Red Bolivariana, 6 de Octubre de 2003

El imperio de la Ley, y el Presupuesto Nacional de Ingresos y Gastos Públicos

Manuel C. Martínez M.

Dura lex, sed lex

Un Estado que no aplique la Ley está frito, es culturalmente inexistente; hablaríamos de tribus, de hordas o cosa precivilizatorias. El Estado y su ejercicio suponen el imperativo de leyes. Estas, por naturaleza son de obligatorio cumplimiento, y de este se encarga, para imponerlo, la autoridad jurídica competente, o, en su defecto, el Presidente de la República, según nuestra Carta Magna.

El caso venezolano, donde la ley es letra muerta, ya que esta macha por un lado y los escuálidos, la oposición, los medios, los magistrados, los fiscales, los tribunales y los policías y sus alcaldes, por otro, y donde los enemigos del régimen hacen lo que les viene en gana, y que cuando timoratamente uno que otro contado tribunal dispone una acción a pegada a la ley contra los miembros de la escualidad actual, los medios se encargan de presentarla como acciones represivas contra los ciudadanos, entonces, en un país así, llegamos a inferir que estamos sin ley.

Un gobierno cuya filosofía es llamar a la reflexión a quienes delibera y provocadoradamente cometen actos delictivos, que violan la ley como les da la gana y hasta llegan a mentarle la madre por TV al presidente de la república, sin que ni siquiera reciban una vulgar amonestación verbal, es un gobierno que no está cumpliendo con la ley.

He señalado que una de las atribuciones del Presidente es hacer cumplir la Ley (Cfere. Art. 236, punto 1, CRBV), y la mejor forma de demostrarlo no es dejando en manos de jueces corruptos y matraqueros el imperio de ley, porque sencillamente estos se limitan a chantajear contra quienes incurran en delitos varios, y si estos violadores poseen dinero suficiente, la compraventa de sentencias reemplaza al imperio de la Ley.

La tolerancia de impunidad está llegando a su límite en nuestro país. El gobierno no puede seguir desentendiéndose de la obligación que tiene de hacer cumplir la Ley.

El pueblo quiere ver preso aunque sea a una sola persona que cometa delitos flagrantes, a un dueño de TV que instiga, que viola todas las normas de CONATEL, que calumnia, etc.; quiere ver castigo para un banquero anatocista y usurero; para un militar asesino, para un ex Presidente asesino.

No puede seguir imperando en Venezuela el mismo estilo que practicaron los adecos y copeyanos de la IV república cuando todas sus fechorías eran denunciadas por la oposición de turno, y el castigo se limitaba al señalamiento chismoso de tales delitos sin que ningún gobernante fuera sometido a juicio alguno, y que cuando lo fue, los magistrados se encargaron de dejar prescribir las correspondientes causas.

De allí la importancia de esa ley en proceso, en la Asamblea Nacional, para la escogencia popular de los jueces y magistrados, y de allí la importancia de que el gobierno tome alguna medida eficaz contra los jueces y magistrados corruptos. El Presupuesto Nacional de Ingresos y Gastos no puede seguirle asignando sueldos a unos funcionarios que están utilizando sus cargos y la ley para su enriquecimiento personal.