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Para empezar debo expresar mi gratitud al Comité Organizador de este evento, y
de manera especial al Profr. José Luis Rodríguez Flores, la amable invitación
que me hicieran para participar en este evento cuya pertinencia y oportunidad es
indiscutible en los albores de una sucesión Presidencial.
Resulta muy gratificante hablar en este magnífico
marco, para tocar un tema que a los investigadores nacionales nos ocupa y
preocupa en nuestro cotidiano quehacer académico. Abordaré ahora un tema poco
explorado no obstante tratarse de un asunto de interés nacional: El ominoso
futuro de la seguridad social de los servidores públicos en México.
Contextualización del
problema
Como ya sabemos todos, al menos en lo que atañe al trabajo ordinario, el
fenómeno laboral se trasforma deprisa siguiendo ineluctablemente las nuevas
tendencias mundiales: posicionamiento global, productividad al tope,
flexibilización y desregulación, una menor responsabilidad contractual por parte
de los empleadores, notoria reducción de los programas de protección social y,
por sobre todas las cosas, un palpable decrecimiento de las prestaciones
laborales. La regla actual es muy clara: producir más con menos. Lo
demás, de plano a muchos no les importa.
Cierto es que el trabajo se transforma de manera
radical, por lo cual la primera gran interrogante en que deberíamos meditar
todos es si el Derecho Burocrático también ha sufrido alguna transformación a
inicios del siglo XXI, y en la hipótesis de que así haya sido, si hemos actuado
en consecuencia. Al menos para el suscrito resulta notorio su declive. Explico
por qué.
El total recargamiento –por no decir descargamiento–
en los esquemas públicos de la seguridad social
de la otrora magnífica previsión social laboral, tanto en el trabajo
ordinario como en el burocrático, antaño negociada contractualmente entre
patronos y trabajadores y que tanto lustre diera al Derecho del Trabajo, es una
especie en plena extinción al menos en México; y aquí surge una segunda gran
interrogante a dilucidar: si todavía existen esquemas de previsión social
en el servicio burocrático, a partir de si en verdad los sindicatos de
servidores públicos cumplen su función esencial para el que fueron pensados; o
bien si el Estado –entendido aquí como el gran empleador en nuestro país–,
siguiendo modas mundiales harto cuestionables, ha descargado también sus
obligaciones naturales como empleador en los esquemas existentes de la
seguridad social.
Detengámonos un instante en este punto para lanzar una
pregunta que nos parece pertinente: ¿Por qué se habla de previsión social
y de seguridad social como si fueran 2 conceptos y cosas distintas? Y la
respuesta es acaso obvia para la gran mayoría de nosotros como juslaboralistas,
pero no lo es para más de 105 millones de mexicanos, incluidos aquí nuestras
autoridades: porque son 2 conceptos diferentes y aluden a cosas distintas.
En efecto, es una lástima que a pesar del notable
avance científico logrado a la fecha, hasta los juristas –ya no digamos los
legisladores, gobernantes y juzgadores mexicanos– continúen confundiendo
conceptos básicos tales como asistencia social, previsión social, seguro
social, seguridad social, o Derecho de la Seguridad Social, como si
todo ello fuese lo mismo, negándole de paso a esta última disciplina jurídica la
real autonomía que tiene respecto del Derecho del Trabajo o del Derecho
Burocrático.
Ése es un asunto técnico-científico que no es privativo
de México (si el mal de muchos sirve de consuelo), sino que se palpa en el
planeta entero. De manera que en esa especie de “Torre de Babel” académica en
que nos desenvolvemos cotidianamente, hay una mezcolanza terminológica tan
notoria que hemos sido capaces hasta de confundir el Seguro Popular de Salud
–sin duda uno de los más pregonados Programas públicos en materia de
asistencia social de la administración del Presidente Vicente Fox–, con un
esquema de seguridad social, pero sin serlo en realidad.
El colmo es que hasta se le ha puesto a competir con
los seguros sociales tradicionales que están legalmente instituidos –pregonando
incluso pensiones construidas “peso por peso”, metidas con calzador en el
Programa Oportunidades desde inicios de 2006–, todo lo cual es un error
inaceptable desde cualquier ángulo, porque engaña a la gente y hasta resulta
lesivo para los más pobres de este país, dado que el Seguro Popular de Salud
no es un seguro, tampoco es popular y menos aún lo es de salud.
