Política
Mensaje de Horacio Duarte Olivares al informar el resultado del Informe de la Sección Instructora

Foto: GPPRD / Cámara de Diputados

Como presidente de la sección instructora, quiero informar que por mayoría de votos: tres en favor, uno en contra, en este caso los votos de los diputados Francisco Frías Castro, Rebeca Godínez y Alvaro Elías Loredo, se tomó la decisión -con el voto en contra de su servidor- de proponer al pleno de la Cámara de Diputados que ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de Gobierno de la ciudad de México.

Esta decisión que toma la instructora lo hago en este momento a título de presidente de este órgano y en unos minutos seguramente los compañeros diputados tendrán que, si así lo deciden, comentar.

Yo, en mi carácter de diputado federal del PRD y una vez que he informado la parte correspondiente que me corresponde como presidente de la sección instructora, quiero comentar el rechazo a esta decisión que el día de hoy se ha tomado por mayoría. Desde nuestro punto de vista constituye un golpe a la incipiente democracia mexicana, pues no hubo una valoración correcta ni jurídica ni políticamente.

Que de facto, desde nuestro punto de vista, se está generando un golpe de Estado en contra de los habitantes de la ciudad de México al intentar por esta vía, primero, separar al jefe de Gobierno de su encargo, a un gobierno democrática y popularmente electo y, en segundo lugar, con esta decisión minar la construcción democrática que tanto ha costado a los mexicanos.

Quiero decir que para su servidor, como militante, como diputado del PRD, es lamentable que, por ejemplo, los diputados del Partido Acción Nacional, olvidando su historia de lucha, de principios de tantos años de haber sido también agredidos desde el poder público, hoy hayan defendido una acción en este sentido.

También lamento que los diputados del Partido Revolucionario Institucional se hayan sumado a esta aventura, a esa obsesión del gobierno federal y, de manera personal, de esa triada que gobierna o que encabeza el gobierno federal: el señor Fox, la señora Marta Sahagún y su impulsado precandidato presidencial Santiago Creel. Y que utilicen a la Procuraduría General de la República como instrumento de golpeteo político. El mismo dirigente nacional del PAN reconoce que ese partido no tuvo gobierno del cambio, pues se trata de los mismos hombres que en otras épocas han servido a los que estuvieron en el poder, y han utilizado ese instrumento para golpear a sus enemigos políticos.

Hoy golpean al PRD, al jefe de Gobierno, a la democracia, pero como lo ha advertido el dirigente Manuel Espino, también están golpeando al propio Partido Acción Nacional. Con base en eso, ojalá los diputados del PAN se pregunten: ¿al servicio de quién está esta procuraduría?

Revisemos los antecedentes de los funcionarios que están ahí y vamos a encontrar las respuestas de que en la PGR no hubo gobierno del cambio.

También he planteado, y lo hice jurídicamente al interior de la sección instructora, que esa instancia de la Cámara de Diputados abdicó de su obligación constitucional de investigar y, en muchos de los casos, de las argumentaciones, simplemente se trató de retomar las posiciones que tuvo el juez en su momento y copiar lo que dijo la PGR, que también previamente había copiado del juez.

Es decir, hacer una supuesta valoración de algo en lo que no hubo valoración, pues solamente se remiten a copiar lo hecho, lo que desde mi punto de vista político como diputado del PRD constituye, evidentemente, una farsa de un supuesto procedimiento.

Señalo públicamente con mucha responsabilidad, por ejemplo, que en el caso del diputado Alvaro Elías Loredo, sólo en no más de siete ocasiones consultó el expediente durante los pasados diez meses. De esas siete veces que consultó el expediente, no tuvo en su poder jamás los 25 tomos, jamás. Sólo algunos tomos y en algunos casos por un par de horas. Así tomó su decisión, así tomó su decisión el diputado Alvaro porque sé que él siempre estuvo manejando lo que le dictaron desde la PGR.

Quiero decir que en el caso de los diputados del PRI, en esa parte, debo reconocer que hubo un estudio. Estuvieron, conocieron el dictamen, conocieron el expediente; me consta, y ahora han resuelto ir en esto que yo llamo una aventura.

