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Últimas Noticias, 6 de Octubre de 2002
Venezuela se encamina hacia su reindustrialización
César Contreras Altuve
Que la industria aporte el 20% del PIB: Vítor Álvarez
En cinco años puede lograr estatus de país
industrializado
Esa es la meta de la política industrial del Gobierno
PROGRAMA SECTORIAL Se busca el reimpulso de la industria automotriz mediante un conjunto de subprogramas.
Caracas. Venezuela puede alcanzar en el mediano plazo un grado de industrialización tal que le permita ser considerado un país industrializado en el concierto del mundo.
Ese aserto puede parecer un sueño, pero en realidad el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de la Producción y el Comercio, del Viceministerio de Industria, desarrolla una política industrial orientada hacia ese meta.
El viceministro de Industria, Víctor Álvarez Rodríguez, agrega que siempre que se cumplan previamente dos grandes objetivos, que analizaremos más adelante, Venezuela podrá avanzar hacia el logro de la tercera gran finalidad de la política industrial: la reindustrialización, proceso que persigue elevar a no menos de 20% del Producto Interno Bruto, PIB, el aporte de la industria manufacturera a la riqueza nacional. Un país es calificado como industrializado cuando su aparato industrial contribuye con, al menos, el 20% del PIB.
En síntesis, las metas fundamentales de la política industrial son: exportaciones no tradicionales hasta por $7 mil millones anuales en los próximos cinco años; generación de por lo menos un millón de empleos en el sector industrial, y participación de éste con no menos del 20% en el PIB.
Antes de alcanzar las metas referidas, el Gobierno se propone que Venezuela, en un período de 18 meses, pueda recuperar el grado de desarrollo industrial que tenía antes de 1989, es decir, hasta cuando se inició el proceso de apertura.
Hasta ese entonces, la industria contribuía con el 18% al PIB. Actualmente sólo aporta el 13,8%.
El aporte de la industria se ha desplomado.
Tareas. Para alcanzar la meta final de la política industrial se requiere el cumplimiento de imprescindibles tareas previas.
La primera es el proceso de reactivación industrial, que significa la recuperación de la actividad productiva tras la profunda caída registrada en la última década, al punto de que la capacidad ociosa de la industria oscila entre 50% y 60% en la actualidad.
Hay empresas que están trabajando dos o tres días semanales porque perdieron mercado.
En consecuencia, se han tomado un conjunto de medidas para rescatar la producción nacional. Entre éstas se halla, en primer término, el decreto de compras gubernamentales ("compre venezolano"), promulgado a principios de agosto pasado. Este decreto instruye de modo preciso a ministerios, institutos autónomos, empresas estatales, gobernaciones, alcaldías, para que prefieran la producción nacional frente a la oferta importada cuando efectúen sus compras.
La idea es reorientar hacia el mercado interno más de $12 millardos que los entes estatales invierten cada año en la compra de bienes y servicios.
Más medidas. El "compre venezolano" se complementa con otras medidas: normas de etiquetado, certificado de origen, precios de referencia y salvaguardias.
El reglamento de etiquetado (instrumento para combatir el contrabando) y las salvaguardias van dirigidas particularmente hacia los sectores calzado y textilconfección.
Se le ha dado prioridad a estos sectores por ser intensivos en empleo, concentran muchas pequeñas y medianas empresas, así como empresas familiares. Además, ofrecen muchísimo empleo a la mujer.
Las salvaguardias se hallan actualmente en proceso de investigación para determinar si se justifica su aplicación.
Se debe dilucidar si ha habido exceso de importaciones y si éstas le han causado daño a la industria nacional.
Las salvaguardias significan, generalmente, aumento de los impuestos (aranceles) de importación.
Ya se aprobaron salvaguardias para el sector papel y carne de pavo. Está comenzando la investigación en los casos de confección y calzado.
Los certificados de origen tratan de impedir que ingresen al país mercancías fabricadas en países que practican el "dumping social", es decir, donde los trabajadores (particularmente mujeres y niños) ganan salarios ínfimos, además de que no gozan de beneficios.
Mediante los precios de referencia se intenta enfrentar la denominada subfacturación, práctica que consiste en que muchos importadores declaran el valor de la mercancía que traen por debajo del que realmente tiene.