Diseñado dizque “para quienes no tienen seguridad
social básica” (sic) por tipos que se quieren pasar de listos y para colmo con
errores estructurales gravísimos, se parte de premisas falsas y por consecuencia
se obtienen conclusiones erróneas, lo que nada bueno puede augurar;
convirtiéndose en un verdadero atraco en despoblado pues injustamente se cobra
el servicio de salud por adelantado a quienes menos tienen, haciéndolo sin
derecho alguno pues la asistencia social debe ser gratuita, siendo pues
un asunto clientelar en épocas preelectorales.
Para ver si lo entienden de una buena vez, alguien
debería explicárselo a la actual administración federal que, pregonada como “la
del cambio” (sic) no ha cambiado nada y lo que ha modificado, lo ha hecho mal;
el aludido es un botón de muestra del porqué la seguridad social contemporánea
está como está. Al grado que si Bismarck (su creador) o Beveridge (su
transformador) vivieran hoy día, se volverían a morir de pena ajena.
El servicio público de la
seguridad social en el siglo XXI
Visto lo anterior, es factible afirmar que si hoy
tienden a abandonarnos los Derechos del Trabajo, Burocrático y el de la
Seguridad Social –surgidos todos del mismo tronco común: el artículo 123
Constitucional, y por ende de vecindad innegable, aunque los bienes
jurídicos tutelados y sus naturales campos de acción sean muy diferentes, si
bien son complementarios–, si nos abandonan digo, en un mea culpa
obligado como académico, pienso que lo hacen en simple reciprocidad al abandono
ideológico en que nosotros los juslaboralistas les hemos tenido desde hace al
menos un par de décadas.
Los creíamos ya “hechos” e inmutables, pero comprobamos
que no era así; creíamos que los derechos que consagraban era irrenunciables, y
ya vemos que no; sentíamos que no había marcha atrás, pero constatamos que sí.
Pero vamos a lo nuestro. La seguridad social,
otrora magnífica “red protectora” en el circo de alto riesgo de la vida,
lentamente comienza a ser soltada por el Estado aduciendo su presunta
incosteabilidad, siendo ésta una tesis economicista en la que jamás podremos
estar de acuerdo por la sencilla cuanto contundente razón de que, en cuestiones
de protección social, si el Estado no puede asumir las responsabilidades,
entonces nadie podrá hacerlo. Así de simple y, a la par, así de complejo el
asunto.
¿Qué es lo que ha ocurrido?, nos preguntamos a diario.
¿Cómo fue que extraviamos el camino? ¿Fue ignorancia o indiferencia? ¿Fueron
intereses contrapuestos a los nobles fines perseguidos por la seguridad social?
¿Hubo en todo esto mala fe o simple ignorancia? Pues bien, podría ser cualquiera
de ellas o una combinación de todas la razón primordial del actual estado de
cosas. Sin embargo, más que el simple diagnóstico de la causa, es el efecto lo
que a nosotros nos debiera interesar; centrémonos entonces, por razones de
simple congruencia, al análisis del esquema protector de los servidores públicos
federales.
Es muy triste tener qué reconocer que la seguridad
social brindada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), manto protector básico de los
servidores públicos federales y sus derechohabientes, se halla en crisis y al
borde del colapso financiero debido a multitud de factores, aunque uno de los
más importantes es que se ha socavado de raíz su financiamiento tradicional.
En efecto, contradiciéndose el discurso oficial y lo
que se exige a los gobernados, miles de servidores públicos en el país son
contratados dizque “por honorarios”, enmascarándose una relación subordinada
mediante la elaboración de “contratos de prestación de servicios”, intentando
“romper” con la subordinación como el detonante de una relación laboral e
incorporación forzosa a la seguridad social básica.
Hay a lo largo y ancho del país miles de burócratas con
“nombramientos temporales” (sic). Como eventuales que son, se les registra y
paga mediante simples listas de raya, sin pudor alguno; cuando lo quiera el jefe
en turno se irán como llegaron: calladitos y por la puerta trasera. Esta
vergonzosa situación –al menos en el papel, claro–, en nada obliga al empleador
Estado en cualquier Poder o nivel de gobierno.
Y ésos servidores públicos “de segunda”, que de
facto no están amparados por el derecho Burocrático vigente en el país, no
tiene más remedio que aceptarlo pues necesitan el trabajo para sobrevivir.
De lo cual se colige que si el propio Estado abusa de
ellos, de su necesidad o de su ignorancia, ¿qué puede esperarse del resto de
empleadores? Si las organizaciones sindicales burocráticas fingen no ver lo
evidente, asumiendo con ello una complicidad difícil de entender, ¿qué no harán
el resto de organizaciones sindicales, que sólo ven en su liderazgo un trampolín
político para algún encargo público? Y si el ISSSTE no hace nada al respecto, no
registra a tales empleados públicos eventuales y no les incorpora a su padrón de
asegurados, ¿qué puede esperarse del resto de nuestros seguros sociales quienes
con hechos nos demuestran que no operan de toda buena fe? En idéntica situación
se halla el IMSS, para no variar.
