automóvil, para el sector de Santiago que tiene la tasa de motorización más
alta del país. Pero al mismo tiempo, le brindará una imprescindible conexión
con el centro de la ciudad a un proyecto inmobiliario del grupo ENERSIS, que
este monopolio pretende construir en las inmediaciones del aeropuerto de
Pudahuel, fuera del límite urbano de la ciudad. Ambos negocios, la carretera
concesionada y el proyecto inmobiliario se retroalimentan mutuamente, ambos
también en desmedro de la posibilidad de descontaminar Santiago. Esta,
implica limitar el uso del automóvil y detener la expansión de la ciudad.

Denunciar todas estas situaciones es una labor que continuaremos realizando
las organizaciones ambientales. Sin embargo, es necesario que se exija la
responsabilidad política de aquellas autoridades de gobierno que en forma
oscura, privilegian a determinados grupos empresariales por sobre la vida y
la salud de la población. La palabra la tienen en esto, nuestros parlamentarios.

Finalmente, se hace preciso levantar la demanda ciudadana por el aire
limpio, que debe implicar al menos, la rebaja de las normas de calidad hasta
hacerlas adecuadas para proteger a la población; un freno al crecimiento del
parque automotor y una limitación frontal a la expansión de la ciudad. Para
lograr esto se requiere desplegar la fuerza de la ciudadanía, puesto que las
autoridades, solicitas para los negociantes, se han vuelto sordas para los
ciudadanos.

Los miembros de la Red que quieran hacer uso de este espacio y de la pagina
web www.renace.net para distribuir comunicados y/o noticias sobre sus
actividades, pueden comunicarse con Oriana Reyes
Secretaria Ejecutiva
RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGICA RENACE

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