Argentina acelera negociación de tarifas bajo atenta mirada de FMI

BUENOS AIRES (Reuters) -- El gobierno argentino puso el lunes sus motores a máxima potencia para finalizar esta semana una negociación con 39 empresas de servicios públicos que le demandan aumentos de tarifas, un compromiso acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las compañías privadas, en su mayoría filiales de grupos extranjeros, dicen que la inflación que trajo la depreciación del peso argentino hace necesario el aumento en las tarifas, que están congeladas desde enero de 2002, cuando el país cayó en una profunda crisis económica.

El plan general del gobierno del presidente Néstor Kirchner es que las alzas comiencen en el año 2005.

El gobierno ya ha llegado a acuerdos bajo ese esquema con la mayor distribuidora de agua potable del país, en manos de la francesa Suez y con las dos principales telefónicas, Telecom -- controlada por Telecom Italia y un grupo local -- y la filial argentina de la española Telefónica.

Pero aún tiene importantes contratos por renegociar. Entre los más espinosos están los de distribución y transporte de gas y energía, dos sectores altamente sensibles en momentos en que el país atraviesa una escasez de gas.

Las tres mayores firmas del país que distribuyen energía -- de Electricité de France (Edenor), de la española Endesa (Edesur) y del grupo AES (Edelap) -- aún no recibían al comienzo de la tarde del lunes la oferta del gobierno, según dijo el portavoz de Edenor.

Los aumentos tarifarios para las distribuidoras de energía électrica y gas, podrían ser los que más dolores de cabeza le generen a Kirchner, quien aún mantiene un alto nivel de popularidad, pero que en el 2005 enfrentará una prueba política clave en las elecciones legislativas.

A paso acelerado
"La idea es presentar los 39 contratos en los próximos días para realizar las audiencias públicas", dijo a Reuters un funcionario que pidió no ser nombrado, y agregó que el plazo que se impuso el gobierno para terminar la negociación es de alrededor de una semana.

Las empresas iniciaron el año pasado una campaña para enviar el mensaje a la población de que con sus tarifas congeladas y la inflación galopando al ritmo de la depreciación del peso no podían garantizar la calidad del servicio.

El gobierno tomó esa campaña como una extorsión, y se negó durante meses a negociar con las firmas la cuestión tarifaria.

Pero el acuerdo crediticio por 13.000 millones de dólares firmado entre Argentina y el FMI -- que le permite al país refinanciar deudas con el organismo y darle aire a su economía -- exigía renegociar los contratos antes de mediados de este año.

El gobierno no llegó a tiempo y debería pedir un perdón al organismo por ese incumplimiento -- entre otros -- para poder mantener el apoyo financiero del FMI, cuyo representante permanente en Buenos Aires volverá a reunirse esta semama con los hombres del ministro de Economía, Roberto Lavagna.

Con esa presión sobre los hombros, el gobierno busca anunciar en los próximos días que llegó a un acuerdo con las 39 empresas, que luego deberá ser refrendado en audiencias públicas con la participación de asociaciones de usuarios.

La fuente del gobierno advirtió que, incluso si no se llega a consensuar con alguna empresa el nuevo contrato, lo presentará a discusión en las audiencias públicas sin el visto bueno de la empresa.

CNN en español, 5 de julio de 2004

Las subas se definirían en función de las zonas geográficas y de la cantidad de usuarios.

A diferencia de las empresas eléctricas, que tendrían un ajuste uniforme, el Gobierno analiza otorgarles a las transportistas y distribuidoras de gas aumentos de tarifas que oscilarían entre el 15 y el 30%.

Los incrementos para las compañías gasíferas forman parte de la "renegociación parcial" de los contratos que los funcionarios quieren cerrar este mes. El esquema que elaboraron los técnicos de la UNIREN prevé mantener las tarifas sin cambios durante este año y aplicar subas diferenciadas a partir de los primeros meses del 2005.

Para las dos transportistas —TGN y TGS—, la recomposición tarifaria se ubicaría cerca del 15%. En cambio, para el grupo de nueve distribuidoras (Metrogas, GasBan, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Litoral Gas, Gasnor, Gasnea, Ecogas y Gas del Centro) los incrementos irían del 15 al 30%.