Lo grave, lo sorprendente, lo preocupante, es que como
si nada ocurriese, nadie hace caso del asunto debido a que las prestaciones
laborales y el coste de la protección social se percibe todavía más como un
gasto que como una inversión en lo mejor que tiene México: su gente.
Querámoslo o no reconocer, sucede que la realidad
es más sabia que el Derecho, pues la primera siempre avanza a un ritmo mucho más
vertiginoso que la regulación legal y ésta se halla rebasada. De modo que
fenómenos como la “terciarización” laboral o el outsourcing –que es
además de escamoteador natural de derechos, un instrumento jurídico sin pleno
control legal en México–, junto a otros fenómenos similares o análogos, nos dan
una palpable muestra de beneficios mal entendidos para patrones que carecen de
sentido social; siendo de unos años a la fecha, copiados sin pudor por el propio
Estado cuando funge como empleador.
Hay pues una “flexibilización laboral” peligrosa y
hasta vergonzosa en el caso específico del Derecho Burocrático, alcanzándose
supuestos “ahorros” en salarios y prestaciones laborales, así como del coste de
la seguridad social básica –intentando burlar acaso el asunto medular de las
pensiones–, eludiendo el Estado su responsabilidad natural.
Aquí las preguntas se vuelven obligadas: ¿Quién
controla al Estado en la observancia de marco legal que rige su actuación?
¿Quién le vigila y somete al cumplimiento cabal y oportuno del Apartado “B” del
artículo 123 Constitucional? ¿De qué sirve la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado? ¿Y la Ley del ISSSTE, qué rol juega en todo este asunto?
Es odioso tener qué contrastar situaciones relativas a
esquemas nacionales de protección social, pero mientras algunos países intentan
reforzar su seguridad social nacional, otros calladamente apuestan a su eventual
privatización o desaparición.
Se enfrentan aquí dos puntos de vista diametralmente
distintos entre sí y hasta opuestos: por un lado, la de los países que aún creen
en la seguridad social –el manto protector de todos los habitantes de un país y
especialmente de aquellos sujetos productivos que con su esfuerzo cotidiano
contribuyen a fortalecer la economía nacional–; y por el otro lado, la de los
países que no creen más en la seguridad social y pretenden privatizarla o
exterminarla, aduciendo a priori que es ya un “barril sin fondo” que se
traga cuantiosos recursos públicos y cuyos resultados son pésimos.
Pues bien, como lo peor es permanecer neutrales en
temas de tanto impacto social, nosotros desde ahora tomamos partido y
conscientemente preferimos ubicarnos en quienes aún creen que la seguridad
social es viable, financiable y de suyo la única posibilidad de vida digna y
equitativa que nos queda como sociedad organizada que nos preciamos ser.
En este punto, recuérdese siempre que el concepto
seguridad, en todos los órdenes, es una legítima aspiración de los seres
humanos que somos inseguros por naturaleza al vivir en este mundo que riesgoso.
Así, seguridad afectiva, seguridad familiar, seguridad económica, seguridad
laboral, y otras más, son para los seres humanos una aspiración perenne desde el
inicio de los siglos. Vivimos en la búsqueda permanente de seguridad total.
Pero en mi opinión, sostengo la tesis de que existen 3
niveles de seguridad que son claves y debieran importarnos a todos sin distingo,
las cuales por su trascendencia no pueden quedar sujetas a cuestiones
presupuestales ni tampoco a caprichos o disputas electorales:
-
Seguridad nacional, porque sin ella no hay
patria, y tal objetivo primordial justifica la existencia de ejército, aunque no
nos guste la idea;
-
Seguridad pública, pues sin ella no puede
haber orden ni progreso, lo que justifica la existencia de policía aunque nos
disguste su actuación; y,
-
Seguridad social, que es la muestra más
palpable de la solidaridad humana y la única posibilidad de vida digna que tiene
millones y millones de seres humanos, cuya función justifica la existencia y
operación del ISSSTE y el resto de los seguros sociales federales y o locales.
Concluimos pues en que los esquemas de seguridad social resultan básicos en
cualquier país del mundo, con independencia de su ideología, economía u
orientación político-partidista; pero por desgracia, debido a una sentida falta
de cultura previsional, no se le da en los hechos la importancia que nos merece
académicamente ni tan siquiera por elemental sentido común.
