Cádiz Rebelde, 1-14 de Mayo de 2002

El golpe, las imágenes y las palabras

Antonio Maira Rodríguez

I. La conspiración interna

La "libertad" de información es hoy en día la principal reclamación de los EEUU frente a los regímenes que consideran indeseables u hostiles. Esa exigencia aparece, insistentemente, en las leyes Torricelli y Helms-Burton, dirigidas contra Cuba, y ha sido igualmente reiterada en todas las acusaciones lanzadas contra el presidente democrático de Venezuela, Hugo Chávez, cuyo "concepto de la democracia" no gusta a Washington según anunciaba semanas antes del golpe, George Tenet, director de la CIA y, como tal, Jefe de la Congregación de la Doctrina de la Fe en "occidente".

Una persecución en la que acosa el perseguido

Contra Chávez tal denuncia se completaba con la afirmación de que en el país se había desatado una persecución de los medios de comunicación críticos con la revolución bolivariana y de los profesionales esforzados en la búsqueda y transmisión de la verdad. Sin embargo, un recorrido en la red por la hemeroteca de los principales periódicos del país demuestra, sin lugar a dudas, el casi absoluto monopolio de la información ferozmente antichavista. Una persecución absolutamente ineficaz, al parecer, la del "dictador" Chávez.

Pero no es la ferocidad y la absoluta falta de objetividad la única característica de la producción informativa en Venezuela. Tal producción no sólo expresaba una crítica política extrema sino completamente uniforme, lo que pone en cuestión su función democrática y su carácter representativo. No olvidemos que el presidente Chávez y la revolución bolivariana han sido reiterada y rotundamente elegidos en varios procesos democráticos absolutamente limpios.

Los medios de comunicación venezolanos han demandado un golpe de estado con una saña inaudita, con una irresponsabilidad criminal ante los posibles costes humanos masivos de una operación como ésa, y con total falta de objetividad informativa y de respeto democrático y constitucional.

Además de evidenciar su cualidad de instrumento de la élite venezolanos emplearon procedimientos que revelaban un absoluto desprecio por la inmensa mayoría de la ciudadanía de Venezuela.

Quien quiera comprobar todo esto no tiene más que tomarse la molestia de ojear el amplísimo conjunto de medios de comunicación disponible en la red, empezando por "El Nacional", "El Universal" o "Globovisión".

Para todos los sistemas legales occidentales anteriores al 11 de septiembre el comportamiento de los medios venezolanos podría ser calificado fácilmente de criminal. Si se aplicaran los criterios antiterroristas vigentes ahora en las "democracias occidentales" sus propietarios y directores estarían enjaulados en la base estadounidense de Guantánamo.

En Venezuela se clarifica la exigencia de los EEUU

Lo asombroso, realmente, es que la impunidad con la que los medios de comunicación han promovido un golpe contra una constitución aprobada por más del 70% de los ciudadanos ha sido absoluta.

No ha habido más represión que la que "aterroriza" en estos días a Rafael Poleo, editor de la revista "Zeta" y del diario "El Nuevo País". Este individuo entra y sale con total libertad de Venezuela, alardeando de su participación en el golpe, amenazando con reiniciarlo y permitiéndose el lujo de insultar al presidente de una manera increíblemente soez[1]. Todo ello a pesar de que, según sus propias declaraciones y las de su hija Patricia Poleo -una de las referencias mediáticas del golpe- levantó acta de la primera reunión del estado mayor golpista y era uno de los encargados de redactar el "Acta fundacional" del nuevo gobierno.

Los EEUU presentan como pieza básica de la "democracia modelo" la existencia de "libertad de prensa". Sin embargo, está meridianamente claro que la exigencia no tiene nada que ver con la libertad de expresión y comunicación y con el derecho a la información, sino con la privatización de los medios o, lo que es lo mismo, con la concesión de un monopolio en el campo de la información y de la creación de la opinión pública a los grandes grupos económicos. Sólo la élite económica puede tener voz y medios para fabricar "opinión pública". Los medios de comunicación son un eficacísimo instrumento de poder de los grandes grupos empresariales.

