Últimas Noticias, 24 de Marzo de 2003
La democracia de Betancourt
Augusto Hernández
Por estos días he recordado el gobierno de Rómulo Betancourt, fundador y líder indiscutible de Acción Democrática, llamado “Padre de la Democracia” por los adecos, que solían fabricar mitos y luego creérselos.
Betancourt tomó el poder en 1945 mediante un golpe de Estado contra el presidente Medina, demócrata que no tuvo presos ni exilados políticos. El golpe lo dieron Pérez Jiménez, Llovera Páez y otros oficiales que tres años después tumbaron a sus aliados e iniciaron la fase militar de la dictadura.
Entre 1945 y 1958 hubo un período de persecuciones, torturas, cárceles y dictadura. La caída de Pérez Jiménez condujo a elecciones que ganó Betancourt.
Durante el período de 1959 al 64 el “Padre de la Democracia” enunció con su estilo inconfundible las reglas del juego para la nueva era de libertades ciudadanas. Éstas imperaron durante los 40 años siguientes.
La primera regla, no escrita pero inflexible como ninguna, era que el sostenimiento de la democracia justificaba todas las arbitrariedades. El régimen democrático se podía defender con procedimientos antidemocráticos.
La orden “¡Disparen primero y averigüen después!”, no causó zozobras entre los juristas, ni hubo defensores de los derechos humanos que la denunciaran ante un tribunal interamericano o internacional.
La separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue una ficción. Los jueces de la Corte Suprema eran designados a dúo entre Caldera y Gonzalo Barrios. El Fiscal, Contralor y presidente del CSE se los repartían AD y Copei mediante el “pacto institucional”.
Si bien Betancourt no exhibió públicamente 12 apóstoles o socios predilectos, como ocurrió con CAP, ni instaló en Miraflores una barragana ávida de rapiña, como lo hizo Lusinchi, en materia de fraudes electorales no anduvo con culipandeos.
El robo de votos se institucionalizó en el Consejo Supremo Electoral hasta convertirlo en una maquinaria que inventaba los ganadores de cualquier acto comicial.
La celebración de marchas y manifestaciones de oposición sólo se permitía durante los procesos electorales, previamente autorizadas por el gobierno.
Las proclamas subversivas, incitaciones a la rebelión u ofensas al Presidente acarreaban el cierre de cualquier estación de radio.
Se nota que entonces había democracia. No como la dictadura de ahora.