ACCIÓN ECOLÓGICA N°7
abril/mayo 1997
LA COORDINADORA DE INSTITUCIONES MAPUCHES EXPRESO SU RECHAZO A PROYECTO RALCO
A raíz de la inminente amenaza de destrucción al patrimonio cultural y ambiental de Chile debido a megaproyectos como el que hoy se plantea mediante la construcción de la Represa Hidroeléctrica Ralco, las instituciones mapuches entregaron al país una declaración pública en la cual, además de manifestar su solidaridad con las comunidades afectadas y de abogar por los derechos de los pueblos originarios, exponen la gravedad y las irreversibles consecuencias que implican las obras en cuestión.
La Declaración pública, emitida durante el mes de marzo, y firmada por la Coordinadora de Instituciones Mapuches, en Temuco, Mapuchemapu; contiene cuatro puntos en los cuales denuncian las implicaciones de las decisiones estatales, señalan las desastrosas consecuencias que éstas llegarían a tener, y hacen un llamado a la sociedad chilena, a la comunidad internacional, a las autoridades e instituciones del país para alertarla frente a proyectos que van en detrimento de los territorios y derechos del pueblo mapuche y transgreden sistemáticamente la Ley de la República 19.253, que establece la protección de las tierras indígenas y que es la base legal del acuerdo entre los pueblos indígenas y el Estado chileno.
En su primer punto, la Declaración es un acto de solidaridad con los hermanos pehuenche del Alto Bío Bío, "frente a las presiones y atropellos que sufren sus comunidades y territorios ancestrales a manos de un grupo económico transnacional: Enersis y su filial Endesa", que con su proyecto pasa por encima de toda consideración ambiental y legal. Los firmantes se solidarizan con las comunidades Mapuche Lafquenches, amenazadas por la construcción de la carretera costera y la instalación de una planta de celulosa; con las comunidades Mapuche de Truf -Truf, que se oponen a que una carretera, proyectada por el Ministerio de Obras Públicas, atraviese sus tierras.
En segunda instancia puntualizan que el Plan de Reasentamiento de familias pehuenches publicado por Endesa "es ilegal, además de fraudulento", ya que por Ley, las tierras indígenas son inembargables, no enajenables, inexpropiables, no gravables, y explican que las familias pehuenches no se quieren trasladar, que Endesa quiere forzarlas a emigrar a zonas inhóspitas, que permanecen la mitad del año cubiertas de nieve.
Citan experiencias que han dejado las más desafortunadas consecuencias, y llevadas a cabo a pesar de las manifestaciones de desacuerdo de amplios sectores de opinión e incluso de instituciones expertas en los temas. Entre ellos, los estudios hechos por el Banco Mundial, la Conama, Conaff y Conadi, donde se llama la atención acerca de los daños ambientales y sociales ocasionados por la Represa Panque, y que hacia el futuro se verán agravados por Ralco. "Endesa no ha cumplido en Pangue y tampoco lo hará en Ralco", dice la Declaración.
Añade que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no es confiable, ya que oculta información, ofrece compensaciones, y "para calcular el valor de la propiedad pehuenche usó el avalúo fiscal", no el valor comercial de lo que se constituye en lugar único y protegido por Ley, como es el territorio indígena.
Un llamado a las instituciones gubernamentales como son Conama y Conadi, y a las personas que creen en la democracia y las leyes que señalan como deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, proteger del abuso a las comunidades y tierras indígenas, se constituye en el tercer punto de la declaración, en tanto que el cuarto y último punto expresa una profunda inquietud frente a las recientes declaraciones de las autoridades nacionales y de directivos de Endesa, de las cuales sólo se desprende intranquilidad.
"Advertimos el peligro inminente. Sabemos que hay fuerzas que quieren arrasar con la Ley Indígena. Notamos la ausencia de una clara política de Estado de respeto a los derechos y de proyección de los pueblos indígenas en los nuevos tiempos. Se nos ignora como ciudadanos y se nos trata sólo como pobres a asimilar prontamente, olvidando cual es origen de la pobreza indígena, desconociendo que somos pueblos de esta Tierra, que nuestras voces nombraron las montañas, los bosques y especies, los ríos, los parajes de este rincón del mundo".
Eso que algunas mentes estrechas consideran oportunidades históricas para que Chile alcance el desarrollo, para los pueblos indígenas tiene como único significado la invasión, el saqueo, el exterminio y la persecución.
La historia siempre sabia, da la razón, porque también la cultura, la identidad y la diversidad forman parte del desarrollo de una sociedad. Por ello, las comunidades mapuches invitan al país a meditar su historia reciente: "¿Qué ganó Chile hace un siglo sino una deuda infinita?¿Qué ganará Chile con los megaproyectos sino aumentar su deuda? El país no puede ser llevado a perder su alma y sus raíces en nombre de la modernización. Chile no es una "sociedad anónima", sino gente, naturaleza, historia, cultura".
El mensaje cierra con un llamado a los parlamentarios, a la gran empresa y a las autoridades, a pensar universalmente, a apostarle a la verdadera democracia, como lo es respetar la plena participación de todos los sectores que componen la sociedad.
