El doble criterio del PAN sobre la corrupción
El
Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra ante una contradicción: por un lado es una
fuerza política que enarbola como estandartes la transparencia en el manejo de recursos
públicos y el combate a la corrupción, pero por el otro no duda en defender a su
militante Carmen Segura Rangel, quien acaba de ser destituida como coordinadora general de
Protección Civil por irregularidades detectadas en el Fondo de Desastres Naturales
(Fonden). Se trata de un caso escandaloso por dos motivos principales. El monto del fraude
asciende a unos mil 321 millones de pesos, cifra que podría aumentar conforme avancen las
investigaciones. Además, resulta vergonzoso que el dinero destinado a aliviar los
sufrimientos de las personas víctimas de desastres naturales desaparezca para beneficiar
intereses desconocidos.
Las auditorías realizadas hasta la fecha a la
Coordinación General de Protección Civil indican que estos millonarios recursos fueron
empleados en operaciones sospechosas, como licitaciones públicas extemporáneas, compras
de medicamentos con facturas duplicadas y a precios inflados y tratos con empresas
fantasmas y compañías intermediaras cuyos accionistas tienen lazos consanguíneos. Para
citar sólo un par de ejemplos, la entidad adquirió agua embotellada por cerca de 10
millones de pesos de la empresa Calram, SA que hasta 2002 fungía como taller mecánico, y
material de curación por 19 millones de pesos al despacho de contadores Imagen y
Diagnóstico Social, SA.
El gobierno federal pudo haber tomado cartas en el asunto
hace un par de años, pues en noviembre de 2003 el titular del órgano de control interno
de la Secretaría de Gobernación, Marco Antonio Herrera García, informó al entonces
secretario de Gobernación, Santiago Creel, de irregularidades "que podrían arrojar
posibles daños al erario por 19 millones 414 mil 386 pesos". Sin embargo, Creel
Miranda no lo consideró, por lo que cabe preguntarse hasta dónde habría crecido el
fraude de no haberse presentado fenómenos climatológicos tan destructivos como los
huracanes Katrina, Stan y Wilma, que dejaron decenas de miles de damnificados en los
estados del Golfo de México y del Pacífico.
A pesar de estos indicios que apuntan a la directa
responsabilidad de Segura Rangel inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos,
el PAN optó por defender a su militante: le facilitó la sede nacional del partido para
ofrecer una conferencia de prensa en la cual expuso su postura; el dirigente panista en el
Distrito Federal, Carlos Gelista, le manifestó el "total apoyo del PAN", y el
candidato panista, Felipe Calderón, la calificó como una persona honesta y aseguró que
los desvíos de dinero provienen de "desajustes administrativos de sus
subordinados". Esta actitud choca directamente con los principios de honestidad y
transparencia que presume este partido, así como con el tan publicitado combate a la
corrupción por parte del gobierno federal. ¿Será acaso que el PAN pretende imitar al
Partido Revolucionario Institucional con el caso de Arturo Montiel, acusado de
enriquecimiento ilícito? Hay que recordar que el ex gobernador del estado de México fue
juzgado ante la opinión pública pero nunca pisó los tribunales. Tal parece que con la
destitución e inhabilitación de la funcionaria los panistas pretenden dar por terminado
este asunto y evitar daños mayores a su imagen de cara a las elecciones de julio de 2006.
Por lo pronto, sería saludable para el país que la
denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, interpuesta por los partidos
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de
México, y posiblemente otra ante la Procuraduría General de la República, prosperen
para que este caso no quede impune, como las citadas denuncias contra Montiel, el
Pemexgate y los Amigos de Fox. La lucha contra la corrupción debe darse a rajatabla y sin
excepción alguna, para que realmente sea efectiva, sobre todo cuando se trata de fondos
destinados a la ayuda humanitaria. |