Los porcentajes de aumentos se definirían en función de las zonas geográficas y de la cantidad de usuarios residenciales que tengan cada distribuidora.

Los incrementos que están en juego para las transportistas y distribuidoras tendrían una incidencia máxima del 10% en las tarifas finales de los usuarios.

Junto con el "descongelamiento" tarifario, el acuerdo transitorio que el Gobierno baraja para el sector gasífero contempla la creación de fondos fiduciarios para atender las obras de expansión y una revisión contractual en los primeros meses del 2007.

Las empresas gasíferas recibieron hace 10 días el borrador del acta acuerdo que los funcionarios quieren suscribir en las próximas semanas. La propuesta de renegociación parcial contiene, entre otros, los siguientes cambios:

Prevé la aprobación de una "tarifa técnica transitoria" (TTT), que le permitirá a la concesionaria cubrir los "costos de un servicio eficiente acorde con las condiciones socioeconómicas del período de transición".

El cuadro tarifario se podrá recalcular cuando se produzcan los aumentos estacionales del gas y entren en vigencia los nuevos cargos destinados a financiar las obras de expansión.

Antes de la renegociación del 2007, se realizará una "auditoría técnica y económica de los bienes esenciales que están afectados al servicio público".

Además, el Gobierno les exigirá a los accionistas extranjeros de las gasíferas que suspendan los trámites de las demandas que plantearon ante el tribunal internacional del CIADI.

Al igual que las eléctricas —a las que el Gobierno les propuso ajuste promedio del 25% a partir del 2005—, las gasíferas habían reclamado aumentos que superaban el 100 por ciento.

Si las empresas aceptan los términos y condiciones del acuerdo transitorio, el Gobierno tendrá que convocar a una audiencia pública y remitir las actuaciones al Congreso.

Ayer, el diputado nacional Héctor Polino rechazó el otorgamiento de cualquier aumento transitorio y exigió la "renegociación integral de los contratos para poder evaluar los incumplimientos y las ganancias que han tenido las empresas en los últimos años".
Clarin, 4 de julio de 2004

LA RENEGOCIACION TARIFARIA: PROPUESTA DE ACUERDO TRANSITORIO
Discuten subas escalonadas para los peajes de accesos a la Capital

El Gobierno les propondrá a los concesionarios de las autopistas un reajuste tarifario del 15% para el primer semestre del 2005, otro 15% para el segundo semestre, y dos subas del 10% para el 2006.

Tras haber encarrilado las negociaciones con las empresas eléctricas y gasíferas, ahora el Gobierno se apresta a convocar a los concesionarios de los accesos a la Capital Federal para analizar la firma de "acuerdos transitorios" que se extenderán hasta el 2007.

La Unidad Renegociadora de los Contratos (UNIREN) —el organismo que manejan los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación, Julio de Vido— definió para las autopistas del área metropolitana un esquema de "renegociación parcial" que recién comenzaría a aplicarse a partir del próximo año.

De acuerdo con los datos obtenidos por Clarín, el "esqueleto" del acuerdo transitorio que los funcionarios comenzarán a discutir con los cuatro consorcios que explotan los accesos Norte, Oeste, Ricchieri-Cañuelas y la autopista La Plata-Buenos Aires contempla, entre otros, los siguientes cambios clave:

Tarifas: En los meses que restan de este año, los valores de los peajes se mantendrán sin cambios. La recomposición tarifaria arrancaría en los primeros meses del 2005, con un ajuste del 15%. En el segundo semestre del próximo año se aplicaría otro ajuste del 15% para todas las categorías de vehículos.

El cronograma de aumentos continuará en el 2006 con dos subas del 10%. La primera entraría en vigencia en los primeros días del año y la siguiente, en la segunda parte del año.

Plazos: El acuerdo de transición llegará hasta los primeros meses del año 2007. En ese momento, se volverían a renegociar los valores tarifarios y la ampliación de las concesiones que vencen después del 2020.

Obras: Hasta el 2007, los concesionarios deberán mantener el estado de las calzadas y concluir los trabajos que se habían paralizado en el 2002.