Unidad de objetivo: tumbar a Chávez

En Venezuela, la actitud de los grandes medios de comunicación durante los últimos años, su participación desenmascarada en una larga campaña desestabilizadora, sus llamadas a "tumbar a Chávez" en las jornadas anteriores al 11 de abril, la cobertura -mucho más entusiasta que informativa- del proceso de ruptura constitucional violenta operando los medios en una red de discurso único, y el silencio sobre la reacción popular cuando la Junta golpista fue derrotada, permite hablar de golpe empresarial-mediático-militar.

Los medios de comunicación, con un trabajo que va mucho más allá que la complicidad, prepararon sistemáticamente el ambiente, llamaron a la ruptura violenta del orden constitucional en nombre de la "democracia", presentaron los intereses de la oligarquía como intereses de todos, negaron la potestad legislativa del Congreso venezolano, proporcionaron la coartada inmediata para que un golpe planeado se presentase como una exigencia humanitaria, encubrieron la naturaleza fuertemente reaccionaria y antidemocrática del decreto ley promulgado por la junta, festejaron y azuzaron los inmediatos allanamientos, apaleamientos y detenciones efectuados por la junta golpista, y ocultaron la progresiva y masiva reacción popular y militar contra el golpe.

Trabajaron en cadena de "todos lo mismo" para proponer, transmitir y celebrar el "golpe providencial". Continuaron ejerciendo una libertad de prensa según el modelo imperial para identificar como democracia recobrada la liquidación por una junta golpista de una constitución aprobada por más del 70% de los venezolanos, la detención del presidente más votado de América y su sustitución, vía "decreto-bando golpista", por el presidente de la federación de empresarios, la disolución de todos los poderes públicos y el cese de todas las autoridades electas, y la implantación de un régimen "provisional" de poder personal que en principio se auto legitimaba durante un año. Jalearon los allanamientos inmediatos y las detenciones -con apaleamientos en algunos casos- de parlamentarios, alcaldes, ministros y ciudadanos corrientes, de una operación de caza y captura que tenía todo el aspecto de ser el comienzo de un baño de sangre fascista. Por si fuera poco, también en cadena de "todos lo mismo" hicieron escarnio de las víctimas mientras duró la "fiesta democrática" que definen para estos casos los manualitos de la CIA.

También en cadena -esta vez de silencio- ocultaron el ejercicio de democracia directa y de alto riesgo que hizo el pueblo venezolano con manifestaciones populares, masivas y múltiples, para restaurar su constitución y rescatar al presidente.

El escándalo de la impunidad

Lo más asombroso de todo es, como ya he señalado, que una conspiración pública, flagrante y documentada como ésa, se realiza tanto en la fase preparatoria como en la operativa con la más absoluta impunidad. No sólo los dueños y los responsables de los medios no han sido detenidos y procesados acusados de golpismo, sino que todos los demócratas del "consenso washingtoniano" clamarían al cielo si lo fuesen.

Sólo el pueblo venezolano, sublevado contra Pedro Carmona y su Junta fascista, identificó a las empresas de comunicación como enemigos y ocupó algunas de ellas en las jornadas del 13 y del 14 de abril.

La exigencia imperial de "libertad de prensa" quiere decir, por lo tanto, dos cosas: monopolio empresarial de la información y carta blanca a los medios monopolizados. Tal es la estructura de comunicación y formación de la opinión pública en nuestras sociedades globalizadas.

La "información veraz" enemiga intolerable

El significado de la reclamación de "libertad de prensa" que lanzan los Estados Unidos ante cualquier grieta en el monopolio de los medios de comunicación por grandes empresas privadas, puede ser entendido en el contexto ejemplar del proceso de golpe militar en Venezuela. No debe olvidarse, para entender la importancia que sobre el control social tienen los medios de comunicación, algunos hechos muy significativos. Uno de ellos es aquella reacción histérica, de las mismas empresas de comunicación que perdieron la careta durante la fase final de un golpe evidentemente fascista, ante la insistencia de la revolución bolivariana en proclamar un derecho a "la información veraz".

La información veraz, lo sabe la oligarquía venezolana y el gran patrón de todas las oligarquías que devastan en mundo, los EEUU, es un enemigo intolerable para el sistema.

