Red Bolivariana, 22 de Agosto de 2002
La Red Bolivariana exige la restitución del Estado de Derecho
Comunicado
El 14 de agosto de 2002, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decidió 11 votos a favor contra 8 votos salvados, aprobar la ponencia del Magistrado Franklin Arrieche en la que se le otorgó el sobreseimiento a cuatro altos oficiales de la Fuerza Armada de Venezuela, implicados en la conspiración cívico militar del próximo pasado 11 de abril, desestimando así los méritos para un juicio ante la Jurisdicción Militar.
Como venezolanos, ciudadanos y miembros de Red Bolivariana, preocupados por el destino de nuestro país y particularmente por la sanidad de nuestras instituciones, estamos en el deber de pronunciarnos sobre la decisión emanada de nuestro más alto Tribunal:
1. Se trata de una decisión política impuesta por intereses sectarios que se albergan en el seno del TSJ, decisión que terminó soslayando cualquier respeto por la ética, que debe ser el norte en las actuaciones de aquellos a quienes la República ha confiado la administración de Justicia.
2. La decisión del TSJ contribuye a apuntalar los esfuerzos de la oposición para vender la imagen de Venezuela como un país sin seguridad jurídica, desalentando de esa forma a quienes deseen invertir en él y convocando a desatender los esfuerzos del Presidente de la República por atraer inversiones que generen empleos y contribuyan al desarrollo del país.
3. La decisión del TSJ contradice la visión de un sistema democrático que debe contar con un Poder Judicial serio, despolitizado, confiable y apegado a la Constitución y a las leyes que regulan el diario acontecer del país, en donde todos los venezolanos estemos ciertos de vivir en un sistema justo y plural.
4. La decisión del TSJ sienta un precedente peligroso al establecer que el delito de Rebelión Militar prácticamente no existe, hecho éste que deja abierta la posibilidad para que cualquier militar atente contra un régimen legítimamente electo, basado en un supuesto cumplimiento del deber. Esto nos convertiría en una democracia condicionada o tutelada por las Fuerzas Armadas, y sabemos las trágicas consecuencias que ello acarreó en otras latitudes de nuestro continente.
Por todo lo anteriormente expuesto exigimos públicamente, indignados, pero fieles cumplidores de los mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refrendada por el 80% de los electores el 15 de diciembre de 1999, que se apliquen los mecanismos contemplados en ella para revocar el fallo de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que no viene siendo más que otro atentado contra el Estado de Derecho y contra la soberanía popular, la misma que el 13 de abril repuso al Presidente Hugo Chávez Frías al frente de sus funciones.
Pedimos así mismo que se abra una investigación exhaustiva a los miembros del TSJ y a los filtros a los que se refiere el artículo 264 de la Constitución Nacional para la selección de los magistrados que han de integrar el Tribunal Supremo de Justicia; exigiendo además la mayor transparencia en cada una de las fases de preselección de los candidatos que opten a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
En este sentido, hacemos una invitación a los abogados de la República, colegios correspondientes, directores, decanos, rectores y ex-rectores de escuelas de Derecho y universidades nacionales para que se sumen a la condena de la decisión del TSJ que absuelve a los militares golpistas, dejando un "vacío de justicia" en Venezuela; y a que se pronuncien contra aquellos magistrados que apoyando la ponencia del magistrado Arrieche, mancillaron su alta investidura y le dieron la espalda al pueblo, único titular de la soberanía nacional.
Convocamos a la sociedad venezolana a manifestarse y a repudiar la ponencia del doctor Arriechi y la sentencia del TSJ, de manera pacífica y apegados a derecho, así como a poner en marcha y apoyar los mecanismos constitucionales que permiten la depuración del órgano judicial, para bien de la Nación y su vida democrática.