Propuestas de solución a la
problemática
Pues bien, si el fenómeno de la transformación laboral es irreversible
debido a los impresionantes avances científicos y tecnológicos existentes, esto
es, si el entorno es desechable y hasta prescindible –como todo tiende a serlo
ahora–, la siguiente interrogante que nos formulamos es si el Derecho del
Trabajo –que lamentablemente ha visto pasar sus mejores tiempos–, también
es desechable y prescindible.
Porque si lo es, lo más probable es que el Derecho
Burocrático también se halle contaminado sin remedio, y para colmo su esquema de
protección social a nivel federal –el ISSSTE–, resienta más todavía la compleja
problemática de su entorno, porque no es un secreto que el ISSSTE atraviesa por
su peor crisis existencial en sus más de 45 años de historia, lo que de paso ha
puesto en duda su viabilidad financiera.
En mi opinión no hay más alternativa: el ISSSTE,
organismo público descentralizado de la administración pública federal
requiere de un rescate financiero urgente similar al del FOBAPROA, llevado a
cabo por parte del Estado al ser éste dos veces responsable de la protección
destinada a sus servidores públicos, a saber:
- Como empleador, responsable por tanto de los esquemas
de previsión social estrictamente laboral; y,
- Como responsable, garante y co-financiador del servicio
público de la seguridad social básica para los sujetos de afiliación a dicho
seguro social nacional, el ISSSTE.
Hablamos claro de un salvamento que, de no darse en plazo breve, pondría en
riesgo la supervivencia de un seguro social nacional que protege nada menos que
a 10 millones de mexicanos, en números redondos, una institución en el cual
millones de servidores públicos federales han debido depositar sus esperanzas.
Además, a mi entender el diagnóstico situacional del
ISSSTE está ya hecho y es correcto: o cambia y se transforma, o desaparece. Las
propuestas de reforma a su marco legal, en vez de coadyuvar a resolver su
problemática, se han convertido en parte del problema. Y si bien los “cabildeos”
y negociaciones se han dado desde hace años, falta algo esencial para que se
materialicen las reformas a su actual cuanto rebasado marco legal: la
voluntad política de todos los actores involucrados en este esquema de
protección social.
Es imposible que todos los involucrados se pongan
de acuerdo, puesto que cada uno defiende sus intereses; bastaría entonces con
que la mayoría estuviesen de acuerdo en modificar la Ley del ISSSTE y con
verdadero patriotismo se sentaran a contribuir en vez de dedicarse sólo a
destruir lo ya hecho, a fin de que refundaran esa gran institución. Pero ahora,
con un Ejecutivo débil y un Legislativo atomizado, será imposible efectuarla; y
más si se insiste en cambiar el modelo pensionario de reparto al de cuentas
individuales, para darle más juego y más ganancias a las Administradoras de
Fondos para el Retiro (AFORE).
Ningún servidor público federal debiera ignorar que lo
peor es no hacer nada; cualquier esquema puede ser corregido sobre la marcha.
Porque la deuda contingente del ISSSTE, a quien ha sido confiada su seguridad
social, es enorme; un asunto que sumada a la responsabilidad Estatal imbíbita en
otros esquemas pensionarios públicos nacionales, vuelve monstruoso el problema.
Vamos, hasta la propia Organización Internacional del
Trabajo (OIT), habitualmente lenta para reconocer problemas, reconoce desde hace
casi dos décadas que los sistemas pensionarios jubilatorios y de seguridad
social del planeta se encuentran colapsados debido a factores que inciden en su
desarrollo, provocando su insolvencia e inviabilidad financiera.
Al respecto, las cifras oficiales dadas a conocer en
junio de 2004 por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio
Banco de México, son reveladoras para dimensionar la problemática, al desnudar
por primera vez el tamaño del problema de las pensiones públicas a largo plazo:
-
Los pensionados del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
representan a futuro un pasivo de 281.7 mil millones de dólares norteamericanos;
-
Los pensionados del
Estado (como son los del ISSFAM) representarán 156.5 mil millones de dólares; y,
-
Los empleados de las
empresas paraestatales –Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de
Electricidad (CFE), entre ellas–, tendrán un pasivo laboral de 56.3 mil millones
de dólares; y,
Sumado todo eso a los pasivos enormes del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de dicho ente
asegurador nacional, hablamos pues de una deuda interna de 726.3 mil millones de
dólares. Ésa es la cuantía real –medida a largo plazo, es decir, 50 años–, de
los compromisos pensionarios que estarán al cargo del Estado mexicano, lo cual
de suyo supera a toda la economía en su conjunto dado que dicha cifra total
representa nada menos que el 116% del Producto Interno Bruto o PIB, es decir, de
todo lo que se logra producir en bienes y servicios en un año en México.
