Por ello y dado que en situaciones de este tipo no cabe a penas posibilidad de defensa he considerado importante hablar del mal trato psicológico en estos casos y las dificultades con las que un afectado se encuentra para poder resolver dicha situación.
El trato vejatorio o indigno en estos casos, que puede traducirse a veces en mal trato psicológico es una circunstancia que a veces es muy dif�cil de detectar desde el ámbito exterior de la unidad de convivencia y a menudo dif�cilmente denunciable por parte del discapacitado que lo sufre, e incluso cuando existe denuncia es muy dif�cil presentar pruebas fehacientes ante un tribunal porque es algo que no deja huellas f�sicas. Con frecuencia en estos casos incide una mala convivencia entre personas del mismo entorno.
A menudo allegados o personas próximas a la familia conocen la existencia de un trato vejatorio e inadecuado al discapacitado siendo frecuente el hecho de que no quieran saber nada y aún menos mediar y profundizar sobre las causas o lo que está pasando porque a fin de cuentas piensan que son cosas de la familia de «puertas para adentro», de modo que comúnmente el afectado tampoco tiene el apoyo de otros familiares o amigos ni tan siquiera como mediadores en la familia.
Este tipo de mal trato es difícil que sea denunciado por la víctima cuando procede de la misma persona o personas que atienden o conviven con el discapacitado, ya que el hecho de esa dependencia causa con el tiempo una sensación similar al «S�ndrome de Estocolmo», que es aquello que sufren quienes por ejemplo han estado mucho tiempo secuestrados llegando a sentir afecto hacia quienes depende o ha dependido su vida. En este caso la víctima crea en su interior la sensación de que es él mismo como discapacitado dependiente quien provoca ese inadecuado comportamiento del agresor cuidador.
Todo ello unido al aislamiento y soledad interior va causando con el tiempo una mella muy grave en el afectado, hecho que le hace perder su auto estima y capacidad para auto valorarse, máxime porque siendo consciente de que padece una gran limitación; las humillaciones y menosprecios del agresor o agresores le causan un sentimiento de «no valgo para nada» � «no soy ni seré capaz de hacer nada». Ello va anulando en el afectado incluso la capacidad de pensar, de estudiar, de concentrarse, de descansar o inclusive de trabajar, pudiendo incluso causar un trastorno psicológico que requiera atención en psiquiatría.
Con frecuencia el perfil del cuidador que trata de forma vejatoria, degradante, inapropiada o poco respetuosa a un dependiente con discapacidad, se adecua mas a una persona que debido a su escasa formación, cultura, nivel educativo u otros factores sociales visualiza al discapacitado como un ser inferior, actuando probablemente sin premeditación, sin ser consciente del daño que causa a la persona porque en su finalidad no está tanto el hecho de hacer daño a la persona, sino conseguir que dicha persona no se desarrolle, no evolucione y continúe en un estado de aislamiento o de exclusión que desde su punto de vista educativo es el papel social que le ha tocado vivir y al que ha de resignarse.
La persona que trata de modo vejatorio y degradante al discapacitado se esfuerza por incluso tratar de convencer a las personas del entorno exterior próximo a la v�ctima del complejo o extrovertido carácter del discapacitado, logrando que a menudo terminen convencidos de que la víctima es una persona socialmente difícil, o en el mejor de los casos les parezca extraño todo ello y se aparten del mismo sin preocuparse de mas, porque la sociedad tristemente aún tiene una visión «subconsciente» del discapacitado como una persona en inferioridad de condiciones sociales al resto de la ciudadanía, alguien «problemático» que no es como los demás. Este hecho en estos casos es un factor mas en contra de la víctima.
Por tanto aspectos como el derecho a elegir una vida independiente, con quien y como desea vivir la persona con discapacidad, su derecho a la vida en pareja, el acceso a la sexualidad y otra serie de factores similares que se contemplan por ejemplo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que recientemente ha sido adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), as� como por otros tratados y acuerdos internacionales http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/draftconvention.html es algo para este tipo de personas en todo punto inadmisible, ilógico e intolerante y por tanto utilizarán todos los medios posibles para evitarlo.
Es muy difícil que en estos casos exista ningún tipo de denuncia por parte de la víctima sea cual sea el trato degradante que reciba, máxime porque la víctima es consciente de que ello es fundamentalmente un problema cultural de dicha persona que lo maltrata.
Evidentemente existen otros perfiles del cuidador que maltrata cuyo carisma pudiera ser mas delictivo y en toda regla digno de ser objeto de denuncia policial dado que su fin único es el hecho de disfrutar haciendo daño premeditadamente, pero este aspecto pertenece a otro ámbito en el que no me considero con formación para poder dar una opinión.
Pero en cualquier caso las consecuencias que padece la víctima son la indefensión, daño moral y desaparición de su auto estima provocada por un trato degradante. Y lo que es mas grave, la incomprensión social y falta de apoyo institucional para solventar el problema.
