Caracas, 8 de enero del 2002
Ciudadano,
Miguel Enrique Otero
Diario "El Nacional"
Ciudad.-
Me dirijo a usted como el simple ciudadano que soy, y en ejercicio del legítimo
interés por mi país, en la oportunidad de hacer de su conocimiento lo
siguiente:
1º. Debemos defender la libertad de expresión. Pero, debemos entender que ésta
no se refiere a la que se expresa únicamente desde los medios de comunicación
de radio, prensa y televisión. También la libertad de expresión que se
manifiesta desde cualquier sector y a través de cualquier medio lícito,
justifica el mismo motivo de defensa de la libertad de expresión a la que
siempre apelamos para convocar la solidaridad en defensa de nuestros intereses.
La manifestación contra el diario "El Nacional" realizada el día
lunes 7, que, según pudo ser vista, se expresaba de manera pacífica hasta el
momento en que intervino la Policía Metropolitana, constituye también un medio
de expresión cuya libertad demanda su defensa y está igualmente garantizada
por nuestra Constitución. Llama la atención que el argumento esgrimido
siempre, de defensa de esa libertad que tanto se ama, sea de un amor tan egoísta
que únicamente se admite del lado de los medios de comunicación social. Esto
evidencia que ese principio -indispensable para el ejercicio y pervivencia de la
democracia- no es lo que realmente nos mueve en su defensa. Sino que, es la
necesidad de la fuerza de la unión gremial resultante de la convocatoria por su
supuesta o verdadera violación lo que motiva su invocación. Para recibir el
apoyo y la protección nacional e internacional, y la condenatoria de quien nos
interese colocar en situación de acusado agresor contra el medio de comunicación
que se supone es la víctima. De ese modo se logra el objetivo rascendente de
volcar la atención internacional en contra del país y poner en la picota al
Presidente de la República, cuya autoría se le señala. Por un hecho que,
precisamente en este caso, luce una reacción justa de quienes replicaron, pues
las imágenes de televisión revelaron que no es verdad que el Presidente había
sido recibido con un "cacerolazo" en ese específico acto público
Parece igualmente justo que el Presidente se haya molestado por esa información
una vez más carente de objetividad y veracidad. Y eso pudo haber enardecido
también a quienes se sintieron agredidos. Por lo que, objetivamente, el hecho
se presenta como una provocación. Y esa manipulación no luce ética. Cabe el
señalamiento de que, no destruimos en el exterior la imagen de un Presidente de
la República sin que se destruya allí, de algún modo, también la imagen de
Venezuela y la de los venezolanos. El daño así causado, que se sigue
causando, es inconmensurable.
Esta subterraneidad puede interpretarse como una aberración del principio de la
libertad de expresión y su aprovechamiento abusivo. Cuando se utiliza para
prevalerse del poder que se posee con un determinado medio de comunicación, en
función de intereses personales -mercantiles, políticos- más allá de
la necesaria función social informativa y veraz de esos medios. Y,
entonces, cuando por abuso o falta de veracidad nos vemos replicados a través
de otro medio de expresión con que cuenta el replicante, igualmente válido y
defendible, esgrimimos la condenatoria contra lo que, cuando lo originamos
nosotros, si debe ser defendido como derecho de la libertad de expresión. La
confusión interesada no puede ser mayor, ni tampoco más aviesa la intención.
Debe imponerse la reflexión. Sobretodo cuanto se cuenta con un medio de
comunicación que se dedica a la provocación sistemática dirigida
intencionalmente al Presidente de todos los venezolanos. Y luego se
molestan cuando riposta. Debe cortarse la provocación insana y viciosa, que
tanto daño le está haciendo al país.
Ya es tiempo de que definamos y aclaremos, en beneficio de todos, cuál es el principio y derecho de la libertad de expresión que estamos invocando como base de un poder, que en razón de esa defensa universal y de la solidaridad automática resulta intocable e ilimitado en perjuicios al país. Nuestros legisladores tienen la obligación de puntualizar esta definición tan importante para la paz social de la República. Y así lo dejo establecido y lo pido, como ciudadano de esta nación.
2º. Debe respetarse el deber y el derecho
a criticar al gobierno. Si. Nadie lo duda. Es indispensable para el
funcionamiento de la democracia y el mejoramiento de las actuaciones del
gobierno. Y el Presidente de la República lo ha pedido. Pero, eso no nos da el
derecho a destruir sistemáticamente la imagen de nuestro país, en una suerte
de paranoia confabulada contra el gobierno, sin importar el daño grave que, de
manera planificada y continuada, se nos ha estado infligiendo a todos los
venezolanos durante tanto tiempo,
proyectándonos hacia el exterior como si en este país no hay nada positivo que
señalar. Ese comportamiento de enemigos de nuestra propia Patria no debe
continuar. Porque destruye. Sin dejar nada constructivo. Porque los gobiernos
pasan, y el país siempre queda. Y con la carga acumulada que le sigamos dejando
sus ciudadanos.
