Gonzalo Rodríguez Corro, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (Fuente: Fotoarchivo El Nacional)La primera reacción del Tribunal Superior de Salvaguarda sobre el caso Recadi dejó atónitos a todos los venezolanos que leyeron El Nacional del 12 de abril de 1989. Su presidente -ya casi para salir-, Guillermo Urbina Cabello se expresó en los siguiente términos:

- En estos casos, cuando están implicados sobre todo altos funcionarios públicos, es muy difícil, por no decir imposible, comprobarles la comisión de un acto de corrupción, porque son personas generalmente universitarias, ilustradas y con cierta cultura que además, para cometer estos delitos, se asesoran por abogados, auditores, contabilistas, economistas... son los llamados ladrones de cuello blanco.

A José Vicente Rangel no le quedó otro remedio que declarar al día siguiente que << era lamentable la actitud del Tribunal Superior de Salvaguarda>> , y advirtió que << la trama de intereses era muy poderosa>> .

También sorprendido con lo declarado por Urbina Cabello, un abogado amigo (cuyo nombre preferimos reservarnos ahora), nos pidió una cita para entregarnos una fotocopia de la ponencia elaborada por el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Rodríguez Corro, a fines de 1988 -a título de decisión-, donde sugirió que los jueces titulares del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público -Guillermo Urbina Cabello, Luis Marcel Urosa Savino y Angel Betancourt Ríos-, podían ser destituidos de las funciones atinentes a los cargos que desempeñaban y, a la vez, firmemente, ser objeto del correspondiente procedimiento disciplinario.

Rodríguez Corro sostuvo la tesis, publicada el 21 de mayo de 1989 y nunca decidida por cierto en aquella oportunidad por sus colegas de la Corte Suprema de que << ...dicho órgano judicial no obstante su alto rango y el riguroso sistema de designación a que está sujeto, se ha tornado en un pésimo ejemplo para la administración de justicia, en nuestro país, siendo proverbial su ineficiencia, su indisciplina, aspectos que de ningún modo pueden ser desvinculados de la responsabilidad que pudiera corresponder a todos y cada uno de los jueves que lo integran. Ello ha dado lugar a gravísimos retardos procesales, con peligro de prescripción de muchas causas, tal como lo ha observado la Fiscalía General de la República>> .

Remató Rodríguez Corro su ponencia de 38 páginas alertando lo siguiente: << ... el Consejo Judicial tiene que agilizar los trámites para que los jueces deshonestos no continúen deshonrando a la Judicatura>> .

Fue el sábado 13 de mayo de 1989 cuando reaccionó el saliente Presidente del Tribunal, Urbina Cabello, frente a la ponencia del magistrado Rodríguez Corro: << Existe una campaña de descrédito que pretende descalificar injustificadamente al Tribunal Superior de Salvaguarda... Rodríguez Corro -dijo- actúa motivado por el afán de resentimiento y notoriedad>> .

Un arreglo político -para variar- pactado entre Acción Democrática, el Partido Socialcristiano Copei y el Movimiento al Socialismo (MAS), el martes 27 de junio, logró sustituir a los criticados magistrados arriba citados. De manera que Silvestre Ortiz Bucarán se convirtió en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, acompañado de los Jueces Carmen Alaide Mazzarri Mendoza (prima de Humberto Mendoza D`Paola, a quien referirnos ya en capítulo precedente) y Enrique Sánchez Falcón. El primero, candidato de consenso de los tres partidos mayoritarios; la segunda, impuesta por AD, y el tercero por Copei.

La renovación del Superior de Salvaguarda fue acogida con beneplácito por muchos venezolanos deseosos de que impartiera verdadera justicia en este y otro casos igualmente importantes. Ortiz Bucarán venía recomendado con las mejores cartas: miembro destacado de la Junta Patriótica que conspiró contra la dictadura de Pérez Jiménez en los años cincuenta y miembro calificado de la Comisión Contra el Enriquecimiento Ilícito, en los años sesenta.

- Tenemos cinco años- dijo - y les garantizo que haremos kilómetros de justicia... Vamos a trazar una línea divisoria. No queremos juicios sobre lo hecho hasta hoy. Estamos claros que el Tribunal Superior de Salvaguarda, como parte del país no escapa a la crisis de Venezuela. La administración de justicia es cuestionada y está en una situación difícil... Tenemos un concepto muy sencillo de lo que es justicia: sancionar a los culpables y absolver a los inocentes. Lo vamos a aplicar. No habrá fuerza ni influencia que nos haga torcer. No condenaremos inocentes, pero tampoco absolveremos culpables. Cumpliremos.

Al serle tocado el caso Recadi, el nuevo Magistrado respondió: << Hemos venido a trabajar. Fuimos electos por unanimidad y el Tribunal Superior de Salvaguarda es el ojo del huracán. No realizar una investigación contra el caso Recadi puede constituir un atentado contra la estabilidad democrática>> .

El 3 de julio de 1989 se descubrió que los miembros del Tribunal saliente de Salvaguarda, Guillermo Urbina Cabello y Luis Marcel Urosa Savino, con el voto salvado de Angel Betancourt Ríos, resolvieron cerrar la averiguación penal contra la empresa Interamericana de Aviación y su presidente, Julio Mendoza Silva, << por considerar -los primeros dos- y esta fue la primera decisión en el caso Recadi en contra o a favor de algún particular- que hasta el presente no se ha ocasionado ningún daño al patrimonio público en el otorgamiento de dólares preferenciales, dado que el Fisco Nacional puede ejecutar la fianza otorgada. Por tanto, este otro hecho denunciado no reviste tampoco ningún ilícito penal>> , decía la ponencia.