También quiero decir que con esta decisión, evidentemente sin medir las consecuencias políticas de lo que vendrá, el país seguramente entrará en una etapa difícil. Que también se equivocan aquellos que festinan o festinarán que el jefe de Gobierno tiene sus días contados en términos políticos, porque saben que todavía esta lucha tendrá muchas etapas; todavía vendrán momentos de defensa jurídica, momentos de defensa política y, como lo dicen las encuestas, la gente sabe que en este tema hay detrás una intención política y que la aparente aplicación de la ley es simple pretexto, simple argumento, por cierto muy débil, para señalar el desafuero del jefe de Gobierno. También quiero decir que en la discusión les plantee en esa sesión a nuestros compañeros diputados dos o tres temas importantes:

La hipocresía del gobierno federal al aplicar la ley. Fui presidente municipal de Texcoco, me tocó encabezar la resistencia contra el aeropuerto y sé que en ese momento el gobierno federal negoció la ley para no aplicar sanciones a los compañeros de Atenco y en aquella ocasión no se rasgaron las vestiduras alegando la aplicación de la ley. Por consideraciones políticas de ese momento decidieron no consignar penalmente a muchos. Esa es la hipocresía del gobierno federal.

También la hipocresía, por cierto, del abogado defensor, entonces militante del PRI y hoy flamante subsecretario del "gobierno del cambio" en la defensa del robo más descarado a la vida pública del país, como es el Pemexgate. El PRI mandó a la congeladora el proceso de desafuero contra el señor Ricardo Aldana y ese tema está en el sueño de los justos por una decisión política de no aplicar la ley. Esa es hipocresía, hipocresía pura.

Hoy la diputada Rebeca Godínez dijo que tarde o temprano tendríamos que empezar a aplicar la ley, y que si antes se había negociado o violado, hoy no lo haríamos. Por eso le pedí -y le pido públicamente que sostenga su palabra para que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, al igual que el diputado Alvaro Elías Loredo, que milita en el partido del Presidente, donde está la PGR- que propongamos un punto de acuerdo para que el dictamen de la sección instructora del caso Aldana regrese y se discuta en el pleno de la Cámara si es procedente o no desaforar al senador Ricardo Aldana.

No hacerlo demostrará su hipocresía en su siempre alegado derecho. También les recordé a los diputados, admiradores algunos del héroe nacional, del apóstol de la democracia: Francisco I. Madero, que Madero también fue detenido, también fue considerado en su tiempo y en su momento un delincuente, según lo mandaba el derecho vigente, según lo mandaban el estatus y las elites.

Y se les olvida, y ojalá no se les olvide, que hoy Francisco I. Madero está en el altar de la patria, a pesar de que en su momento, en ese momento, se aplicó la ley, se aplicó el derecho. E hice un recuento de la vida pública de nuestro país y dije: como lo señalan muchos, la mayoría de nuestros héroes patrios en su momento fueron considerados delincuentes y fuera de la ley.

Y hoy los tenemos en los libros de texto, en la historia, en los altares cívicos, en las avenidas y en las calles de nuestro país. Por eso creo que no se hizo una valoración correcta el día de hoy. Se hizo simplemente lo que todos sabíamos: alegar el derecho para combatir a los enemigos: aplicar la ley a secas en el caso del jefe de Gobierno y aplicar en el Pemexgate, en el Amigos de Fox, la ley y la amistad. Por eso esto apenas comienza. Todavía, en el caso concreto, habrá que ir al pleno de la Cámara, al pleno de la Cámara le hacemos el llamado también a la congruencia.

Que en el caso de los diputados del PRD, y en el caso del movimiento democrático nacional, no habrá temor, no habrá duda de que este tema sólo es el primer escalón y que, como lo ha señalado el propio jefe de Gobierno, no exigirá ni pedirá fianza. Irá a la cárcel y desde ahí habrá un movimiento de resistencia civil que permita defender los derechos democráticos y los derechos públicos como premisa fundamental.

