Red Bolivariana, 27 de Agosto de 2002
Responsabilidad y Rectificación
Jorge Arreaza Montserrat
Lo primero hicieron los militares sublevados el 4 de febrero de 1992, fue asumir su responsabilidad ante la historia y las consecuencias de sus actos.
Ese gesto fue considerado valiente y valioso por la mayoría de los venezolanos. Hoy, es momento de asumir responsabilidades una vez más, y así como aquel intento de golpe derivó en un movimiento social, político y democrático, hoy es preciso reconducir el proceso desde el gobierno y desde las bases.
El país entero ha sufrido la indignación de la decisión del TSJ absolviendo a los militares abiertamente golpistas. Las preguntas que surgen son:
¿Quiénes nombraron a esos Magistrados del TSJ?
¿Quién le dio la confianza y el poder a Luis Miquilena para negociar el nombramiento de esos jueces?
¿Quiénes decidieron, bajo la excusa de la transitoriedad, obviar llas disposiciones constitucionales para designar a los Magistrados en el 2000?
¿Quiénes han dejado rezagada la discusión y aprobación de la Ley Orgánica del TSJ?
Las respuestas pueden ser diversas: el Presidente Chávez, los Diputados y el partido V República, el pueblo que no presionó a sus representantes para que no cometieran esos errores o aprobaran la Ley con carácter prioritario. No cabe dudas que gran parte de la responsabilidad se halla al interior del proceso y es necesario asumirlo para poder corregir el rumbo. Fueron errores políticos cuyas consecuencias jamás fueron calculadas a plenitud. Un poco de introspección siempre es útil y pertinente para no alejarnos de la realidad.
Quizás haya sido una fortuna que la decisión sobre los militares golpistas se produjese antes de las decisiones relacionadas con las acusaciones contra el presidente de la República. Ha sido una señal de alarma, un punto de inflexión y reflexión. Ante estas circunstancias debemos apelar a la inteligencia, a la moral, a la constitucionalidad. Las manifestaciones de calle contra la incomprensible posición de la mayoría de los Magistrados del TSJ, son válidas y democráticas, siempre y cuando se desarrollen en un clima de civismo, sin violentar los derechos y libertades de los ciudadanos.
Es bueno que se conozca la opinión de las mayorías. Los líderes políticos y Diputados del proceso antes de plegarse a las movilizaciones con las manos lavadas, deben reconocer su responsabilidad política y ofrecerle soluciones constitucionales y legales a los ciudadanos. El pueblo debe exigir esta rectificación.
No se puede descuidar el campo judicial, menos aún cuando los adversarios se han percatado que por los sables este gobierno no puede caer. La aprobación de la Ley del Poder Judicial es impostergable. La despartidización de la administración de justicia en Venezuela es indispensable, y poco se ha hecho, hasta la fecha, para ejecutarla. Las soluciones deben ser inteligentes, legalistas, legítimas y eficientes. La impulsividad no tiene cabida en casos tan delicados como este.
En lo político, el pueblo debe oxigenar la democracia y ofrecer la primera y última palabra. Los referenda revocatorios constituyen la vía más democrática para clarificar los escenarios, definir los actores una vez más y blindar la paz ciudadana. No obstante, lo fundamental es retomar el camino desde sus raíces. Acontecimientos como el Golpe de Estado de abril han sido útiles para depurar buena parte del proceso, para ver caer máscaras y para ser testigos de consecuencias como las del TSJ. El espíritu del 13 de abril, el de un pueblo en las calles, en plena dictadura, sin temor, reclamando, Constitución en mano, la reinstauración de la legalidad, esta más vivo que nunca. Esa actitud de fortaleza invulnerable no debe ceder. Hay que apelar a la eficiencia, a la solidaridad, al diálogo sincero, a la moral, a las luces y a la democracia.
La oposición democrática también tiene un rol que cumplir: depurarse de los infiltrados golpistas y echar sus cartas en el campo constitucional y electoral. ¿Cuántas personas celebraron la decisión del TSJ en Chuao el 14 de agosto? ¿Cuántos cacerolazos apoyaron el decreto de Carmona o la decisión del TSJ? Evidentemente, la inmensa mayoría de los venezolanos sabemos diferenciar entre lo legal y lo ilegal, entre lo democrático y lo impuesto, entre una verdad y una mentira. Es el pueblo, en su conjunto, el que decidirá el futuro de la República. Para ello, es fundamental el nombramiento del los nuevos representantes del Poder Electoral y la sanción de la Ley correspondiente. Tanto en la reorganización del Poder Judicial, como en la del Poder Electoral, el gobierno y la oposición, la sociedad toda, deben ofrecer soluciones transparentes, serias y soberanas.
Quizás sean estos los escenarios propicios para presenciar un proceso de diálogo más amplio, donde el gobierno, la oposición y los movimientos sociales puedan participar activamente para deshacer los nudos críticos, facilitando que la transparencia y la justicia se hagan presentes se consoliden en nuestra sociedad.
Por otra parte, la reactivación económica es una urgencia. El protagonismo político de oposición no puede reposar en el mundo empresarial. Los empresarios venezolanistas no pueden tener visiones a corto plazo, deben contemplar a Venezuela en su conjunto. Hacer fracasar un gobierno, se traduce en hambre y miseria. Por otra parte, las políticas económicas del gobierno deben ser coherentes, realistas y deben blindarse contra la corrupción. Las políticas sociales, a su vez, deben darle respuestas reales a la crisis económica, para lo cual la población debe ser tomada en cuenta en su planificación, ejecución y evaluación. La democracia participativa debe ser practicada en todos los ámbitos, si queremos presenciar una verdadera revolución.
Venezuela exige responsabilidad y unidad en torno a la democracia y la moral. Asumamos las responsabilidades y emprendamos el camino de rectificación sin dilaciones.
Internacionalista