Red Bolivariana, 11 de Febrero de 2003

La Constitución Bolivariana les queda grandota

Manuel C. Martínez M.

La novedad envolvente del texto constitucional venezolano y recientemente vigente es innegable hasta por sus más furibundos detractores. Como todo fenómeno nuevo, crea reticencias y rechazos frente a quienes se hayan formado culturalmente dentro de escenarios jurídicos de otra época. Su contenido ofrece derechos políticos que sobrepujan la capacidad ciudadana, particularmente, la de aquellos protagonistas de una tribuna decadente que jamás pudo actualizar su discurso ni cambiar de estrategias. Un texto constitucional que fue escrito a punta de luchas parlamentarias contra quienes se opusieron a su proyectada redacción, y hoy se mesan infructuosamente sus cabellos por lograr una interpretación torcida de sus disposiciones, que les permita seguir haciendo de las suyas, burlarse de los electores y darle un tratamiento de letra muerta a la Carta Magna. Tal procedimiento caracterizó a los diseñadores de la Constitución del '61, y a quienes todavía arrastran inercialmente una posición que hoy por hoy resulta obsoleta, y para quienes la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela les queda evidentemente grandotota.

Esa gente, paradójicamente, es la que ahora se aferra a su texto con pretensiones de prostituirla. Resultan por demás evidentes los desafueros y desaguisados de parte de una oposición que ha llegado a posturas terroristas y de flagrante provocación para que el gobierno incurra en las viejas represiones propias de aquella Constitución del '61, que carecía de derechos políticos como el de la revocación prematura del mandato de aquellos funcionarios que terminen, a su juicio, disgustando a parte de la oposición, con inclusión de quienes hayamos votado a favor del régimen burocrático en curso.

Las novedades constitucionales de la bolivariana destacan y nos imponen, pongo por caso, un Poder Ciudadano donde la Contraloría General se está convirtiendo de hecho en un órgano gubernamental que por primera vez en la historia constitucional de Venezuela se está encargando de: controlar, vigilar y fiscalizar los movimientos presupuestarios y del resto del Patrimonio de bienes muebles e inmuebles de la Nación, a diferencia de las viejas contralorías que, si bien de derecho tenían las mismas funciones de la actual, de hecho eran sólo un órgano dictatorial encargado de vigilar y seguir de cerca a los beneficiarios de las erogaciones fiscales, para garantizar que no pudiera moverse ni una sola hoja de ningún árbol nacional sin que pasara por la mirada escrutadora de los caciques de los partidos del Puntofijismo. Esto explica la impunidad de marras para quienes se burlaban de los controles fiscales, pero, simultáneamente explica los retardos administrativos que su burocracia contralora nos impuso durante tantas décadas. La misión no era controlar el mejor uso social del billete fiscal, sino el destino personal que pudiera dársele. Es decir, un control político y sectario para unos bienes de propiedad colectiva a fin de que sólo llegara a los bolsillos de una parte de la población.

Por lo demás, a estas alturas tempranas de su vigencia, hemos estado presenciando el cumplimiento de una de las leyes dialécticas de mayor presencia política: la del desarrollo desigual y combinado, entre quienes sí estamos preparados para vivir protegidos por esta nueva Constitución, y aquellos ciudadanos de viejo cuño para quienes la Constitución Bolivariana les queda grandota. Tal es la explicación de la cantata y pregón popular que afirma por allí que el presidente Chávez los tiene locos.