Por eso la decisión del PRI y del PAN, a través de sus diputados en la sección instructora, tendrá seguramente sus consecuencias. Seguramente nos vendrán a alegar después que la decisión está en el terreno de la política. Sé que mis palabras pueden sonar muy duras, pero esa es la realidad que la gente ve, que la gente observa. Y esa realidad tarde o temprano terminará revirtiéndose contra aquellos que hoy han decidido qué harán, pensando que pueden detener el movimiento democrático nacional y que están seguramente equivocados, y que están seguramente pensando otros supuestos. Esta expresión la hago como diputado del PRD.

Quiero, finalmente, por lo que a mí respecta, informar que mañana formalmente será entregado al presidente de la mesa directiva el dictamen correspondiente, que este presidente cumplirá lo que resolvió su órgano, del cual forma parte, a pesar de que no vayamos en el mismo sentido.

Y también habremos de entregar el voto particular, el proyecto de dictamen que nosotros hemos presentado como elemento para la discusión y no descartamos que en el pleno de la Cámara se tenga que abrir una discusión histórica para el país, para fijar posiciones: quiénes están del lado de la democracia, quiénes están del lado de la historia o quiénes, un siglo después, tienen seguramente ocultas en su cartera fotos de Victoriano Huerta. Esa es mi declaración.

Pregunta: Diputado Duarte Olivares, acaba usted de reprochar a la diputada Rebeca el que no se haya aceptado negociar la ley para impedir consecuencias políticas por este desafuero. ¿Hasta dónde está dispuesto el PRD ha seguir en esta defensa de López Obrador, una vez que no pudo negociar la ley?

HDO: No le estoy reprochando a la diputada Rebeca que no se haya negociado la ley. No le estoy pidiendo que se negocie la ley. En las argumentaciones jurídicas que dimos, que establecimos, que desde nuestro punto de vista no había la violación jurídica que se le señala al Jefe de Gobierno.

Uno: se dice que violó y no respetó unos accesos. Sin embargo, el juez habló de varios accesos, dijo que hubo violación cuando el dueño del predio, desde el inicio en su demanda y cuando pidió pruebas para ir a inspeccionar, sólo habló de un acceso, no de accesos.

Dos: el dueño del predio reconoció, desde que presentó la demanda en diciembre, que no tenía accesos al predio El Encino porque había taludes. La resolución de marzo de 2001 sólo es una resolución que tiene efectos hacia el futuro, no hacia el pasado. Si no tiene efectos hacia el pasado, el 14 de marzo de 2001 no había accesos al predio El Encino. Entonces, materialmente era imposible cumplir la resolución del juez, es un argumento.

Otro argumento jurídico, que no sólo lo he señalado yo, es que el procedimiento para solicitar el desafuero del Jefe de Gobierno no es el correcto. Lo ha señalado el ministro en retiro Juventino Castro y Castro, lo ha señalado un Tribunal Colegiado del estado de Sinaloa, de la ciudad de Mazatlán, y el tema está en la Corte, en la duda de si es o no ese el procedimiento.

Otro argumento jurídico es el tema de que el delito que se le señale al Jefe de Gobierno no tiene pena, y al no tener pena no existe el delito. Este argumento no lo he sostenido sólo yo, lo ha sostenido un número importante de juristas, entre los cuales está el doctor José Luis Soberanes, ex director del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, a quien no se le podrá acusar de ser simpatizante o de filo perredista. Son algunos de los casos jurídicos.

Otros más: la PGR en casos similares decidió no ejercer la acción penal. Ahora la PGR ha dicho que sí, sólo que no ha dicho cuales, con nombre y apellido, ha dicho que sí, pero no cuales. Por lo tanto, no le estoy reprochando a la diputada la negociación de la ley, le estoy señalando a los tres diputados integrantes la necesidad de que hubiera una valoración correcta del tema, que hubiera una valoración política correcta y jurídica del asunto.

Ese es el argumento. No le pido negociación, de lo que estoy seguro no debe negociarse, sólo exijo que el tema fuera revisado jurídicamente también en otro sentido. Porque además, este tema de la violación ha sido tocado por cinco personas del Poder Judicial, solamente cinco, a diferencia de lo que dicen, por ejemplo –lo vino a decir Santiago Creel a esta Cámara–, dijo que todos los órganos del Poder Judicial ya habían decidido, todos son como seis o siete. En este tema sólo dos, un juez de entre como 800 y un Tribunal Colegiado como dentro de cien. Y en ésos han participado cinco personas de carne y hueso, dos jueces y tres magistrados.