Los servicios de Salud Mental (psicología y psiquiatría) debieran de poseer frente a casos de personas con gran discapacidad que se acercan a ellos unos programas especiales para la detección de un posible trato degradante o inadecuado en su entorno, en los cuales se profundice y se solicite de modo oficial la participación de todos los miembros de la unidad de convivencia, dando como resultado unos informes y conclusiones que puedan ser vinculantes para emitir ante otras instituciones como Servicios Sociales quienes a partir de aquí puedan comenzar a ayudar a la víctima para el logro de su vida independiente (vivienda social, medios adecuados de asistencia conforme a su discapacidad, etc..,) lo que posibilitará que la víctima recupere su dignidad como persona, salga del problema y pueda adquirir su verdadera integración social. Muy especialmente cuando la misma persona que sufre el problema así lo esté solicitando.
Pero si por el contrario no existe preocupación ni interés por investigar (en profundidad) éstas situaciones a pesar de incluso a veces ser conocedores de las mismas, no trasmitiéndolas a estamentos superiores y a los órganos de servicios sociales correspondientes y estos últimos ignorar y no dar soluciones eficaces al problema, limitándose únicamente a aconsejar al afectado: «Bueno, nosotros no podemos hacer nada, no es nuestro acometido, le sugerimos que denuncie los hechos, ó tenga paciencia, aguante un poco que no será para tanto..,» resultará que lejos de colaborar en solucionar el problema a la persona que padece esta problemática, se le continuará agravando aún mas:
Hemos de decir que ante estos casos de trato degradante y vejatorio la víctima siente además de
impotencia e incomprensión social una vergüenza terrible cuando su única solución debe de pasar por
denunciar los hechos porque entran en juego varios factores personales de tipo ético planteándose:
- �C�mo voy a denunciar a quien me cuida??
- Aunque me trate mal �Es quien al fin y al cabo carga diariamente con todo mi problema!
La soledad y desprotección del discapacitado que sufre tratos indignos o vejatorios es inmensa. A menudo suele ser muy prolongado, puede producirse durante años, desde la infancia, o incluso perdurar toda una vida sin ser detectado por nadie e incluso sin que la misma persona que lo sufre sea consciente de ello porque con el paso de los años en esa situación la persona llega incluso a la perdida de la dignidad y la autoestima, sin tener ni tan siquiera conciencia de ello.
Incluso en las peores situaciones de malos tratos psicológicos surgen influyentes valores de tipo ético e incluso a veces religioso que son propios de la personalidad de cada individuo impulsando a la persona a resignarse y continuar sufriendo en soledad porque siente que va a ser mayor el mal que va a causar que el alivio del que se va a librar o es consciente del gran daño emocional que probablemente se causar�a a si mismo en su interior si se llega a desarrollar un proceso judicial (que en determinados casos donde no hay premeditación no es lo mas adecuado) con testificación de los implicados que son los mismos miembros de la familia, dudas, miedo e incertidumbre sobre las soluciones que pudieran adoptarse por parte del tribunal (cuando además se sabe que actualmente y especialmente en las grandes urbes no hay flamantes medidas sociales en este sentido mas allá del internamiento en un centro para discapacitados). Por todo lo expuesto, las personas con discapacidad dependientes con mayoría de edad y capacidad jurídica debieran de encontrar la máxima atención por parte de aquellos profesionales a quienes planteen su deseo de iniciar una vida independiente y por supuesto recursos reales por parte de los servicios sociales mediante sólidos programas para que dispongan de la posibilidad (real y efectiva) de tener una vida independiente en un hogar propio sin estar sujetos a la necesidad de vivir obligatoriamente «por necesidad» a causa de la carencia de recursos y medios económicos bajo la tutela de personas o familias.
Tristemente hoy día esto es así, y sirva el siguiente ejemplo: Un discapacitado mayor de edad que cobra una prestación no contributiva en España continúa dependiendo de las rentas de la unidad de convivencia (si reside con sus padres o hermanos) para el disfrute del derecho a dicha prestación social, pudiendo serle denegado el derecho a recibir tal prestación (que por otro lado es mínima e insuficiente) cuando esa unidad familiar de la que forma parte sobrepasa unos recursos económicos mínimos que están estipulados por ley. En tal caso, la prestación pasa a ser concedida a la unidad de convivencia por «Discapacitado a cargo». Este tipo de discriminación es una de las primeras cosas que se debieran de extinguir para comenzar a reconocer el derecho social a la integridad de la persona discapacitada.
El hecho de denegar a una persona con gran discapacidad mayor de edad la solicitud de una subvención o ayuda
para material ortoprotésico, una vivienda social o una prestación no contributiva debido a que los
ingresos económicos de su unidad de convivencia (conviviendo con padres o hermanos) superan un determinado
baremo mínimo estipulado por ley o poseen algún bien inmobiliario, es otro punto discriminatorio hacia
la persona con discapacidad y su prosperidad.
Enrique G Blanco.
Enero de 2007. Proyecto Abedul.
Oposiciones Masters