|
Ciudad de México, 5 de agosto (Redacción RG / Etcétera).- Televisa es un obstáculo para la democracia. Lo es porque la concentración de los medios que acapara, y las audiencias que abarca, se traducen no sólo en la limitación del mercado de la industria sino sobre todo en la preeminencia de una visión de los hechos y su trato informativo, así como en la conformación del principal espacio donde los políticos desarrollan sus expectativas, con toda la ventaja que para el consorcio tiene esto. Televisa es un obstáculo para la democracia porque al socavar la competencia acota también las expresiones sociales, políticas, artísticas y culturales de la (diversa y heterogénea) sociedad mexicana. Ahí está la quiebra de DirecTV y el aislamiento casi total de CNI Canal 40 provocados en buena medida por esa empresa. Aquello, además de su oposición "nacionalista" a la presencia en México de la segunda mayor cadena de habla hispana en EU, Telemundo, sin importar que la alianza de Televisa con el grupo español Prisa haya logrado que capital extranjero participe en una empresa de medios. (Esto explica el fugaz pacto entre Televisa y TV Azteca: no entra Telemundo a cambio de que Ricardo Salinas decida a quién vender la concesión de CNI Canal 40 en connivencia con el gobierno.) Fugaz pacto, decimos, no sólo porque tenemos en cuenta el pleito reciente entre ambas empresas sino porque también se encuentra el rechazo de Televisa a que el gobierno federal otorgue concesiones de radio y televisión como tiene previsto hacer en las próximas semanas; la reticencia, por cierto, tiene muy desconcertados a los radiodifusores. Pero esa oposición no se debe a la falta de claridad en los criterios para la asignación de concesiones y el arbitrio de la autoridad, lo cual sería entendible, sino a que quiere evitar el fortalecimiento de varias empresas mediáticas (TV Azteca o el diario El Universal, por citar dos casos) y la creación de algunas más. Entre otras razones, las antes expuestas explican la férrea y hasta ahora fructífera oposición del emporio a la nueva ley de medios. Como están las cosas tiene la ventaja de privilegiar según su arbitrio el interés comercial sobre la función social a la que está obligado -porque hasta la mascarada del Teletón le significa un ingreso tan significativo que siempre forma parte de sus planes financieros- y puede desplegar a sus anchas su política y los planes económicos que quiera porque, como ha dicho Emilio Azcárraga Jean, para el grupo "la democracia es un buen negocio". Dos páginas más adelante damos idea de lo que eso significa... en detrimento de la democracia. El poder de Televisa es formidable y se sitúa fundamentalmente fuera de los cauces normativos y legales por lo que, en realidad, un andamiaje democrático sólido impediría la preponderante oferta informativa y editorial que ostenta el grupo y las enormes ganancias que tienen al ser un virtual monopolio. En ese contexto ha sometido a la política y a sus principales exponentes, lo mismo en el Congreso para evitar una moderna ley de radiodifusión o para modular cualquier planteamiento que no coincida con sus intereses, que para acaparar la mayor parte del gasto de publicidad oficial, o sea, la cuarta parte de los poco más de tres mil millones de pesos programados para este año como gasto del gobierno federal. En el territorio de los poderes salvajes desde donde se desempeña, Televisa pide, amenaza, castiga o premia según sea el resultado de sus gestiones, ya para presionar al Ejecutivo y a los gobiernos locales que para reconocer el esfuerzo de los legisladores que asumen el dictado o para contratar y mediatizar a periodistas que le sean muy críticos y que, entre la fascinación por la pantalla y un jugoso contrato, puedan olvidar sus convicciones. Da buen trato en televisión a cambio de recibir, por ejemplo, los 65 permisos de operación de casas de apuesta que también promoverá en televisión abierta y que correspondió con precios extraordinariamente bajos en los anuncios de campaña de Santiago Creel. Por esas impúdicas acciones, y muchas otras más, también el consorcio se opone a modificar la ley electoral que, además de comprender la disminución del gasto electoral en esa vía, delimitaría costos rigurosos e impediría la arbitrariedad de los medios electrónicos. La empresa también castiga cuando no se obedece a sus designios, como hizo al borrar de la pantalla al grupo de senadores que promovió un nuevo ordenamiento para la radiodifusión y al participar también de la campaña de injurias que se desató en contra de esos legisladores. Pero no siempre es tan drástica y a veces emplea formas más sutiles, como las omisiones y distorsiones informativas en las que incurre según la estrategia política de la ocasión. Por ejemplo, cuando antes era crítico de las casas de juego y ahora desdeña las noticias relacionadas con el cuestionamiento que surgió por los permisos otorgados para desempeñar esa actividad. Otro ejemplo está en la postura "patriótica" que desplegó en sus noticieros en contra de Telemundo, cuya presencia en el país le representaría una competencia que Televisa no quiere. Y uno más, éste de índole general, es que sus espacios de análisis político no abordan tema alguno que le resulte incómodo a la empresa pues sus comentaristas están para conferirle credibilidad, no para atentar contra sus intereses. Televisa no llega a acuerdos políticos de largo plazo porque su moral es el dinero, según lo dicta eso que la empresa entiende como su propio código ético. Siempre se hace el bien sin mirar con quién. Y se trata del negocio que más concentra medios en el país y donde discurre buena parte del debate público nacional, con todas las desventajas que esto tiene para la construcción de la democracia. Y todo parece indicar, por el extraordinario peso político que el consorcio tiene, que no habrá actor político relevante que cuestione su poder, al contrario. Hay miedo a perder las elecciones por un manotazo autoritario que, súbitamente, decrete fecha de caducidad, porque sólo existe quien sale en la televisión. La reducción simplona de la democracia en tanto estructura normativa que regula procesos electorales pasa por alto que el procesamiento de las decisiones públicas no está discurriendo exclusivamente en las instancias de gobierno, en las instituciones en general ni en las de representación popular. No se puede estar satisfecho con la democracia si no hay una ley que regule a los medios de comunicación lo mismo para alentar la libre empresa que para acotar sus excesos y para hacerlos fuente de expresión de la pluralidad social, donde los medios públicos, por cierto, tendrían especial relevancia. No hay democracia sólida ahí y donde un solo medio concentra casi todo, como no la hay cuando desde las oficinas de Chapultepec se sustituye la interlocución política que debiera existir siempre en Los Pinos y en el Congreso, y entre actores políticos que resultan de la legitimidad del voto. Tanto tiempo discutimos en el país sobre la transición democrática que fueron desdeñados algunos de los problemas inherentes que ésta tiene en su forma contemporánea. Uno de esos obstáculos es el inesperado poder no regulado de los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, y en México en especial el que tiene Televisa. Más aún porque no puede entenderse a la democracia sin los espacios de análisis y debate desde donde se promueven las ofertas políticas y se desarrollan las campañas políticas. Buscar la equidad en la competencia implica reformar las leyes electoral y de radiodifusión, de lo contrario, en el país se afianzará la enorme paradoja de haber resuelto procesos electorales justos y creíbles en el marco de las instituciones mientras que en otro circuito, en el de los medios de comunicación, se concentra la inequidad y los favoritismos políticos según instancias de la iniciativa privada. (Con la opinión de la Redacción de Etcétera) |