Un juez dijo que no había violación, otro juez dijo que sí la había. De los tres magistrados, dos dijeron que había violación y uno que no la había. Es decir, tres han dicho que sí, dos han dicho que no, lo que nos demuestra que por lo menos el tema surge con dudas al interior del propio Poder Judicial, y si hay duda, debe aplicarse el principio jurídico de que frente a la duda hay que absolver, que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente.

Porque el tema, a pesar de lo que se diga, no ha logrado, ni siquiera en el Poder Judicial, unanimidad, porque saben que la duda existe en este proceso. Por esto no le exigí negociación de la ley, le solicité a los otros diputados también, que debatiéramos, que analizáramos también en este sentido, como se habían dado en otros casos.

Vamos a llegar, como lo hemos señalado, a la movilización pacífica, a la resistencia civil. Hay diversos planteamientos del PRD. Uno de ellos que está ahí, y que tendría que discutir nuestro partido es: si vamos o no al proceso electoral de 2006. Si demostramos que la democracia mexicana, con esta decisión, un sector lo que quiere es regresarnos al pasado, cuando la izquierda estaba en la ilegalidad. En aquel momento, ser de izquierda era legal, hoy nuevamente la izquierda puede no competir electoralmente.

Vamos ha llegar a la movilización, vamos a defender jurídicamente el tema, hasta las instancias que haya que defenderlo. Todavía faltan muchas: el Pleno de la Cámara; una posible apelación contra el auto de formal prisión; el juicio de amparo para defender los derechos políticos del Jefe de Gobierno; un amparo al final de la sentencia; una revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; una posible denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el tema turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es decir, todavía hay muchas opciones y estoy seguro que el tema no está concluido, el tema apenas comienza en el fondo, que es la necesidad de restaurar la vida democrática, la vida legal del país.

Pregunta: Le quiero preguntar al diputado Duarte, si la batalla ahora se traslada al pleno ¿cuál será la estrategia del PRD y si no considera que será más difícil convencer a más de dos diputados priistas? ¿Cuál es el plan para romper la decisión de los priistas y dividir a la fracción del PRI?

HDO: El PRD no pretende dividir a la fracción del PRI, me parece que tiene sus propios mecanismos para dirimir sus propias contradicciones. Hace un año dirimieron sus controversias expulsando a la maestra Elba Esther Gordillo. Hace mucho dirimieron sus controversias de otra manera. Nosotros no pretendemos dividir al PRI, ellos resolverán sus controversias internas con sus mecanismos institucionales.

La estrategia tendrá que ser, aunque lo discutiremos en un par de días, insistir en la inocencia del Jefe de Gobierno, en demostrar, a través de un voto particular que presentaré, en el que jurídicamente se puede demostrar que el Jefe de Gobierno no violentó la resolución del juez. Esa es la posibilidad y vamos a dar la batalla y estamos confiados en lograr que todavía el pleno de la Cámara se pueda dar. Evidentemente, sabemos que lo que hoy se votó podrá ser un preludio de lo que se votará en el pleno.

Pregunta: Diputado Duarte, usted entregará un informe, si no es que ya lo hizo, al CEN del PRD. En este momento, ¿usted nos podría garantizar que el país se mantendrá en paz y estabilidad social?

HDO: Sólo soy presidente de la Sección Instructora y un mortal diputado de los 500. No le puedo asegurar el asunto de la paz social. Esa pregunta habría que hacerla al presidente de la república por su obstinación de atacar al Jefe de Gobierno, al señor precandidato del PAN, Santiago Creel, secretario de Gobernación. Hasta donde recuerdo a él le compete el asunto de la gobernabilidad y evidentemente también, en su momento, al grupo parlamentario del PRI, si en el pleno apoyan, lo que seguramente será, el desafuero del Jefe de Gobierno.

