Red Bolivariana, 29 de Abril de 2003

Contrabando de dólares (Otra forma de impunidad)

Manuel C. Martínez M.

Por expresas disposiciones legales la moneda de circulación nacional, oficialmente establecida, es el bolívar, y todas las transacciones comerciales que practiquen los comerciantes domiciliados dentro del territorio nacional deben medirse y efectuarse en dicha moneda, tanto para compras domésticas como para las importaciones y explotaciones del caso.

Las importaciones del industrial nacional deben ser convertidas en la respectiva moneda del país exportador, a los efectos de que las divisas correspondientes sean adquiridas exclusiva y legalmente en las oficinas del Banco Central de Venezuela o en las diferentes agencias y sucursales de la banca privada.

El mecanismo es harto conocido: los exportadores de mercancías varias e <<importadores>> de divisas, deben vender éstas al BCV, a través de esa banca comercial, y los importadores de mercancías varias y <<explotadores>> de divisas, comprarlas a estas últimas exclusivamente en esas mismas oficinas. Todo para que el BCV pueda ejercer un claro control del circulante dinerario. Cada dólar adquirido o colocado fuera de esas rutas financieras es contrabando, por definición.

Vigente el Control de Cambio <<del dólar>>, con un precio de 1.600 Bs., a éste y sólo a este precio deben ser vendidas las exportaciones que hagamos, así como deben ser comparados los dólares que todos los comerciantes importadores requieran ora como materias primas, ora como productos acabados o semiterminados. Digamos que en los costos de producción no puede legalmente figurar un precio diferente a los citados 1.600 Bs.

Pero la realidad comercial nacional es otra, y sólo podemos inferir que el contrabando de dólares es otra de las impunidades reinantes en un régimen gubernamental obstinado, como lo está, en que sean las libres fuerzas de la justicia las que den cuenta de los delitos y sus respectivos delincuentes. Digamos que el gobierno no cree en la mano invisible del mercado, y por eso conviene y dispone regular la libertad comercial, pero, paradójicamente, sí cree en la libre justicia, y deja, así, en manos de jueces y tribunales inescrupulosos toda la aplicación de las disposiciones penales constitucionalmente vigentes.

De resultas, los comerciantes que están morosos con IVSS, con el INCE y con el Seniat, visto que no pueden adquirir los dólares regulados a través de CADIVI, rentabilística e impunemente optan por proveerse en los mercados negros de todas las dólares que necesitan, y se limitan, también impunemente, a trasladar esos sobreprecios del dólar a los bolsillos del consumidor final, que es el <<pagagases>> de todos los gobiernos, aún de éste que no termina de aplicar la ley. Es penoso decirlo, pero no podemos servirle de escaparate.

Así que, muy ingenuamente, solicitamos a INDECU, a la Guardia Nacional y a la Contraloría Nacional para que cayapeadamente se aboquen a monitorear las facturas de compra de todos esos rubros que posiblemente fueron o está siendo adquiridos con dólares de contrabando (mercado negro), y/o determinen si a esos comerciantes les resulta más rentable adquirir dólares de contrabando que ponerse al día con CADIVI, ya que esto último se traduce en el impune traslado de costes al consumidor de los diferenciales del dólar en cuestión.

Lo grave de esos contrabandos inflacionarios es que, pasada la crisis de artificial escasez de dólares, y aumentados impunemente, como están siendo, los precios de casi todas las mercancías, esos precios quedarán <<clavados>> en las etiquetas de venta; inclusive, si el dólar llegare a bajar considerablemente en relación a su precio de mercado negro. Con esos elevados precios, el consumidor termina siendo la víctima de los especuladores, quienes otrora, como saboteadores financieros, se saturaron de dólares. Y ahora, cuando el gobierno adopta la medida reguladora de divisas, su contrabando está dando al traste con la medida de CADIVI, y todo esto es como seguir premiando a la oposición por causa de esa lenidad que también en este aspecto sigue caracterizando al presente gobierno.