El Nacional, 9 de Julio de 2002

Venezuela: ¿sociedad de los privilegios?

Franklin González

Cualquier gobernante que dirija, o aspirante a dirigir los destinos de Venezuela, con eficiencia, gerencia y eficacia, tiene que estar dispuesto a enfrenta una sociedad en la cual lo que predomina son los intereses y privilegios de los actores políticos, económicos, sindicales, gremiales y militares.

Si existe un denominador común que unifica a la sociedad venezolana ese no es otro que la defensa de los intereses que acompañan a todos sus habitantes, y dependiendo de la relación que se tenga con quien ejerza el gobierno, esos intereses serán más o menos "satisfechos".

Hoy como ayer se vive una lucha de distintos sectores en la defensa de sus particulares modos de entender el país.

Si se plantea eliminar la transmisión en vivo de las carreras de caballo por la radio y la televisión para contrarrestar la ilegalidad que se esconde tras este juego, inmediatamente surgen las voces que se sienten vulneradas: las emisoras y los canales de televisión que trasmiten las carreras, los centros hípicos y los jugadores.

Si se asoma la idea de combatir el juego ilegal de las loterías, se levantan las voces de los jugadores y dueños de estos establecimientos hablando del aumento del desempleo y la pobreza, en caso de que esto llegare a concretarse.

Si se considera incentivar las importaciones para estimular la competencia, los industriales domésticos saltan diciendo que eso atenta contra la reactivación de la economía nacional.

Si por el contrario el Gobierno habla de una posible prohibición de importaciones o de la aplicación de sobretasas arancelarias para frenar las importaciones de textiles y calzados, al unísono todos los sectores del comercio levantan la bandera de la inconveniencia de decisiones de este tipo por cuanto harían que las ventas cayeran mucho más, se encarecerían los costos y, por esa vía, también los precios de venta al consumidor.

Los exportadores sostienen que un bolívar sobrevaluado conspira contra el crecimiento de las divisas por vía de las mercancías transables no tradicionales. Por tanto hay que devaluar.

Si la reforma al impuesto sobre la renta plantea pechar los dividendos que pagan las empresas a sus accionistas, se sostiene que ello castigará el ahorro y desincentivará la inversión.

Si en esta misma reforma se considera gravar la renta obtenida por capitales extranjeros, se argumenta que la mejor solución no está allí sino en fomentar e incentivar la inversión de nuevos capitales a través de estímulos fiscales y de seguridad jurídica.

El sector agrícola levanta la bandera de la seguridad alimentaria como un mecanismo de protección y sostiene a su vez que no deben pagar impuestos a la renta porque no reciben servicio por parte del Estado.

Los gremios de la educación básica, media y diversificada, se oponen a la modificación del calendario escolar sugerido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes porque ello puede atentar contra los 60 días de vacaciones.

Las autoridades de las universidades públicas nacionales, apegadas al derecho constitucional de la autonomía universitaria, no rinden cuenta anuales de su gestión y se resisten a las auditorías académicas y administrativas, so pretexto de que en algún momento este proceso comenzará por decisión interna.

Los militares venezolanos se resisten a que la Contraloría General de la República sea el órgano que vigile y controle el presupuesto que año tras año debe destinarse para los fines que establece la ley y los reglamentos.

Y estos privilegios se reproducen, con las mismas características, en las gobernaciones, alcaldías, parroquias, pueblos y caseríos del país.

Ante esta realidad inocultable preguntamos: ¿Qué hacer para erradicar estos privilegios.?

Director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV