Red Bolivariana, 12 de Enero de 2003

Por una Nueva Colegiación Profesional

Manuel C. Martínez M.

Los colegios de profesionales que han hecho cama en Venezuela, y cuya data de fundación tienen más de un siglo para algunos de ellos, han sido corporaciones que jugaron un extraordinario papel en defensa no sólo de los derechos, reivindicaciones, honorarios y afines de sus afiliados, sino de la comunidad a la cual han servido, todo en correspondencia con sus respectivas especialidades. Esto se lee en sus estatutos.

Pero también las asociaciones de trabajo son históricas y deben irse amoldando a los cambios que la dinámica socioeconómica va imprimiéndole a la sociedad en el plano local, regional, estatal y hasta internacional.

Como es sabido, los colegios de profesionales han sido la respuesta capitalista a las viejas organizaciones de artesanos que imperaron durante el extinto régimen medieval, y particularmente cobran importancia cuando el acceso a las universidades comenzó a popularizarse.

A partir de esos momentos, los colegios de profesionales pasaron a convertirse en entes políticos y de marcado carácter mercantil, donde sus afiliados son castigados obligatoriamente a consignar cuotas onerosas de colegiación, de las cuales ninguna de su directivas coyunturales da cuentas claras, salvo el incondicionalismo a tal cual partido político que oportunamente detente el poder, so pena de darles, facilitarles o entrabarles el propio ejercicio profesional, pero no en atención a sus credenciales curriculares, ni sano ejercicio profesional, sino a su incondicionalismo político a las directivas sindicales y gremiales que en torno a esa figura gremial han ido surgiendo unas, y degenerando otras.

Con su cuota de apoyo político, mediante comunicados y pronunciamientos escritos, avalando incondicionalmente las acciones gubernamentales, por inicuas que social y colectivamente sean, estos colegios dan por satisfecha su obligación social. Son muchísimas las quejas fallidas, ante los colegios, por ejemplo, de médicos, donde cursan numerosas demandas por mala praxis, y no terminan en nada. No se conoce un caso de suspensión del ejercicio profesional de ningún colegiado, ni siquiera en casos de negligencia notoria que haya causado muerte de pacientes indefensos económicamente. Y si lo han hecho ha sido ultra top secret.

En materia de colegios de abogados, las quejas por la comisión de delitos, venta de casos en perjuicio de sus ingenuos clientes, avalación de documentos chimbos, etc., son un claro ejemplo de una impunidad profesional que se cobija en la protección para evasión de justicia, que tales colegios ofrecen a sus afiliados, a quienes, en precio, por ejemplo, el Colegio de Carabobo, Valencia, pecha, con un régimen tributario de cuestionable autonomía y legalidad.

En esa jurisdicción, el Colegia primero cobra el monto de los honorarios facturados por sus afiliados, en cuantías porcentualmente acordadas por el propio C., en base a baremos ad hoc , y luego, motu proprio, ese ente recaudador, se digna en hacerles el reintegro por cheques a los generadores de esa medieval renta de colegiatura.

Los colegios de ingenieros se han limitado a condicionar la contrata de sus profesionales a su afiliación, basados en una supuesta protección hacia la colectividad, pero que en regímenes como los que hemos tenido durante la segunda mitad del siglo XX, no evitaron la comisión de tantas trampas arquitectónica ni la construcción de edificios y vialidad de pésima calidad.

Por todas esas razones, necesitamos la reformulación de leyes y de una nueva política de colegiación, que estén por encima de los estatutos medioevales que hoy por hoy rigen los destinos y la actuación de los colegios nacionales. Debemos crear colegios cuyos principios sean fundamentalmente la vela por la ética profesional, al servicio de las comunidades, y menos en beneficio personal de sus afiliados.

Deben ser corporaciones dentro de cuyos miembros estén afiliados representantes de todas las demás profesiones, y componentes ajenos inclusive a las profesiones respectivas, pero que en su condición de beneficiarios potenciales, pueden perfectamente evitar los desafueros gremialistas, antes de que se produzcan, y que hasta ahora dichos colegios han consumado con el mayor de los desparpajos e impunidad.

El control social para el buen funcionamiento de esos colegios no puede quedar por fuera, ni depender de terceros colegios porque esta práctica viciosa es la que ha permitido toda esa serie de abusos que dichos colegios han solido practicar.