II. La conspiración exterior

El ejemplo de un medio "democrático": "El País" y el golpe

Los sucesos de los últimos días en Venezuela han producido el desenmascaramiento masivo de gobiernos, fuerzas y dirigentes políticos, personajes públicos y, sobre todo, medios de comunicación. El panorama en el conjunto de las "élites sociales" de nuestras sociedades presuntamente democráticas es absolutamente desolador. El factor externo del golpe, su aceptación internacional, tuvo mucho más éxito que los apoyos internos en Venezuela. Y eso a pesar de que las medidas inmediatas del gobierno golpista fueron realmente escandalosas, la oligarquía venezolana tomaba el poder sin enmascaramiento alguno: nombramiento como presidente del país al de Fedecámaras, la asociación de empresarios, definición inmediata de un estado de excepción y de una dictadura extrema.

Conspiración mediática y simpatías golpistas

Una peculiar "corrección política", compartida por casi la totalidad de las élites democráticas de occidente, aconsejó a todos los medios de información la no utilización de la palabra "golpe de estado".

El presidente Aznar hizo votos por la inmediata restauración de la paz pública después de que el triunfo aparente del golpe y la promulgación de un decreto-ley que establecía una dictadura desenmascarada, convirtiese ese deseo en una recomendación de sumisión al nuevo poder. El ex presidente González justificó inmediatamente el golpe al denunciar en las horas siguientes al mismo la "dictadura de Chávez".

Todos aceptaron y reprodujeron, para mantener a salvo sus simpatías por el gobierno "de facto", la cínica versión sobre la masacre ante el Palacio de Miraflores del día 11 y su importancia como detonador inevitable del golpe, aún cuando los hechos demostraban un planeamiento completo de los incidentes, y las informaciones independientes o contradictorias advertían que los disparos procedían de los mismos sectores que estaban violando la legitimidad democrática de Chávez. Todos reprodujeron, sin duda aparente ni averiguación alguna, la versión difundida por el conjunto de medios de comunicación privados que trabajaron en cadena para unificar y controlar la información, y aportar el elemento mediático del golpe.

"Rebelión democrática" frustrada

En El País del 17 de noviembre, el corresponsal en Venezuela Juan Jesús Aznárez realiza un "meritorio" esfuerzo para exculpar a la mayoría de los promotores del golpe empresarial-mediático-militar que tuvo lugar en Venezuela el jueves 11 de abril.

La estrategia es sencilla y altamente eficaz.

Se trata de inventar una segunda voluntad perversa que sustituyó a la voluntad del "movimiento cívico militar" que destituyó a Chávez. Esa segunda voluntad, que al parecer no se hizo presente durante los meses de agitación golpista continua que vivió Venezuela, emergió, oscura y siniestra, en las horas siguientes al derrocamiento de Chávez. De este modo queda exculpado el golpe mismo, desgraciadamente deformado por algunos de sus agentes, "miembros de la extrema derecha y el Opus Dei. En realidad, la primera voluntad sería la de una "rebelión civil" a la que el País no calificó nunca de golpe de estado.

En un artículo titulado: "Venezuela: por qué fracasó el golpe", con una desvergüenza y una técnica manipuladora insuperables, el insigne periodista introduce motivaciones, justificaciones y actitudes distintas entre los autores del golpe. Una parte de ellos -los responsables del fracaso final que lamenta claramente Aznárez- suplantaron la voluntad de los otros: "sus promotores entraron en colisión unos con otros. Se impusieron la derecha y el revanchismo, el sector que redactó un decreto-ley que arrasó con la Constitución Bolivariana y determinó el alejamiento de los militares moderados y del principal sindicato de trabajadores".

De este modo, los actos que identificaron con claridad las intenciones democraticidas de los golpistas: no sólo la derogación de la Constitución aprobada en referéndum por una enorme mayoría de los venezolanos, sino también la disolución de la Asamblea legislativa, la eliminación de los poderes Judicial y Electoral, y la de todas los demás instituciones representativos nacionales, estatales y locales, incluida la asunción de todos los poderes por un gobierno auto nombrado, son atribuidos a determinados sectores. También a esos advenedizos de última hora se asigna el propósito, anunciado inmediatamente, de gobernar por decreto durante un año (es sabido que casi todos los golpes se inician con declaraciones expresas de provisionalidad, amplísima, por cierto, en este caso). "Trescientos sesenta y cinco días" deletreó, cifra a cifra, el capo empresarial y presidente golpista Pedro Carmona, no se sabe si para alardear y aterrorizar contando uno a uno los días negros, o para disimular un poco el enorme plazo fatídico.