Se trata de una deuda interna
que es varias veces mayor al rescate bancario del FOBAPROA que pagamos todos los
mexicanos. Además, está aún por definirse cuánto representarán a largo plazo los
31 esquemas pensionarios locales de seguridad social restantes, y los esquemas
de pensiones de todas las Universidades Públicas.
Hay que decirlo entonces, para que todos lo entendamos de una buena
vez: dicho problema pensionario y de salud pública ha dejado de ser de seguridad
social, para convertirse en un asunto de seguridad nacional.
Sí, ésa es la perspectiva económico-financiera del asunto. Pero el
espinoso tema de la seguridad social contemporánea tiene múltiples aristas y
cada una de ellas tiene sus propias razones y necesidades: lo social, lo
jurídico, lo institucional-administrativo y obviamente lo político.
Sería un imperdonable error
académico dejarnos guiar únicamente por una perspectiva economicista acerca de
la financiación de este servicio público. Para los investigadores nacionales en
esta abigarrada disciplina sí es financiable la seguridad social nacional,
porque a fin de cuentas todo consiste en priorizar objetivos.
Así las cosas, la pregunta
deviene en inevitable: ¿Qué debería hacerse en esta coyuntura para resolver tan
ominoso panorama?
Para comenzar, es necesario
estructurar una genuina política de Estado –que no gubernamental–, que sea de
largo plazo y no quede sujeta a los vaivenes políticos. Será ésta la única forma
de sentar las bases, establecer objetivos y lineamientos básicos nacionales,
haciéndose por fuerza las correcciones estructurales indispensables en los
actuales esquemas vigentes, a partir de la reforma integral al mítico artículo
123 Constitucional ya rebasado en los hechos, cuidando siempre que no se
lesionen derechos o simples expectativas de derecho adquiridos por los
trabajadores.
También será necesario crear
nuevos esquemas modernos y uniformes de protección social. Establecer mínimos y
máximos en prestaciones, poniendo piso y techo a las pensiones. Que exista
siempre un salario regulador para cuantificar prestaciones en metálico y para
pagar aportes a la seguridad social. Que haya portabilidad de derechos para que
estos sigan al operario, cualesquiera que sea su marco de protección social. En
fin, urgiría rediseñar toda la seguridad social para el siglo XXI. No hay otra
alternativa de solución posible.
Resulta inútil cerrar los
ojos al cambio de nuestra sentida realidad, pues reitero ahora lo que he
sostenido al menos desde hace algunos años: algo de los más inseguro que existe
hoy en día en el planeta entero, lo son los propios esquemas de seguridad social
instrumentados.
Urge pues rescatar al ISSSTE;
urge también dotar a los servidores públicos federales, locales y municipales,
de un marco legal realmente protector; y urge también que nosotros los
académicos efectuemos propuestas viables y factibles que orienten y hasta
eduquen a nuestros políticos.
De no hacerlo pronto,
estaríamos apostando a que se ponga punto final a la historia del esquema
protector de las sociedades contemporáneas más magnífico que el ingenio humano
ha podido crear en el decurso de los siglos para atemperar la inseguridad a que
estamos expuestos todos los seres humanos: la seguridad social.
Un servicio público de
seguridad social sólida y confiable es la única alternativa de vida digna para
millones y millones de seres humanos; y los seguros sociales –ya se sabe, el
instrumento concebido para materializar tan legítima aspiración humana que es
irrenunciable e inalienable–, deberán ser corregidos de inmediato, sin prisas
pero también sin pausas, haciéndolo con conciencia de clase y clase en la
conciencia.
Señoras y Señores: Tenemos una deuda impagable
qué saldar con nuestro ancestros que nos legaron una vida mejor, pero sobre todo
con quienes vienen detrás nuestro, nuestros hijos, junto con aquellos a quienes
el insigne Maestro Mario de la Cueva llamaba, con sobrada razón, “los sin tierra
y sin riqueza”: los trabajadores de México.
La alternativa académica es harto sencilla: O lo
planeamos y estructuramos nosotros los juslaboralistas, volviéndonos parte de la
solución y dejando de ser parte del problema; o por nosotros de plano no lo hará
nadie.
Así de simple y a la par así de complicado es el
ominoso futuro de la seguridad social contemporánea.
Guadalajara,
Jalisco, a 18 de Febrero de 2006.
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