Por su parte, Betancourt Ríos, al razonar su voto salvado, expresó que << mediante actos fraudulentos se aprovecharon y distrajeron en provecho de otro (Inversiones JRM) el dinero, valores o bienes recibidos de un organismo público (Recadi) por su representada por alguna forma de contratación con lesión del patrimonio>> .

En realidad, todo el país se dio cuenta de cómo los jueces superiores salientes trataron, sin éxito y aceleradamente, de hacer en la última semana de su ejercicio, lo que no habían podido en cinco años: << administrar justicia>> . Mucho tiempo después también se supo que igual ocurrió con el cierre de la averiguación a la Corporación Venezolana de Guayana y algunas de sus empresas subsidiarias (especialmente las del Sector Aluminio), cuando, nuevamente con el voto salvado de uno de los magistrados (Marcel Urosa Savino), se cerró el expediente originado en el Congreso y la Contraloría General de la República por el famosísimo << Informe Espinoza>> . Escándalo, este otro, que marcó el inicio periodístico de 1988.

Los nuevos jueces superiores, Ortiz Bucarán, Carmen Alaide Mazzarri Mendoza y Enrique Sánchez Falcón, causaron buena impresión pública, cuando a las cuarenta y ocho horas de ejercer funciones dictaron prohibición de salida del país a todos los funcionarios de la Comisión de Importaciones y los comenzaron a citar a declarar en la instancia de alzada.

Luego que el Juez instructor del caso, Luis Guillermo La Riva, dictó auto de detención a Nicomedes Zuloaga en el expediente de los molineros y que, a su vez, le fue desempolvado su pasado conspirador por el Diputado Oswaldo Alvarez Paz, los jueces superiores de Salvaguarda, el 17 de julio, decidieron nombrar otros nueve jueces instructores más para investigar el escándalo.

Quedó la Riva (XXXVII Penal) en el expediente de alimentos, Francisco Caracciolo Lamus (XL Penal) en el agropecuario, Efraín Medina (XXVIII Penal) en el industrial, Aura Brandt de Grisanti (XVIII Penal) en el comercial, Esther Franco La Riva (XXIX Penal) en la industria farmacéutica y medicinas, Diamora Ramírez de Simancas (XXXIV Penal) en el Sector Público, Luisa Doris Castellanos (XXXIII Penal) en el Sector de las Empresas Verificadoras y Olimpia Suárez de Algarra (VII Penal) -la misma que venía investigando a Blanca Ibáñez, secretaria privada del ex-presidente Lusinchi, y el caso de los jeeps- en el Sector Financiero.

Estos nombramientos se hicieron luego que las autoridades del Superior se reunieron con la asamblea de jueces penales del Distrito Federal y Estado Miranda, instancia de donde antes había sido seleccionado Luis Guillermo La Riva López.

Previamente, los abogados de Zuloaga, especialmente Jesús Ramón Quintero, habían solicitado la nulidad del nombramiento de La Riva -que le dictó auto al Amo del Valle- porque en la asamblea que lo eligió -los demás se declararon incompetentes ante la complejidad del caso- no se actuó por mayoría sino con 12 votos a favor y 2 abstenciones, de 24 posibles.

De manera que la resolución del Superior de Salvaguarda dijo que << en virtud de que los jueces superiores penales se declararon incompetentes para designar nuevos instructores especiales, el Tribunal Superior de Salvaguarda, conforme a los artículos 86 y 108 de la Ley que lo rige y el 25-A del Código de Enjuiciamiento Criminal, designa nueve jueces como instructores especiales, a la vez que ratifica al Juez La Riva, que queda encargado de investigar el área de alimentos>>.

El expediente acumulado por La Riva, de donde se desprendieron las 90 decisiones ya comentadas, se distribuyó de la misma manera en que estaban subdivididos los sectores en la comisión parlamentaria que investigaba en paralelo el caso Recadi desde el Congreso.

La designación de nueve jueces adicionales y la división del expediente por sectores específicos creó la sensación, en la opinión pública, de que el escándalo en contra o desde la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales pasaría a una nueva etapa de decisiones signadas por la administración de justicia que esperaba impaciente el pueblo venezolano. Más no fue así. Como veremos en el capítulo referido a los casos más importantes de La Gran Estafa, muchos de los expedientes abiertos y decididos por La Riva, fueron cerrados por sus colegas instructores designados por Salvaguarda.

Los primeros actos del Tribunal Superior de Salvaguarda -prohibiciones de salida del país a funcionarios y nombramiento de más jueces- se cayeron por su propio peso y, una vez más, la desconfianza, el desconcierto y la indiferencia se apoderaron del público. La nueva magistratura colegiada, compuesta por Ortiz Bucarán, Mazzarri Mendoza y Sánchez Falcón, absolvió al ex-ministro de Transporte y Comunicaciones del gobierno de Luis Herrera Campíns, Vinicio Carrera Arismendi, el 18 de agosto de 1989, de los cargos de peculado que en su momento le hizo el fiscal Enrique Iglesias. Este advirtió que apelaría de inmediato.

Pero antes, la Juez Penal Clara Rosa Peñaranda, por su parte dejó en libertad el viernes 28 de julio el ex-gobernador de Caracas, Rodolfo José Cárdenas, quien también ejerció el cargo durante la administración de Luis Herrera Campíns.

En todos los mentideros políticos se comentó que estaba en marcha un arreglo convenido entre Acción Democrática y Copei, para absolver a señalados blancos y verdes por corrupción administrativa en el Tribunal Superior de Salvaguarda.

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