La intención de Aznárez, siguiendo la línea informativa del País, es muy clara: hay que salvar lo fundamental del golpe. "Las intenciones del líder empresarial, empleado de Venoco, se demostraron diferentes a las de la mayoría de venezolanos presentes en las masivas movilizaciones de los últimos meses contra la revolución y belicosidad del comandante de paracaidistas".

Mientras triunfa el golpe

Salvar lo fundamental, claro está, después de que el golpe ha fracasado. Con anterioridad a este hecho, El País lo apoya con el brutal decreto-ley de excepción incluido. El día 13 de abril menciona a ese Pedro Carmona, tan denostado ahora, de una manera mucho más atractiva: "presidente de la junta cívico-castrense que conducirá a Venezuela hacia unas nuevas elecciones a corto plazo", y proclama sus buenas intenciones: "prometió una democracia 'amplia, pluralista, de fuertes valores democráticos', diferente -aclara por cuenta propia El País- a la practicada por Hugo Chávez".

Este mismo día sigue castigando, como autores y responsables de todos los desórdenes, a los defensores de la legalidad democrática violentada por el golpe, cuando menciona como prioridad del nuevo gobierno "el desarme de los grupos incontrolados del oficialismo". Pero eso no es lo más escandaloso en esa jornada informativa. Falseando descaradamente informaciones procedentes de organizaciones humanitarias el periódico sigue afirmando en titulares: "Los tiroteos de grupos chavistas causaron hasta 24 muertos". Y su corresponsal Luzmila Vinogradoff[2] insiste: "Ni el luto de los caraqueños por los primeros 16 mártires de la democracia, muertos a balazos el pasado jueves por manifestarse en la calle contra el ex presidente Hugo Chávez...". El País se identifica plenamente con el golpismo tal como viene.

La intención final

Esos sectores duros que aísla Aznárez para defender el carácter "democrático" del proceso de desestabilización, son también para El País posterior al 14 de abril los responsables exclusivos de las detenciones, allanamientos, persecuciones con las que se inició inmediatamente la nueva fase política, así como de la estricta censura informativa con la que se intentó mantener engañado al pueblo venezolano y a la opinión pública internacional.

Es importante no limitar las intenciones de El País a una simple justificación a posteriori del derrocamiento del presidente Chávez. Nada de eso. La estrategia del periódico, cuyos instrumentos son J. J. Aznárez y la inefable Luzmila Vinogradoff, no conduce únicamente a afirmar la "buena voluntad democrática" de la mayoría del equipo que según sabemos ahora provocó los enfrentamientos del jueves día 11 y los utilizó como coartada para un golpe de estado.

La intención final es la de proteger a los grandes agentes desestabilizadores y mantener activa la dinámica del golpe.

Trabajadores en Fedecámaras, trabajadores con Fedecámaras

Fabulosa la versatilidad de "El País" -eufórico con el golpe entre el 12 y el 14 de abril- cuando presenta a la patronal Fedecámaras como una organización que "engloba a diez millones de trabajadores". Antológico.

Ahora, días más tarde, se trata de una operación de salvamento y recuperación de las organizaciones y dirigentes del "golpismo constitucional".

Uno de esas organizaciones es la CTV, el aparato sindical vinculado a la Alianza Democrática de Carlos Andrés Pérez y a sus prácticas corruptas en las que han participado durante largos años. Fueron, desde el principio, enemigos declarados del gigantesco movimiento popular que denunció la corrupción escandalosa del bipartidismo AD-Copei, y que derivó en el triunfo de Chávez. Sólo integra al 18% de la fuerza laboral y sus dirigentes ejercen bajo sospecha de fraude en las últimas elecciones sindicales. Han colaborado directamente en el golpe y han colocado de presidente al representante de la patronal Fedecámaras, miembro muy destacado también de una de las oligarquías más reaccionarias de América Latina. El secretario general de la CTV, Carlos Ortega, compartió con Carmona el objetivo de la huelga general: el derrocamiento de Chávez.

