Red Bolivariana, 1 de Agosto de 2002

Policías a prisión

Recopilación de noticias

Últimas Noticias, 31 de Julio de 2002

Fiscalía imputó a siete PM por muertes en Llaguno

Caracas. El Fiscal 4° del Ministerio Público presentó ayer a la oficina distribuidora de expedientes la imputación contra siete efectivos de la Policía Metropolitana por homicidio calificado, lesiones y uso de armas de guerra.

La distribución no pudo realizarse ayer tarde y quedó para la mañana de hoy, por problemas de índole administrativa.

Se explicó que el Ministerio Público imputa a los funcionarios las muertes de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano, quienes estaban en el puente de Llaguno, y lesiones a otras personas del mismo grupo.

Los muertos y los heridos presentaron impactos producidos por proyectiles calibre 223 disparados por AR15, arma larga de las que sólo hay cinco y que las utiliza la Brigada Motorizada de la PM.

En vista de la gravedad de los delitos imputados, el fiscal Anderson solicita medida privativa de libertad durante todo el juicio.

Acusación contra Peña. 

De otra parte, el abogado Fabián Chacón, representante de la asociación "Defensores de la Constitución Bolivariana de Venezuela", acudió a la Fiscalía General de la República donde denunció al alcalde mayor, Alfredo Peña, por la presunta comisión del delito de peculado impropio.

Explicó Chacón, quien afirma que dirige a un grupo de más de cien profesionales del Derecho, que Peña financió a "The Group Bratton" para la aplicación del plan policial del mismo nombre con dinero del Fondo Social de la Policía Metropolitana.

Añadió el abogado que entregó al Ministerio Público los recaudos demostrativos de las transferencias y otros elementos que soportan la denuncia contra el Alcalde Mayor y los administradores de ese despa cho y del Fondo Social.

En relación con otros casos en los que actúan, Fabián Chacón informó que tienen experticias planimétricas de aproximadamente 50 víctimas de los hechos ocurridos del 11 al 14 de abril, que demuestrarían que al menos 80% de los muertos y heridos son imputables a efectivos de la PM.

Dijo que por eso han solicitado el antejuicio de mérito contra el gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, y el alcalde Alfredo Peña, en el TSJ.

Asimismo sus investigaciones sindican, afirmó, a Guaicaipuro Lameda y al contralmirante Carlos Molina Tamayo como autores intelectuales de las muertes ocurridas en la avenida Baralt.

El Mundo, 30 de Julio de 2002

Policías a prisión

A los uniformados, cuyos nombres no pudieron ser revelados para evitar su fuga, la fiscalía les imputó los delitos de homicidio calificado en grado de responsabilidad correspectiva, lesiones personales y uso indebido de arma de guerra.

La solicitud fue consignada hoy en la oficina distribuidora de expedientes, para que le sea asignado un juez de control, quien expedirá las boletas de aprehensión. Una vez hecho efectivo el arresto, el fiscal Danilo Anderson tendrá 30 días para fundamentar su acusación y presentarla ante el tribunal de control correspondiente.

La decisión de que sea la oficina distribuidora de expedientes la que asigne el juez que se abocará a la causa, echa por tierra el criterio de algunos que señalaban que todos los expedientes de la matanza de Puente Llaguno iban a ser concentrados en un solo tribunal.

Lo cierto es que cualquier juez de control que deba conocer la causa del 11A tendrá que enfrentar los intríngulis que no conoce la opinión pública, pero que hacen de estos expedientes piezas muy complejas y controversiales.

Adicionalmente a esta acción, el fiscal Danilo Anderson solicitó a Isaías Rodríguez medidas de protección para su persona con cualquier cuerpo policial que no sea la PM, pues teme por su vida.

Se conoció que aún se mantiene la disputa de criterios entre los representantes del Ministerio Público comisionados en las investigaciones y que tienen la potestad de ejercer la acción penal, pues los fiscales José Ernesto Graterol y Héctor Villalobos manifestaron no estar informados de la acción realizada por el fiscal Anderson contra los 7 funcionarios policiales. Adicionalmente se supo que al Fiscal General le fue enviado un informe sobre esta situación.

Sin embargo, recientemente Isaías Rodríguez declaró a la prensa que estas diferencias no tienen repercusión importante en la función que al Ministerio Público le está reservada en los juicios, ni mucho menos en los resultados.

El Nacional, 30 de Julio de 2002

Acusarán a policías

Los fiscales del Ministerio Público Héctor Villalobos y Danilo Anderson imputarán hoy a siete personas más por los sucesos del 11 de abril ante los tribunales penales de la República. Villalobos no precisó ayer los nombres de los nuevos implicados, para evitar que evadieran la orden de aprehensión que seguramente dictará contra cada uno de ellos, como medida cautelar, el juez que lleve la causa. Pero sí confirmó que en este grupo de imputados figuran agentes de la Policía Metropolitana.

La mayoría de estas personas será acusada de homicidio, lesiones personales y uso indebido de armas de fuego. Precisamente un agente de la PM constituye la excepción de esta regla, porque sobre él pesará un cargo más fuerte: uso indebido de armas de guerra.

"Es que se logró identificar plenamente a un agente que durante la masacre del 11 de abril portó y usó un fusil, aunque el arma de reglamento de la Policía Metropolitana es el revólver calibre 38", informó una fuente de la Fiscalía. Hasta ahora, tres meses y medio después de la masacre de El Silencio, ningún agente policial había sido imputado ni responsabilizado por ninguno de los delitos ocurridos el 11 de abril en las adyacencias del Palacio de Miraflores, jornada que dejó como saldo 18 personas asesinadas y más de 120 heridas de bala.

"La investigación fiscal se amplió y ha permitido establecer que efectivamente hay funcionarios policiales que causaron muertos y lesionados, que son responsables de estos hechos", anunció el propio fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, el viernes pasado.