Es triste y lamentable la notoria intencionalidad que se percibe en comunicar a
la nación y al mundo que aquí no hay democracia, ni libertad de expresión, ni
respeto por la propiedad, y hasta se atreven a afirmar que vamos hacia el
comunismo, cuando realmente saben quienes lo proyectan que eso no es verdad.
Porque, simple y llanamente, los venezolanos aprobamos una Constitución
mediante referéndum, y allí está claramente diseñada la arquitectura del
proyecto de la República que aceptamos y cuya ingeniería está en marcha. Esa
es la democracia, cuya defensa tanto se cacarea. Lo que no está establecido allí
expresamente no se puede ahora meter de contrabando. Si algo hay que reconocer
al Presidente de la República es su insistencia incansable en el conocimiento
de la Constitución. Quienes votaron en contra no tienen ningún derecho a
sabotear su ejecución. Y nadie podrá leer absolutamente nada en el texto
constitucional que apoye los argumentos utilizados para desacreditarnos todos
los días, para crear conflictividad social y desestabilización política,
manteniendo a los ciudadanos en un estado de zozobra, temor e incertidumbre.
Estamos obligados a reconocer que el Presidente de la República fue muy claro
cuando utilizó como bandera electoral el compromiso de ir a Constituyente. No
engañó a nadie. La mayoría dijo que sí. A la nueva Constitución, y a él
-dos veces-. Por consiguiente, la única vía que tenemos los venezolanos, en
general, y los llamados factores de poder, en particular, para arremeter contra
el gobierno hasta que se cumpla el período para el cual fue electo de manera
limpia y democrática, es acudir por ante el Tribunal Supremo de Justicia a
demandar la nulidad de cualquier acto del gobierno que se presuma violatorio de
la Constitución.
Y si, por alguna razón ajustada a derecho,
se evidenciara que nuestro Máximo Tribunal no ha cumplido con la competencia
atribuida por ley, de preservar la incolumidad de la Constitución de la República
por actos públicos que comprometan principios fundamentales allí contenidos,
quedaría la aplicación de recursos que la propia Constitución prevé y la
recurrencia a instancias internacionales, amparados por instrumentos
extraconstitucionales suscritos por la República.
Como ciudadano venezolano en uso pleno de todos mis derechos, y en nombre de la
paz interna a la que legítimamente aspiramos, levanto mi voz de protesta por
tanta agresión a Venezuela y contra los ciudadanos que se dedican, diariamente
y hasta de manera obsesiva, a proyectar hacia el exterior imágenes de mi país
que no siempre se corresponden con la verdad y en perjuicio de los intereses de
la República. Y exhorto al ciudadano Presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, como máximo representante del órgano del Poder Público que tiene la
competencia de declarar la nulidad total o parcial de la leyes y demás actos
generales de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con la Constitución,
para que, ilustre a la nación sobre la existencia y práctica confiable e
insoslayable de esa vía como procedimiento constitucional, que garantiza a
todos los venezolanos la imposibilidad de que en nuestro país se puedan
establecer sistemas políticos distintos al previsto, dictar leyes, reglamentos
o incurrir en actos de gobierno, violaciones de principios o derechos que
colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que
aprobamos los venezolanos en 1999.
Considero que la autoridad institucional
llamada a despejar dudas, frenar manipulaciones sobre el orden constitucional,
destruir especulaciones acerca de la presunción de que el Tribunal Supremo de
Justicia puede permitir infracciones a la Constitución por hechos sometidos a
su estudio y decisiones, es su Presidente. También exigir el respeto que
debemos todos los ciudadanos al Máximo Tribunal de la República. Su vilipendio
no debe ser soslayado ni dejado impune bajo ningún concepto. Los sectores que
se oponen a la ejecución del Proyecto de República que permite la Constitución,
deben someterse al orden constitucional establecido, para el mantenimiento del
Estado de Derecho y la Paz Social de la República. Igualmente pido en nombre de
esa paz y de la protección de la imagen que merece nuestro país, que se
precise mediante instrumento legal el concepto de libertad de expresión y su
alcance frente a los daños a Venezuela derivados de su uso indebido.
De ese modo, aspiro a que cese el clima de conflictividad, desestabilización y
perjuicio a la República, que cada día se estimula y profundiza, sin medir en
consecuencias, y se permita el desarrollo de la actividad del gobierno, siempre
dentro del marco constitucional, garantizándole a los venezolanos la seguridad
de que los actos de los demás poderes públicos que infrinjan la Constitución,
recibirán el fallo que restablezca la supremacía de nuestra Carta Magna, para
que así se mantenga la confianza en las decisiones del Máximo Garante de la
Constitucionalidad y de la Paz Pública.
En espera de haber contribuido de algún modo a la reflexión por Venezuela,
quedo de Ud.
Atentamente,
Luis Alfonso Godoy