Aznárez excluye también a Ortega de toda responsabilidad en el bochornoso gobierno de 48 horas y en el establecimiento de una dictadura sin paliativos. Como prueba aporta una crítica del dirigente sindical al decreto ley que definió el "nuevo régimen": "Atenta contra el derecho y la libertad del movimiento obrero". Casualmente, Ortega hizo estas declaraciones cuando la revuelta popular masiva contra los golpistas y la negativa a obedecerles de varias guarniciones militares, hacían inevitable el retorno de Chávez a la presidencia de Venezuela. Lo del máximo dirigente sindical fue una auto exculpación apresurada y oportunista. Como la de tantos "golpistas blandos".

Desde El País, uno de los eslabones de la red mediática del golpe fuera de Venezuela, Aznárez sostiene la burda simulación de los dirigentes del sindicato. "La alianza contra Chávez establecida por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la patronal Federación de Cámaras (Fedecámaras), dirigida por Carmona, quedaba hecha trizas al publicarse, la noche del viernes, el primer decreto-ley de la presidencia de facto instalada un día antes, mientras en la calle crecían las protestas y la insurrección de los batallones leales al jefe de Estado. La CTV no había sido consultada, y su secretario general, Carlos Ortega, se sintió traicionado".

Una buena fuente

Aznárez sostiene su teoría del golpe duro que frustra traicioneramente las mejores intenciones de un "movimiento cívico-militar democrático", en las declaraciones de Patricia Poleo, directora del periódico venezolano "El Nuevo País" y, para más garantía de objetividad informativa, "Premio Rey de España de Periodismo". Nada menos.

Ocurre sin embargo que Patricia es una representante destacada de esa oposición mediática furibunda, que ha escandalizado por su agresividad, su utilización ilimitada de la injuria y su absoluta identificación con la oligarquía, a todos los observadores imparciales. Patricia Poleo es componente, insigne también, de esa cadena conspirativa que hizo trabajar a los medios de comunicación como una red disciplinada de discurso único, elemento fundamental del golpe de estado.

Patricia Poleo, que proporciona el valioso dato de que "En todas las reuniones -se refiere a los golpistas- se habló de que la junta que debía asumir la transición debía contar con el componente empresarial, el laboral y el militar", y que acusa a Pedro Carmona de engañarles a todos, es hija de Rafael Poleo -papá que edita su periódico- uno de los teóricos y primer Notario General del Reino de Carmona.

Las conclusiones de todo esto son alarmantes. El País no solamente actuó como un elemento de la red mediática que preparó el golpe militar en Venezuela -hace unas semanas el mismo Aznárez comparaba a Chávez con Idi Amín y con Mussolini- sino que está haciendo todo lo posible para sostener la "legitimidad democrática" de los agentes y del propio proceso de desestabilización que ha conducido al golpe de estado.

Nada de esto es demasiado extraño si tenemos en cuenta dos de los elementos fundamentales en la política informativa de El País en relación con este país latinoamericano: uno de ellos es la "legitimidad imperial" que tiene el golpe contra Chávez. Tal legitimidad es un elemento director para ese periódico. El otro son las relaciones empresariales del Grupo Prisa en América Latina. Sin olvidar la histórica relación entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez, uno de los políticos más corruptos del continente y agente privilegiado de la conspiración antidemocrática en Venezuela.

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[1] El País, 26 de abril: "Chávez está en libertad provisional". En esta entrevista, Poleo -quien es presentado amablemente por José Comas como testigo de "primera fila" del golpe- maneja todos los lugares comunes del fascismo latinoamericano, aderezados con una chulería y una brutalidad verbal casi inauditas.

[2] El día 24 de abril "Canal +" -otro producto del grupo Prisa- emitía un programa especial de producción propia: "El último show de Chávez", cuya dirección en Venezuela había sido realizada por L. Vinogradoff. Una de las "heroínas" del programa era Patricia Poleo hija de Rafael. Las otras dos: Marianella Salazar y Mharta Colomina -quien quiera echarle un vistazo a su currículo y a sus promotores pueden visitar la página http://www.mujereslegendarias.org.ve/

El guión, salvo la parte final que se había adaptado levemente a los sucesos del 13 y 14 de abril, parecía hecho para justificar un golpe de estado triunfante. El nombre de Patricia Poleo aparece en una nota manuscrita de Pedro Carmona en la que se relacionan los posibles ministros y altos cargos, abandonada en la fuga del palacio de Miraflores. Ver Hemeroteca Internacional.

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