Red Bolivariana, 29 de Abril de 2003

Liberalismo Económico Vs. Liberalismo Judicial

Manuel C. Martínez M.

Todas las argumentaciones que en la actualidad se esgrimen en contra del modelo económico <<neoliberal>> descansan acertadamente en la profunda convicción que ha ido acunándose en los gobiernos de tipo democrático y revolucionario. Las experiencias de países como Argentina, así como la misma Venezuela de los años inmediatos al actual régimen, han dejado al descubierto que los mercados dejados a su libre albedrío, en manos de sus principales agentes privados, terminan siendo coto privado de los intereses del grupo de accionistas que nacional y transnacionalmente deciden quién debe comer y quiénes no.

Y es que un mercado sujeto a los dueños de los principales rubros que integran el PTB de un país, se convierte en posesión de quienes en él tengan mayores cuotas de colocación mercantil, y, habida cuenta que la riqueza termina distribuyéndose de acuerdo a la rentabilidad obtenida en dicho mercado libre, en obediencia a la voluntad y decisión de quienes sean dueños del mayor volumen accionario, entonces, dejar que sean las libres fuerzas del mercado las que imperen sobre la sociedad, es dejar en manos de unos pocos el destino de muchos. Y esto no es nada democrático. Digamos que el neoliberalismo niega la Democracia y, paradójicamente, niega la libertad misma sobre la que dice descansar.

Dichas consideraciones son expresivas per se de la inconveniencia de su emulación, y en consecuencia, los mercados deben ser regulados por el Estado, de tal manera que los abusos tendenciales del neoliberalismo, sean, por lo menos, suavizados para bien, tanto del resto de la población menos capacitada en materia decisoria de los destinos de la producción y distribución de la riqueza, como de los empresarios en general. Pero, la eficacia de semejante política de mercados presupone intervencionismo estatal del Poder Judicial.

Así las cosas, pasamos a considerar la libertad judicial. Por ésta entendemos la autonomía de actuación de los tribunales de justicia, de los jueces en general y del imperio de la ley. Y hasta aquí todo parece ser <<coser y cantar>>; sólo que no es así: Una vez que queda determinada la leonina cuota de participación de la riqueza apropiable en los libres mercados, sus propietarios quedan obviamente capacitados para regular la Justica, y toda esa libertad que pregonan, fomentan y defienden para poder hacer de las suyas en los mercados de su competencia, es usada para impedir todo género y asomo de libertad judicial. Se convierten en sus principales reguladores e interventores. Digamos, resumiendo, que la libertad de los mercados conduce ineluctablemente al intervencionismo privado de la Justicia.

Esta realidad, representada por esa paradoja que se da, con una libérrima actuación del capital privado en los mercados, en concomitancia con la más absoluta regulación del ejercicio de las leyes, es la que le está chalequeando la fiesta al presente proceso revolucionario, caracterizado, primeramente, por una excesiva confianza y libertad para un Poder Judicial que de partida está regulado por el Poder Económico nacional e internacional, y por otra parte, ha decidido regular el mercado como justa medida para frenar los abusos del poder económico privado, pero sin intervenir para nada en las decisiones del Poder judicial. Esta paradoja <<tranca serruchos>>.

El resultado de esas dos políticas antagónicas o incompatibles, la de mercado intervenido, y la de una Justicia dejada a la deriva, nos está conduciendo a un callejón que podría tardar en ofrecernos su más conveniente salida. Decimos que no es recomendable seguir interviniendo mercados cuyos propietarios sean los menos intervenidos judicialmente. Los abusos mercantiles están sancionados de partida en numerosas legislaciones. El Estado debe aplicar inclementemente dichas sanciones, a cómo dé lugar. Y si no lo hace, porque está ensayando un <<neoliberalismo judicial>>, entonces, corre el riesgo de verse obligado a abandonar su intervencionismo de mercado, de cara a liberar las fuerzas que competitivamente allí se impondrían, en esa lucha interempresarial que subyace en el seno del capitalismo mundial. Una de dos: o aplicamos intervencionismo judicial, en aras de intervenir eficazmente el mercado, o se abandona el intervencionismo mercantil, y el Estado se limita a la propiedad sólo de las principales riquezas naturales básicas.