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Ciudad de México, 26 de julio (Redacción RG / El Universal).- El fiscal para delitos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, dijo no compartir el fallo de la magistrada Herlinda Villavicencio, quien negó las órdenes de aprehensión en contra del ex presidente Luis Echeverría y del ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, acusados de genocidio por los hechos del 10 de junio de 1971. En sus oficinas de avenida Juárez el titular de la fiscalía fijó la postura de esa instancia de la PGR y reveló que la magistrada no sólo reclasificó el delito de genocidio para presentarlo como “homicidio simple, delito que se había prescrito desde 1985”, sino que además le negó al Ministerio Público la posibilidad de perfeccionar la averiguación previa para demostrar el delito señalado. “Nos dieron palo”, dijo Ignacio Carrillo antes de leer un comunicado en el que anunció que podría acudir al Consejo de la Judicatura Federal, ya que “la resolución que se comenta presenta inexactitudes y carencias” que deben ser expuestas ante dicho organismo. Carrillo Prieto destacó como una parte fundamental de la sentencia de la magistrada sus consideraciones sobre porqué no se configuraba el genocidio. De acuerdo con la explicación del fiscal la magistrada encontró que la tarde del 10 de junio de 1971 no fue un solo grupo con carácter nacional el que se manifestó en el Casco de Santo Tomás, sino muchos grupos con diversas demandas, por lo cual no se configuró la intención de acabar o exterminar a un grupo nacional con exigencias definidas. En consecuencia, “no podemos sino advertir que hay aquí un defecto muy grave de superficialidad”, añadió Ignacio Carrillo, quien una vez más aseguró que en los próximos días consignará ante un juez federal el expediente del 2 octubre de 1968. (Con Información de Jorge Alejandro Medellín / El Universal) |