A diferencia de las otras renegociaciones con las privatizadas, en las concesiones de los accesos no aparecería en juego el mecanismo de financiamiento de los fondos fiduciarios. Las nuevas in versiones quedarían a cargo de las empresas y se compensarían con los aumentos de tarifas a largo plazo y la extensión de los contratos.

A estas modificaciones se agregaría un nuevo parámetro de "control económico y regulatorio". Los técnicos de la UNIREN analizan pasar la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los contratos originales de dólares a pesos. Tras ese cambio, la recuperación del nivel de utilidades no se daría en forma inmediata. Las empresas recién volverían a tener garantizada una TIR en pesos en un plazo estimado de 5 años y siempre y cuando hayan cumplido con la ejecución de las nuevas inversiones.

La propuesta de renegociación que el Gobierno les girará a las concesionarias a partir del lunes está bastante lejos de lo que reclamaban las empresas.

En las últimas presentaciones que elevaron el año pasado a la UNIREN, los operadores de los accesos habían solicitado una "renegociación integral" que incluía subas superiores al 100% en los peajes, el pago de subsidios compensatorios, un nuevo mecanismo de indexación tarifaria y una amplia revisión de todos los planes de inversiones.

De las cuatro concesionarias, la única que tiene la totalidad de su deuda contraída en el exterior es la operadora del acceso Norte.

Ausol —cuyo control está en manos de la española Abertis Infraestructura— logró salir del default el mes pasado tras la reprogramación de una deuda de casi 500 millones de dólares que incluyó la cesión del 30% de las acciones a los acreedores. Otro que también reestructuró su pasivo de 159 millones de pesos la semana pasada es GCO, el concesionario del acceso Oeste.

En ambos casos, las empresas les prometieron a sus acreedores conseguir una renegociación "razonable para restablecer el equilibrio del negocio y afrontar los pagos comprometidos". Ahora queda por ver si esta propuesta alcanza para cubrir las nuevas obligaciones de pago o si lleva a las empresas a un nuevo default.
Antonio Rossi, Clarin, 4 de julio de 2004

>> Los accesos a la Capital Federal

Gas naturalproponen ajustes diferenciales del 15% al 30%

Perdonan incumplimientos a trenes de carga
El Gobierno ya tiene casi cerrada con las empresas ferroviarias de cargas una "renegociación integral" que promete generar polémica. Las nuevas reglas de juego que acordaron la UNIREN y las empresas Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur, NCA y ALL prevé tres cambios significativos:

Un amplio perdón de todos los incumplimientos de inversiones y los cánones adeudados al Estado. A partir de ahora, los concesionarios sólo tendrán la obligación de invertir el equivalente al 7% de la facturación anual en las redes troncales. Según la recaudación del 2003, el compromiso de inversión exigido a todas las ferroviarias llegaría a sólo 33 millones de pesos anuales.

Habilita un aumento en los fletes de hasta el 130% por la actualización del limite superior tarifario. Para ese ajuste se aplicará el índice de precios internos mayoristas (IPIM) de los últimos dos años y medio.

Las obras de infraestructura en los ramales que no sean prioritarios para el concesionario quedarán bajo la responsabilidad del Estado. Para atender esas inversiones, se creará un fondo fiduciario que se alimentará con los ingresos provenientes de los cánones, los peajes por el uso de las vías y las multas que se cobren a los operadores.

Según los informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Auditoría General de la Nación (AGN), todos los concesionarios están en falta. Cumplieron sólo con el 40% de las inversiones obligatorias y tienen cánones impagos desde hace varios años.

Con el nuevo esquema, el Estado deberá arreglar las vías y estaciones para que puedan circular los trenes de pasajeros que prometió el Gobierno hace más de un año.
Expendedores, al Congreso
La Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA) convocó para el martes a una marcha al Congreso en reclamo de una ley de comercialización de combustibles que permita garantizar una "leal competencia" y evite que las petroleras "impongan sus condiciones de venta y precios a los estacioneros minoristas".
El titular de FECRA, Carlos Calabró, destacó que "hace 14 años se desreguló el mercado de los combustibles con la promesa de sancionar una ley de hidrocarburos que hasta ahora sigue sin aparecer".