Todas estas medidas son para reactivar el aparato productivo, pero son temporales, instrumentadas necesariamente dada la gravedad de la situación de la industria nacional.
Durarán tres años.
Esas medidas de rescate y defensa de la producción nacional se han estado tomando en los últimos dos meses, señala el ministro.
Mejorar desempeño. Las anteriores medidas deben contar, para tener éxito, con el esfuerzo de la industria para mejorar su propio desempeño.
Aquí se llega al segundo objetivo de la política, es decir, la reconversión industrial, la cual debe complementar a la reactivación.
La industria debe contribuir mejorando su calidad, productividad y competitividad. Si esto no ocurre, la reactivación carecerá de sentido.
Si no se aprovechan los tres años que duran las medidas de protección para reconvertir la industria nacional, se vencerá el lapso y al final se pondrán de manifiesto nuevamente las mismas carencias y debilidades de nuestra industria.
Por el contrario, si mejora su desempeño, la industria podrá enfrentar en mejores condiciones la competencia de los productos importados en el mercado interno. Podrá ganar licitaciones sin necesidad de que se le dé el margen de preferencia que se le está dando a través del "compre venezolano".
Al cabo de tres años, la industria debe tener ventajas competitivas para enfrentarse con éxito a las importaciones.
Acciones tributarias. El plan de reconversión contempla varias disposiciones. Una es que serán exoneradas del impuesto sobre la renta las inversiones que efectúen las empresas para mejorar sus procesos productivos y productividad, lo que les facilitará reducir costos y ofrecer mejores precios.
También podrán deducir del impuesto las inversiones que hagan para mejorar la calidad de sus productos; en la formación y mejoramiento del capital humano (ventajas competitivas); en el desarrollo de sistemas de información (internet).
Serán exoneradas todas las inversiones que se realicen para crear ventajas competitivas de tipo tecnológico, que son las más duraderas y sólidas. Las primeras medidas son coyunturales, estas últimas son de cambio estructural. Probablemente esta semana llevemos el decreto de exoneración al Consejo de Ministros.
La exoneración regirá en los ocho estados que ofrecen menor desarrollo relativo en el país: Sucre, Delta Amacuro, Amazonas, Apure, Trujillo, Barinas, Portuguesa y Guárico.
Se busca la reubicación de empresas ya existentes y la localización de nuevas empresas en estas regiones.
Financiamiento. Se está impulsando el Fondo Venezolano de Reconversión Industrial para que se convierta en el apoyo financiero de los procesos de reconversión.
A través de este fondo se administrarán y ejecutarán programas de reconversión ambiental para aumentar la eficiencia en el uso de la energía.
Según indicadores internacionales, el peso relativo de la energía en los costos de producción se ha reducido de 9% a 3% en los últimos 20 años. Sin embargo, muchas actividades industriales en Venezuela continúan siendo intensivas en el uso de energía, lo que significa que son ineficientes.
Se desarrollará un programa para que las empresas contraten consultores que les ayuden a diseñar programas de reconversión. El programa financiará el 75% de los honorarios del consultor durante los primeros seis meses; en el segundo semestre el 50%, y en el tercero el 25. %La empresa cubrirá las diferencias.
AUTOMOTORES
La política industrial combina dos estrategias: políticas horizontales que inciden sobre todos los sectores productivos, y políticas verticales o sectoriales; por ejemplo, el programa de reactivación del sector automotor. Éste contiene subprogramas como el del vehículo oficial, que establece que los entes públicos compren sus carros en el país. Otros son la exoneración del IVA a la fabricación en el país de unidades de transporte; limitación de importación de repuestos usados sólo para autos que tengan más de 10 años, o de aquellos que no se fabriquen en el país; suspensión temporal del pago de aranceles de importación de materias primas y bienes intermedios para ensamblar vehículos en el país, los cuales deben tener no menos de 25% de contenido nacional.
La reindustrialización requiere, además, programas de promoción de nuevas inversiones, de exportaciones y para la promoción y desarrollo de las industrias del conocimiento, que usan intensamente, por ejemplo, biotecnología, software, hardware, etc., en sus procesos productivos.