Es decir, los que toman la decisión tienen la responsabilidad de saber si meditaron o no las consecuencias y a ellos les corresponde, al señor precandidato Santiago Creel, si va pasar a la historia como lo que en algún tiempo fue, un verdadero demócrata o lo que intenta ser: un remedo de golpista. Pero eso a él debería preguntárselo.

Pregunta: Me gustaría saber cuál es la fecha más cercana a la que llegaron cada una de ustedes a las conclusiones y en qué las basaron, porque hasta hace algunas semanas todavía era una duda bastante grande.

HDO: En mi caso particular, espero que podamos publicar nuestros proyectos, aunque es necesario precisar, si se publican los cuatro, verán que el dictamen final estará integrado por los tres dictámenes que presentaron los diputados. Desde mi punto de vista, inmediatamente de que fue notificado el Jefe de Gobierno, el 22 de marzo de 2001, se respetaron los accesos existentes en ese momento. ¿Y por qué digo existentes?, porque las resoluciones de las suspensiones sólo tienen efectos hacia el futuro, no pueden ser restitutivas ni de derechos ni de condiciones materiales.

El actuario que fue a hacer las inspecciones el día 12 de marzo, dos días antes de que se dictara la resolución, y lo podrán ver en nuestras consideraciones, dijo expresamente que no había acceso al predio de El Encino, porque había en el sur un talud de casi 25 metros y en el norte de casi 30 metros, y que además ese día era imposible el acceso al predio, y que sólo pudo acceder al predio El Encino por una vereda vía peatonal.

Lo que significa que el día que dicta el juez, el 14 de marzo del 2001, y la notifica el 22, la resolución del amparo solo protegía lo que existía en ese momento que era un acceso a pie y no un acceso, como después se quiso decir, vehicular; porque los accesos vehiculares habían sido borrados tanto jurídica como materialmente desde cuando el gobierno tomó posesión.

Cabe insistir que la resolución del juez no es una resolución que tenga efectos para devolver las cosas; no es, como alguien dijera, “ah, pues el gobierno hubiera podido llenar de tierrita donde ya había cortado y restituía”. No se puede porque eso depende jurídicamente de la sentencia de fondo, no del incidente. No estamos en la posibilidad de explicar esa parte tan técnica, jurídica. Pero las suspensiones en amparo son para el futuro, no para el pasado. Sólo puede haber efectos restitutorios cuando la sentencia principal Y eso es otro tema.

Desde nuestro punto de vista se cumplió la resolución inmediatamente de lo que existía jurídica, formal y materialmente en ese momento. Antes quisiera precisar un dato y espero que esto no abra el debate. Ya sé que el tema puede ser.

El diputado Frías dice que si se hubieran respetado el 22 de marzo ahí estuviera el terreno y no estuvieran los cortes. Esto es falso absolutamente. Como este tema va a terminar en un paro de días o semanas, este expediente dejará de estar bajo la reserva de ley e invito a los medios a que soliciten copias de todas las fotografías que hay en el expediente; y podremos demostrar que cuando presentó su demanda de amparo en diciembre de 2000, el dueño primero dijo que ya estaban los cortes, que no había este terrenito hasta arriba –como dice el diputado Frías, primero.

Segundo: el dueño de la empresa presentó un álbum fotográfico: en una foto tomada –los que fueron al predio El Encino, donde iniciamos el recorrido cuando bajamos del autobús- tomada desde ahí hacia el poniente. Y ese álbum de fotografías debidamente certificado ante notario demuestra que esa en diciembre ya estaba el corte de tierra y ya no había ese terrenito que debió haber habido supuestamente en marzo.

Por eso los invito a los medios a que hagan uso de la Ley de Acceso y pidan copias de esas fotos certificadas por notario y van a demostrar que esto que dijo el diputado Frías es falso. Y que esa es la premisa de la que partió el juez y que dice el diputado Frías y llega a la conclusión de que el Jefe de Gobierno violentó la resolución.

Si la vemos con cuidado, la demanda de ampara que dijo que ya no podía creer porque había un talud de 25 y 30 metros y vemos las fotografías, se puede demostrar que no había acceso y al no haber acceso cuando se dio la resolución, no se podía cumplir algo que no existía. Espero que no sea motivo de debate, pero hay que precisarla.

(Con Información de la Redacción y del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados).