NADA significativo han hecho los gobiernos recientes del Distrito Federal y del estado de México para hacer más respirable el aire, a pesar de haberse gastado fortunas en estudios hechos tanto por nacionales como extranjeros y a pesar de haber mantenido a centenares de funcionarios cuyos servicios han sido onerosos aunque inútiles.

Así, las cifras son menos que buenas, pues durante todo el año 2000, de acuerdo a datos oficiales, únicamente 12% de los días se logró estar dentro de la norma del ozono. En el primer semestre de este año la cifra de días con aire respirable ha sido de 13%. Las estadísticas muestran una situación que se mantiene sin mejoría.

Y si de las partículas se trata, la situación es todavía más grave pues en el Distrito Federal el reporte que reciben los habitantes sobre la contaminación atmosférica de partículas menores a 10 micrómetros (PM10) está subestimado hasta en 70%, de acuerdo con los estudios hechos públicos por el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental.

Ante esto, la actual Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México no tuvo más remedio que reconocer que en efecto, los equipos que monitorean las PM10 tienen problemas de medición.

Estas partículas suspendidas menores a 10 micrómetros penetran hasta los pulmones de los millones de personas que vivimos y trabajamos en la ciudad de México. Muchas de estas partículas se calcula que alrededor de la mitad de ellas son en realidad de un tamaño mucho menor (PM2.5), lo que las hace aún más peligrosas. Generalmente provienen de combustión y suelen estar compuestas de metales pesados e hidrocarburos que al ser aspirados provocan cáncer en personas susceptibles, según lo ha señalado el propio Mario Molina, Premio Nóbel mexicano.

Durante una década hemos escuchado infinidad de discursos y promesas de gobiernos de distintos partidos, pero no hemos visto resultados. Si así fuera, ya no circularían vehículos de carga y de pasajeros contaminantes, ni habría empresas que lanzaran al aire sustancias tóxicas, ni tampoco nos veríamos forzados a utilizar deficientes combustibles.

La realidad es que tanto el sector industrial como el del transporte continúan fuera de control, mientras que los combustibles de Pemex han tenido mejorías por demás insuficientes.

Ante este panorama, qué otra cosa si no indignación pueden provocar las declaraciones se la Semarnat al anunciar como gran avance el hecho de que, debido a las exigencias de los socios del TLC, los mexicanos finalmente podremos conocer los niveles exactos y tipos de contaminantes que genera el sector industrial del país.

Esta información tendrá carácter obligatorio y deberá hacerse pública únicamente porque así lo exige el TLC, pues es evidente que de no mediar el tratado las autoridades ambientales seguirían ocultando las estadísticas de contaminación, dejando a las empresas en libertad total para continuar destruyendo el ambiente.

Mientras que en Canadá y en Estados Unidos las industrias reportan su emisiones y transferencias de contaminantes, cuestión que es del dominio público, el Partido Verde ha estado demandando desde hace 10 años la verificación obligatoria de la industria y un registro exacto y público de los contaminantes que se producen y el manejo que se da a los desechos.

Hasta hoy ningún funcionario ambiental ha tomado acción determinante alguna en ese sentido y por ello su ineptitud y negligencia ha sido puesta en evidencia por los poderosos socios del TLC. En tanto llega el día marcado por ellos, resulta inútil solicitar un control oficial sobre la cantidad de tóxicos que maneja y desecha la industria.