Red Bolivariana, 6 de Octubre de 2003

Nuestros Jueces están desprotegidos

Manuel C. Martínez M.

Sí, aunque parezca paradójico, los jueces, fiscales, magistrados y afines se hallan completamente desprotegidos por las leyes nacionales y por la situación socioeconómica a la que pertenezcan.

Luego de terminado su ejercicio temporal, son tirados a la calle por razones meramente políticas, y pasan a ser una persona más, común y corriente, sin que esta sociedad se digne en prestarle las consideraciones que su alta investidura tuvo durante su mandato judicial.

El ejercicio de jueces y de magistrados está más que rayado en Venezuela; decir de una persona que fue o es juez es decir que es una persona proclive o potencialmente corruptible. Es decir que <<se llenó>>, o que <<peló bolas>>, en caso de haber sido honesta. Un famoso escritor, analista e historiador venezolano recogió esta situación con aquella frase, mutatis mutandis: La honestidad en este país es signo de bolsería

Un juez que no se resuelva económicamente durante su ejercicio está condenado a vivir de la miserable pensión de vejez, sujeta, a su vez, a que el gobierno de turno la considere en su Presupuesto Anual, y a que los funcionarios de finazas le incluyan esa partida oportunamente.

En nuestro país (es una verdad palmaria) ser empleado público, jubilado o ex empleado, es poco menos que pertenecer al segmento de los olvidados o muertos insepultos.

Mientras nuestros jueces no tengan garantizada una posición de renombre y respeto social para toda su vida, serán personas a quienes les está vedado el correcto y honesto ejercicio judicial, porque si deciden sentenciar a gente sociológicamente superior a él, o económicamente mejor dotado, podrá estar seguro de que le pasarán su factura, a él y a sus familiares de por vida.

Por eso decimos que nuestros jueces están desprotegidos por el Estado venezolano, máxime durante el presente, cuando el Estado no puede garantizarle la vida a ningún ciudadano común. Nos duele afirmar esto, pero es la triste realidad: Allí están las decenas de muertos, de dirigentes agrarios, quienes, a raíz de la promulgación de la Ley de Tierras, han sido ajusticiados por los terratenientes de este país, los cuales tienen su propio cuerpo judicial, su propio cuerpo de policías y de verdugos.

El gobierno hasta ahora y por ahora no ha podido salir en su defensa, y los familiares de esas víctimas han quedado a la buena de Dios, con el mero consuelo de ese castigo divino en un hipotético Infierno a donde irían a parar los culpables correspondientes. Ahí está la gente de Llaguno, quienes todavía están en pico e' zamuro; ahí están los estafados y robados por la banca comercial con unos créditos indexados, a pesar de que el Tribunal Supremo sentenció hace más de un año en contra de esta. Tal vez se ha tratado sólo de una mascarada judicial, ante la consabida inoperancia estatal para hacer cumplir las leyes y sentencias en contra de quienes siguen, evidentemente, siendo los dueños de este país.

Tal es la realidad de impotencia para las víctimas, y esta desprotección es extensiva a todos los jueces a quienes se les ocurra ir contra el poder social y económico establecido