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Política
Ratifican PRI y PAN en la instructora una alianza muchas veces
desmentida

Foto:
Gerardo Flores / GDF
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Ciudad de México, Sábado
2 de abril del 2004 (Cortesía: La Jornada).- En una
decisión que sacudió al país, PRI y PAN ratificaron
ayer en los hechos su alianza tantas veces desmentida, y a través
de sus representantes en la sección instructora de la Cámara
de Diputados aprobaron iniciar el proceso de desafuero en contra
del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel
López Obrador, y constituir ese órgano legislativo
como teatro del juicio de procedencia contra un gobernante legítimamente
electo en las urnas y a la cabeza en las preferencias del electorado
del país para la Presidencia en 2006.
El presidente de la instructora,
el diputado perredista Horacio Duarte -único voto en contra-,
expresó públicamente su rechazo a la decisión
''tomada por mayoría''; consideró que se trató
de ''un golpe a la incipiente democracia mexicana'', y que la
postura de PRI y PAN constituye ''un golpe de Estado'' en contra
de los habitantes de la ciudad de México. Fue claro: los
argumentos de esos dos partidos constituyeron una copia, con la
técnica del engrudo y la tijera, de los alegatos de la
Procuraduría General de la República (PGR). Y exhibió
al diputado panista Alvaro Elías Loredo por haber revisado
en forma ligera el expediente de 25 tomos sólo en siete
ocasiones, en más de 10 meses. A los priístas los
calificó de "aventureros" montados en la estrategia
de la "triada" compuesta por Vicente Fox, Marta Sahagún
y Santiago Creel.
Primeras manifestaciones
Al hacerse pública la decisión,
la gente comenzó a llegar de manera espontánea al
Zócalo capitalino, para las primeras manifestaciones públicas
de repudio a la decisión. En sus oficinas, López
Obrador declaraba a los medios y a sus colaboradores que la decisión
del gobierno federal, del PRI y del PAN constituye el primer paso
''para la consumación de un hecho a todas luces injusto,
autoritario y antidemocrático'', consideró que ''esto
apenas comienza'', y llamó a los mexicanos a emprender
un gran movimiento transformador capaz de crear una nueva legalidad,
una nueva economía, una nueva política.
Reacción del jefe de Gobierno
A las cinco de la tarde, el jefe
de Gobierno reconoció que mucha gente pensaba que no se
iba a cometer ''esta canallada del desafuero. Creían que
la decisión no sólo era injusta, sino irracional;
incluso decían que me hacía la víctima y
aprovechaba el caso para hacerme propaganda, pero ahora se confirma
que no exagerábamos cuando advertimos que eran capaces
de todo por defender sus intereses y privilegios'', en una decisión
en la que, añadió, participaron Los Pinos, Carlos
Salinas de Gortari y los dirigentes del PRI y el PAN.
Poco antes, a las 16:35, un ayudante
del Estado Mayor Presidencial entregó una tarjetita al
presidente Vicente Fox, quien se encontraba en Mazatlán.
El Ejecutivo sonrió y, a partir de allí, notificado
ya de la decisión de la sección instructora, el
mandatario federal fue todo buen humor. Eludió hablar del
tema y se limitó a insistir en que ''este es un buen día''.
Se había consumado la estrategia y la negociación
con el PRI, y a pesar de las protestas a lo largo de su gira por
Sinaloa y Nayarit, no perdió la sonrisa. ''La manifestación
no es a mí. Es un asunto del Legislativo y del Poder Judicial.
Es con ellos con quien deben dialogar.''
Los otros protagonistas fijaron su
postura más tarde. Primero, el procurador general de la
República, Rafael Macedo de la Concha, insistió
en defender la ''legalidad'' de la postura adoptada por la dependencia
a su cargo. Miembro del gabinetazo, el general no se salió
del guión e insistió una y otra vez en que las resoluciones
del Ministerio Público Federal están ''exentas''
de ''cualquier'' motivación política. Luego, el
responsable de la política, la seguridad y la tranquilidad
interna, el precandidato panista y secretario de Gobernación,
Santiago Creel, defendió a las 20:30 la estrategia sin
aceptar preguntas: no son momentos para alentar la confrontación,
ni para entrar a un debate de descalificaciones, dijo, y pidió,
con el rostro un tanto tenso, ''respeto a las instituciones''.
No avalar el desafuero, pide Corral
a senadores panistas
En la Cámara de Senadores,
el legislador panista Javier Corral expresó su sentir,
al afirmar que hay momentos en que se requiere alzar la voz, porque
el que calla se convierte en cómplice y éste es
uno de esos momentos. Y pidió a los diputados de su partido
no avalar el desafuero de López Obrador, y ''no por simpatías
hacia él, sino por el bien del país. No se puede
jugar de manera absurda con México''.
Por su parte, el coordinador de los
senadores perredistas, Jesús Ortega, advirtió que
los panistas y los priístas ''se van a arrepentir por esa
arbitrariedad, este golpe a la democracia'', y ratificó
que el perredismo hará un frente común con López
Obrador y que se disponen ya a las movilizaciones, la resistencia
civil y la rebeldía pacífica, mientras que el senador
priísta Humberto Roque Villanueva consideró que
si el pleno de la Cámara de Diputados aprueba el dictamen
de la instructora, se radicalizarán los movimientos sociales
en el país e inclusive puede surgir nuevamente la guerrilla.
La dirigencia del Partido de la Revolución
Democrática adelantó que mañana domingo discutirán
una estrategia de resistencia civil ''de largo aliento'', que
mantendrán hasta ''donde sea necesario'', aunque reconocieron
que la apuesta del gobierno federal es conseguir ''el desgaste''
del movimiento de apoyo a López Obrador ''en unas cuantas
semanas''.
Por si las dudas...
Por su parte, el Revolucionario Institucional
tomó sus providencias: avaló el voto de sus miembros
en la sección instructora de la Cámara de Diputados;
habló de la necesidad de ''despolitizar y despartidizar''
el proceso de desafuero y, por si las dudas, desalojó su
sede nacional ante la amenaza de un grupo de perredistas de tomar
el edificio.
A su vez, el dirigente del Partido
Acción Nacional, Manuel Espino Barrientos, convocó
a los ciudadanos del Distrito Federal a respaldar la decisión
de los legisladores y defender ''el estado de derecho''.
En Chilpancingo, Guerrero, en el
marco de la toma de posesión del perredista Zeferino Torreblanca
Galindo como gobernador del estado, los mandatarios perredistas
de Zacatecas, Amalia García Medina, y de Michoacán,
Lázaro Cárdenas Batel, así como el ex candidato
presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
repudiaron el dictamen de la sección instructora. Cárdenas
dijo: ''No procede el desafuero, y si se llega a la inhabilitación
de Andrés Manuel López Obrador se estaría
cometiendo una injusticia, un atropello, y significaría
un retroceso en la vida democrática de México''.
Asimismo, en el extranjero comenzaron
los análisis sobre el inicio del proceso de desafuero.
Analistas de la empresa financiera HSBC advirtieron que ''continuamos
sosteniendo que los costos políticos asociados con el desafuero
probablemente tendrán más peso que los beneficios
para el PRI, por lo menos por ahora''. Además, para la
principal firma de inversiones en el mundo, Merryll Lynch, la
decisión del gobierno de Vicente Fox Quesada de enjuiciar
a López Obrador ''sólo ha logrado aumentar la popularidad
del gobernante de la ciudad de México'', y agregó
que ''este proceso de desafuero ha convertido a López Obrador
en un sólido contendiente para la Presidencia en 2006''.
(Con Información
de La Jornada).
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