Red Bolivariana, 19 de Febrero de 2003

Los débiles no hacen justicia

Manuel C. Martínez M.

Una cosa es clara: sólo puede tomar decisiones para el imperio de la ley quien está suficientemente dotado de poder judicial. Este último es derivado del poder socioeconómico que una persona tiene en razón de su ascendencia en el seno de una sociedad cualquiera. Por eso, esa persona suele modernamente controlar la Política y sus <<aparentes>> tres poderes gubernamentales.

Los chamanes, los sacerdotes egipcios, el piache, los caciques y patriarcas son los ejemplos que nos da la historia ya procesada. Los partidos políticos del <<Puntofijismo>> y los que existieron durante las repúblicas prechavistas tuvieron razón de ser y existencia efectiva, para bien o para mal, mientras supieron controlar plenamente el trinomio del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Claro que semejante control suele derivar en abusos por embriaguez gubernamental, pero sólo son desviaciones superables, habida cuenta que la misma historia cumplida por la humanidad nos da ejemplos de sabiduría y justicia equilibrada por parte de algunos altos gobernantes depositarios de amplios y envolventes poderes.

En el caso venezolano tenemos la confirmación de esos asertos. Estamos atravesando una transición gubernamental donde el ejercicio del Poder le ha llegado al gobierno de manera fraccionada y del que sólo tiene una inoficiosa y e inoperante parte. El poder judicial sigue en manos adversas, y el poder legislativo se distrae en la elaboración de unas leyes cuya aplicación es imposible mientras no dispongamos del referido Poder Judicial

Todos sabemos la ingenuidad que viene caracterizando a los juristas y abogados que son afines a la revolución bolivariana. Es pasmosa la burla que viene haciendo el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencias formalmente bien elaboradas, pero, a sabiendas de que de nada sirven si no hay una judicatura y policía capaces de hacerlas cumplir. Los casos de la usura bancaria o del <<giro balón>> y del <<crédito mexicano>> chillan ante los oídos de quienes nos sentimos impotentes para hacerle ver a este gobierno que sus metas deben sufrir un cambio radical.

Hablo de que necesitamos una revolución dentro de la revolución. No puede el Poder legislativo seguir invirtiendo tiempo produciendo leyes para la continuidad del ejercicio del gobierno ejecutivo por y para el Ejecutivo mismo, mientras este sigue huérfano de la primera sentencia cumplida contra quienes tienen más de un año violando leyes, causando daños físicos y morales a particulares y al Estado, y de cuyos pormenores huelga detallarlos por su numerosidad.

La ingenuidad de nuestros defensores judiciales allegado a los extremos de conformarse con hablar de <<sabias>> decisiones del Tribunal Supremo: la del esclarecimiento del Art. 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; la de dichos créditos indexados. Da pena saber que no terminan de entender que se trata de una vulgar demagogia jurídica o formalidad procesal. Efectivamente, ese tribunal podría hallar culpables y meritorios de castigos severos a mucha gente en este país opuesta al gobierno, y puede hacerlo en la seguridad de que no habrá tribunal ejecutor que haga cumplir dichas inapelables sentencias.

La debilidad que estamos sufriendo quienes pedimos justicia en este país no sólo es física, por la carencia de leyes, y sentencias justicieras y jueces <<justos>>, sino por la negativa intelectual para comprender que los débiles sólo son objeto de justicias e injusticias, y que para dejar de serlo y convertirse en sujetos de derecho debemos tener un poder que trascienda el inoperante poder ejecutivo que hasta ahora hemos tambaleadamente disfrutado.