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Red Bolivariana, 7 de Mayo de 2003
El anatocismo en la deuda pública
Manuel C. Martínez M.
Sería utilísimo para Venezuela y el resto de los países del mundo, acogotados todos por la pata opresora de la DEUDA PÚBLICA, tanto externa como interna, que se demostrara si en esta se halla presente la oprobiosa figura financiera del ANATOCISMO. Quiero que hagamos un llamado o solicitud formal a nuestro Ministerio. Público y, particularmente, al Tribunal Supremo de Justicia, así como al Defensor del Pueblo, para se aboquen exhaustivamente a su detección, si fuere el caso.
Concretamente, debe auditarse y analizarse exhaustivamente, la composición del SERVICIO de esa deuda que periódicamente es honrado. Esta necesidad cobra importancia prioritaria en estos tiempos de crisis financiera, y cuando uno de los sospechosamente involucrados en dicha crisis es determinado grupo de inversionistas afectos a esos entes financieros internacionales.
Este análisis, a manera de revisión obligada, de parte de las nuevas autoridades pertenecientes a esta V República, cobra especial importancia cuando por primera vez en Venezuela, y quizás en el mundo, se ventila con éxito el caso de los <<créditos indexados>>, de tan evidente demostración de prácticas usurarias.
De todos es conocido que buena y significativa parte de esa deuda fue calificada de <<chimba>, por causa de los tradicionales manejos corruptos que caracterizaron a al gobierno de la IV república. Cuando se discutió su validez o invalidez, los votos parlamentarios y cómplices de esas irregularidades terminaron negando a estas, y, como <<broche de oro>>, el Presidente de marras, convalidó alrededor de un 50% de créditos evidentemente ilegales, pero que con su firma terminó engrosando los pasivos del Estado.
Como dato curioso, la Real Academia de la Lengua Española ha hecho una sintomática omisión del lema: anatocismo. Sus académicos se limitan a considerarlo aún un <<tecnicismo>> que jamás habían considerado pertinente, y es ahora, por solicitud de mi parte (jactancia a un lado) que decidieron someterlo a la <<real>> consideración de los lingüistas y especialistas ad hoc.
Por lo demás, la propia circunstancia de estrechez financiera que confronta el Estado para cubrir sus obligaciones presupuestarias con su personal burocrático: jubilados, pensionados y servidores públicos en general, refuerzan la necesidad de este auditoría que aquí sugerimos.
Dejamos en claro que no ser trata de redimir contrato alguno, ni de evadir obligaciones ya contraídas y legalmente asumidas; no. De lo que se trata es de revisar si en el cálculo actual y periódico, que sus titulares hacen para determinar el monto de los servicios, adolece de anatocismo.