ECOPRENSA N°80
DICIEMBRE 97 - ENERO 98

EDITORIAL: LUIS MARIANO RENDON


EDITORIAL

La aprobación del Proyecto Rio Cóndor de Forestal Trillium, por parte de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Magallanes, constituye otra manifestación de la manipulación política que está sufriendo la reciente institucionalidad ambiental del país.

Es importante recordar que la Corte Suprema dejó sin efecto, hace algunos meses, la aprobación inicial de este proyecto, por considerarla arbitraria. El máximo tribunal basó su decisión en que las autoridades políticas de COREMA desestimaron los informes de los servicio públicos que recomendaban no aprobarlo. En esta ocasión la historia se vuelve a repetir. En la
votación realizada en COREMA de Magallanes el SEREMI de Agricultura -del cual depende la Corporación Nacional Forestal, el organismo más especializado del Estado en el tema Forestal- planteó un voto disidente.
Esta señalaba una serie de influencias como la sobreestimasen de la capacidad productiva industrial y la carencia de un inventario y cartografía más precisa para confirmar los cupos de corta propuestos. Alertaba sobre los cuidados que había que guardar para no causar daños irreversibles en las cuencas hidrográficas. Señalaba la serie de incentivos fiscales de que
gozaba el proyecto y recomendaba que a lo más podría autorizarse un 50% de la cuota de corta que solicitaba la empresa. Esta recomendación, así como el voto de dos consejeros regionales que proponían rechazar el proyecto, fue
ignorado por las autoridades políticas designadas por el poder central de Magallanes. Primo la propuesta aprobatoria de la gobernadora socialista de Porvenir, Silvia Vera, la misma que semanas atrás había calificado a las organizaciones ambientales que cuestionan el proyecto como "ecoterroristas".

Nuevamente las indicaciones ambientales no son consideradas y se imponen las decisiones políticas adoptadas en Santiago por el propio Presidente Frei.
Este no trepidó en dar su público apoyo a Trillium ante los "injustos ataque a que estaba siendo objeto" días antes que la Corte Suprema dejará en evidencia el accionar arbitrario de las autoridades gubernamentales.

Sin duda que esta manipulación política de la institucionalidad ambiental está desprotegiendo gravemente los esfuerzos del país por dotarse de un marco jurídico que permita resguardar el patrimonio natural de las actuales y futuras generaciones. Esto hace posible comprender la desconfianza de muchas comunidades que se niegan a someterse a este amañado sistema de
evaluación. Los conflictos no tienen un espacio legítimo donde resolverse, lo que está provocando no sólo una situación de riesgo ambiental, sino también social, como es el caso de Mehuín.

Ante la desprotección gubernamental, corresponde hoy a las organizaciones ciudadanas el deber de jugar un papel importante en la defensa del medio ambiente.

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