HACE dos décadas, cuando manifestábamos públicamente nuestra gran preocupación por la destrucción de las selvas y bosques, las autoridades de gobierno se negaban a escuchar nuestras voces, los medios de comunicación mostraban poco interés y la mayoría de la sociedad ni siquiera entendía el porqué de nuestra angustia.

Veinte años más tarde la situación forestal es dramática y la destrucción de zonas boscosas continúa a un ritmo anual de 750 mil hectáreas, aunque ya estamos atestiguando un cambio positivo en el nivel de conciencia de la población y de los medios de comunicación, donde cada día se abren más espacios a la ecología.

Lo que no ha cambiado es la actitud de la autoridades ambientales que siguen mostrando una total falta de voluntad para detener el sistemático ecocidio de selvas y bosques, el cual es operado impunemente por mafias de taladores, protegidos por la complicidad de las autoridades.

No se salvan ni siquiera lugares tan especiales y reconocidos internacionalmente como la Reserva Especial de la Biosfera de la mariposa Monarca. Este santuario único en el mundo está en peligro por la tala inmoderada de los bosques de la región, lo que ha provocado en tan sólo un año la muerte de 100 millones de mariposas, alrededor de 20% de las que arriban a territorio nacional. La mariposa Monarca establece sus colonias en los bosques de oyamel y para garantizar una verdadera protección en los santuarios, estos árboles deben ser adultos y su densidad no menor a 400 por hectárea. De no ser así, la temperatura disminuye considerablemente, provocando muertes masivas de mariposas por congelación. Esto lo saben las autoridades ambientales y sin embargo permiten que en la zona de amortiguamiento del santuario operen gran cantidad de aserraderos.

Por si fuera poco, en los límites de esta zona de amortiguamiento de la Monarca quieren construir una carretera que va de Zitácuaro al estado de México, aún sin contar con los permisos ambientales correspondientes. Por el momento se logró suspender esta obra gracias a las acciones del Partido Verde del estado de Michoacán, pero la destrucción por tala y desarrollos va mucho más allá de la zona de amortiguamiento de la Monarca. Este problema abarca a todo Michoacán y se extiende a los largo y ancho del territorio nacional, donde están funcionando miles de aserraderos clandestinos que procesan ilegalmente millones de metros cúbicos de madera.

Michoacán y 22 estados más del país viven una terrible crisis forestal que afecta a casi 400 áreas, muchas de ellas supuestamente zonas protegidas pero que siguen siendo devastadas ante la incapacidad manifiesta de la Profepa para enfrentar la estructura de corrupción que involucra a taladores, desarrolladores, inmobiliarios, funcionarios federales y autoridades locales. Sus acciones depredadoras, junto con las de un uso totalmente inapropiado del sector agropecuario, propician las condiciones que están colocando a los bosques en peligro de extinción.

Este panorama se oscurece aún más porque en México ni siquiera contamos con un adecuado plan estratégico forestal, ya que el presentado por la Comisión Nacional Forestal es deficiente e inoperante. Su análisis permite ver que las estrategias planteadas son ambiguas y que carece de los elementos necesarios para garantizar la conservación de las áreas forestales maderables, pues no establece plazos que permitan alcanzar los objetivos planteados, no especifica la diferencia entre especies forestales y especies maderables, no menciona responsables de llevar a cabo el programa y no cuenta con una metodología que permita alcanzar las metas de dicho plan.