PIE DE FOTO (1) Múltiples son las manifestaciones de las comunidades indígenas y diferentes grupos de la sociedad en protesta contra el proyecto de ENDESA en Ralco. Para ellos está claro: se trata de defender el patrimonio ambiental y cultural de todos los chilenos.
EDITORIAL
MEHUIN, RALCO Y EL RIO LOA
Tres situaciones ambientales muy dispares y distantes unas de otras, vienen sucediendo en diferentes puntos del país, y continúan recordándole a la ciudadanía que la problemática ambiental sigue siendo pan de cada día.
Una de ellas es el caso de Mehuin, donde la comunidad, organizada y apoyada por el Observatorio de Conflictos Ambientales, coordinadora mapuche lafquenche, consejos municipales, iglesias evangélicas, la Red Nacional de Acción Ecológica, RENACE y el Instituto de Ecología Política entre otras organizaciones, sostiene una larga campaña de defensa de su patrimonio ambiental y calidad de vida, ial mpedir que técnicos y equipos de Celco realicen investigaciones necesarias para el Estudio de Impacto Ambiental para la instalación de la tubería de desechos de Celulosa Arauco.
La actitud asumida por la comunidad de Mehuin, obedece simplemente a la convicción de que el sistema de evaluación de impactos ambientales, del cual hace parte el estudio rechazado; no es más que una formalidad, pues las observaciones y recomendaciones técnicas que buscan preservar el ambiente y la calidad de vida ciudadana, finalmente no son acogidas por quienes deciden, es decir, por la autoridad política, representada en Intendentes o Alcaldes.
Es así como la desconfianza ciudadana en la legislación e institucionalidad ambientales, derivada de la convicción de defender sus derechos y su propia opción de desarrollo, ha creado la necesidad de que se lleven a cabo acciones consecuentes, e insinuado nuevas formas de movilización ciudadana en el tema ambiental, el cual puede ser asumido en relación con otros conflictos.
Así mismo, resulta escandalosa, y por decir lo menos, indignante, la forma como se pretende instalar la Central Hidroeléctrica Ralco en tierras de las comunidades pehuenches, en el Alto Bío-Bío.
En este caso el gobierno, desconociendo tanto su propia institucionalidad, como los convenios internacionales, ha intervenido y destituido al director de la Conadi, quien consecuentemente cumplía con los enunciados de la propia Ley Indígena que protege los derechos territoriales de las comunidades pehuenches. Las acciones del Gobierno en apoyo al Proyecto Ralco son por lo tanto, evidentes; ratifican el poder de un grupo económico (Enersis y su filial, Endesa), al interior del gobierno, donde parece existir la intención de sacrificar nuevamente a los indígenas en aras de un desarrollo económico que no privilegia al hombre, su cultura y su entorno.
Las largas luchas de nuestros hermanos indígenas por la defensa de su tierra y la preservación de su cultura, toman hoy un nuevo impulso, y guardan coincidencia con los postulados que defiende el movimiento ambientalista. La imposición del Proyecto Ralco y sus consecuencias nefastas, hacen imprescindible la conjunción de ideas y esfuerzos para el diseño de una estrategia común frente a lo que se avecina.
Completando la trilogía, está la situación del Río Loa. Respecto de ésta, y después de 100 días de haberse conocido el problema, se ignoran todavía el origen y los causantes materiales de lo que se constituye en la más grave catástrofe ambiental de los últimos tiempos en el país.
Las investigaciones y resultados más recientes no han hecho más que poner de manifiesto la incapacidad técnica y administrativa de las autoridades regionales para hacer frente a tales situaciones, y resulta más grave aún la manipulación de la información y desorientación de la opinión pública sobre este hecho que causó alarma general.
La gestión gubernamental tanto frente al proyecto Ralco, como en lo relacionado con el Río Loa, fue orientada a monitorear el ambiente, restarle gravedad a los problemas, tender una nebulosa en cuanto al origen de los mismos -evitando cualquier sombra de dudas en cuanto a posible responsabilidad de Codelco o Minera El Alba, presentes en las áreas-, aplicar medidas sanitarias y de control ineficaces y, por último, como un recurso de mitigación social, se propuso que los pescadores y buzos de Caleta Chipana (próxima a la desembocadura del Loa), quienes no pueden trabajar desde el 24 de marzo pasado, fueran reubicados en un área próxima a Tocopilla en la II Región, sin considerar las condiciones mínimas para su instalación.
En todo esto salta a la vista la clara intención gubernamental de evitar el costo político y las consecuencias socio-económicas por lo sucedido, además de encubrir, nuevamente, su incapacidad y deficiencia institucionales y técnicas para afrontar tragedias ambientales de tal magnitud, situación reconocida hasta por los propios personeros gubernamentales locales.
En definitiva, estos casos aportan nuevos elementos a la discusión de la problemática ambiental en nuestro país y van señalando los nuevos caminos y barreras que deberán ir salvando los ciudadanos y el movimiento ambientalista chileno para consagrar nuestro más elemental derecho, el derecho a la vida.