La renegociación de contratos de servicios públicos
Piden una mayor alza de tarifas
Eléctricas y gasíferas no se conforman con el aumento propuesto por el Gobierno

Los ejecutivos consultados destacaron que esta segunda oferta sólo significa "el comienzo de la negociación"
Rechazaron las exigencias de inversión y la suspensión de demandas

Preocupados por evitar nuevas discusiones mediáticas con el Gobierno, ejecutivos de empresas de energía admitieron ayer en off the record su rechazo a la propuesta oficial de aumento de las tarifas de transporte y distribución de gas y electricidad. Es ya la segunda iniciativa del Poder Ejecutivo a la que las compañías se oponen.

"Es una oferta de máxima, como la de la deuda en Dubai", comparó un alto directivo de una de las empresas de gas frente a la nueva iniciativa del Gobierno de elevar las tarifas del 10% al 15% a principios del año próximo y mantenerlas después congeladas hasta 2007. El empresario, al que los montos y los plazos no satisfacen, destacó que "es el comienzo de una negociación".

La Argentina se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cerrar el mes pasado la renegociación de 52 de las 62 concesiones de servicios públicos, de las cuales un tercio corresponde al sector energético. El Gobierno acercó en primer lugar a las distribuidoras y transportistas de gas y electricidad una propuesta informal para sellar en junio un acuerdo transitorio hasta fines de año que mantenía el congelamiento de tarifas vigente desde 2002.

Escollos
Las empresas prefirieron no firmar nada y seguir negociando un convenio más beneficioso y de largo plazo. El país incurrió entonces en un incumplimiento con el FMI y esto dificulta que el organismo apruebe la tercera revisión del acuerdo trienal. Existen otros dos escollos: la falta de nombramiento de las consultoras que asesorarán en la reestructuración de los bancos Nación y Provincia, y el retraso en el envío al Congreso de un proyecto consensuado de ley de coparticipación federal de impuestos. Con el fin de salvar la cuestión de los servicios públicos, la Unidad de Renegociación, a cargo de los Ministerios de Planificación Federal y de Economía, propuso anteayer de manera formal un pacto a las empresas de transporte de electricidad y gas. Las distribuidoras aún no recibieron nada, pero están incluidas en el proyecto del Gobierno.

A cambio del aumento de tarifas, el Ejecutivo quiere imponer a las operadoras exigencias de inversión y que desistan de las demandas que sus accionistas emprendieron contra la Argentina por la ruptura unilateral de los contratos, en 2002, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Desde 1997, las empresas de energía no están sometidas a requisitos de inversión, sino sólo de estándares de calidad.

"El Gobierno ha fijado sus aspiraciones de máxima, las empresas fijarán las suyas y así se abrirá un espacio de negociación", se esperanzó el representante del sector gasífero. Preguntado sobre si la anterior propuesta del Ejecutivo no era la de máxima, respondió que aquélla no había sido presentada de manera formal. Este directivo prevé que ahora haya tiempo hasta la cuarta revisión del acuerdo con el FMI, en septiembre próximo, para negociar los contratos. De la última oferta del Gobierno opinó que la suba de tarifas "es mínima", similar a la que intentó sin éxito el gobierno de Eduardo Duhalde a fines de 2002, y criticó el hecho de que se impidan otras alzas hasta 2007. También censuró la pretensión de interrumpir las querellas en el Ciadi, cuando las empresas esperan que emita dictámenes entre este mes y octubre del año próximo.

"No es que seamos insaciables, es que la oferta es inaceptable", se defendió una ejecutiva de una firma de electricidad. "Está absolutamente alejada de lo que queremos. Es imposible aceptar esas tarifas porque algunas van a quedar a la mitad del precio de las de Brasil y además se mantendrán así durante dos años. Encima te exigen inversiones. A la mayoría de las empresas no les va a alcanzar ni para pagar los intereses de la deuda. Se olvidan de que pasamos dos años y medio con tarifas congeladas y que nuestros costos están dolarizados", amontonó críticas la empresaria eléctrica.
Por Alejandro Rebossio, La Nacion 4 de julio de 2004