UVE, 22 de Agosto de 2002

Ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y en desagravio del pueblo venezolano

Universitarios Venezolanos por la Equidad

"No tergiversarás la Ley, no te parcializarás y no te dejarás sobornar, porque el soborno hace ciego al sabio y pervierte las palabras del justo."
Deuteronomio, 16:18-20

Como universitarios, es nuestro deber fijar posición ante la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia. La Justicia es, como la Academia, esencia de la civilización. Sobre ella se apoyan la libertad, la seguridad, la dignidad, el trabajo y el comercio.

El 11 abril del 2002 hubo un golpe de Estado. Este un hecho establecido, más allá de toda duda razonable, ante los venezolanos y ante el mundo. Es verdad que los golpistas forman parte de una de las dos facciones en que se ha dividido la actividad política en nuestro país. Pero no correspondía a los jueces juzgar políticamente. Como ciudadanos, los magistrados tenían el derecho de cambiar sus lealtades, como algunos lo hicieron. Pero su deber, ante los venezolanos de uno y otro bando, era ser imparciales. Y no sólo debían hacer justicia. Debían impartirla en forma clara e irrefutable, como corresponde a la magnitud de la responsabilidad que les fué confiada.

La disciplina civil que nos impone la Constitución nos obliga a acatar esta decisión. Pero esta misma disciplina nos obliga a repudiar el agravio que once magistrados han inflingido a los venezolanos, a nuestra esperanza de construir una Nación digna.

Exhortamos a todos los sectores del pueblo venezolano a reflexionar, en calma, sobre las consecuencias de esta decisión. Exhortamos también a expresar, ante el mundo y ante nosotros mismos, que esta decisión no se corresponde con el sentido de justicia de los venezolanos. En concreto, sugerimos las siguientes acciones:

Que la Asamblea Nacional y el Consejo Moral Republicano comiencen de inmediato las investigaciones que permitan establecer si en el proceso que llevó a esta decisión pueden establecerse, dentro del marco de la Ley, faltas éticas, administrativas o penales.

Que se declare de prioridad absoluta la depuración del poder judicial, fuera del alcance de la influencia corruptora de grupos económicos y mafias políticas.

Que se organicen actos de desagravio al pueblo venezolano.

Que se discuta en las aulas de escuelas, liceos e institutos de Educación Superior, la necesidad de que la acción pública se circunscriba a los elementos de la Etica.

Que el gobierno nacional asuma, en la práctica, una política de cero tolerancia ante la corrupción de cuello blanco.

Que los órganos de difusión, públicos y privados, sean puestos al servicio de un amplio debate sobre los vicios que han postrado la administración de Justicia en nuestro país.

Que la Iglesia Católica, responsable del bienestar espiritual de buena parte de nuestro pueblo, cumpla con su deber de guía ética, al margen de compromisos económicos y políticos.