Red Bolivariana, 2 de Octubre de 2003

El Tribunal Supremo de Justicia no puede ser democrático

Manuel C. Martínez M.

Resulta preocupante cómo puede nuestra Asamblea Nacional seguir obtusamente buscando eclecticidad, ecuanimidad, equilibrio y <<justicia>> populares para un cuerpo constituido por ciudadanos procedentes de un medio social donde el signo más representativo es el ventajismo, la truculencia comercial, el imperio del más fuerte sobre el más débil, el currículum o abolengo, la condición económica, etc., es decir, donde privan intereses individualistas por encima de cualesquiera otros intereses grupales.

Con esta visión es fácil explicar los <<saltos de talanquera>>, los pactos dinerarios, etc., hasta de ciudadanos con formación ideológica revolucionaria.

En semejante y fragmentado medio social, pretender por la vía del diálogo hallar un consenso para la aprobación de una ley orgánica para este poder judicial, y para la designación de sus magistrados, es una verdadera temeridad, por no decir un verdadero disparate de retórica medieval.

Aunque resulte antidemocrático, la única manera sincera de que ese organismo judicial pueda situarse por encima de los intereses individuales y sectoriales, que tanto caracterizan a las sociedades burguesas, es otorgándoles a sus integrantes facultades autocráticas, salvo que dichos integrantes, de partida, tengan un origen oligárquico, con lo cual resultarían no menos antidemocráticos.

Sí, sólo cuando el carácter de estos magistrados sea vitalicio y omnicrático tendríamos un ente capaz de tomar decisiones sin temor a sufrir represalias sociales, comerciales y políticas, como las que potencialmente pesan sobre cualquiera de los mortales que asuman esas magistraturas. Hablo de que, cumplido el período temporal que se les otorga (doce años, actualmente), sus integrantes son tirados a la calle a la buena de Dios. Quien haya vaciado un expediente perjudicial contrario a los intereses de a un <<pesado>>, de un oligarca cualquiera, por ajustado a la ley que pudiere estar, ese ponente tendrá la seguridad de que le pasarán su factura extrajudicial. Ese magistrado, ya desvestido de su toga, con familia y descendientes estarán siendo condenados a recibir todos los desprecios y marginalidades que suele imponer arbitrariamente el poder económico, el poder extrajudicial burgués.

Y es que todo régimen burgués se caracteriza por un supremo control de todos los poderes, más allá del billete, porque sencillamente este es sólo el medio a través del cual la burguesía impone su voluntad clasista al resto de los ciudadanos. Es mentira que un ciudadano cualquiera, inclusive, por Abogado que sea, está empoderado de fuerza jurídica alguna para imponer las leyes, si él como persona no pertenece a los grupos oligárquicos correspondientes. Estos profesionales pecan de un romanticismo decimonónico al creer que los tribunales no funcionan con ecuanimidad por su tracalería, por la corrupción de los jueces y del personal adherido, y omiten inconscientemente que se trata de un cuerpo judicial emanado de una sociedad clasista y discriminatoria de raíz.

Este es el meollo e intríngulis de la discusión que hoy congela el diálogo parlamentario en nuestra Asamblea Nacional. Esto es así y quienes así no lo vean, están mintiéndole al país, están parlamentando bizantinidades, y están negándole el verdadero carácter antidemocrático que debe tener un Poder Judicial para que logre imponer sus decisiones, paradójicamente, democráticas sobre cualesquiera de los ciudadanos.