Ni discriminación ni despojo

Por Daniel Lorea (*)

LA PLATA, 16 ABR (Especial para AIBA). En los últimos días volvieron a producirse manifestaciones de diversos dirigentes, inclusive legisladores provinciales, acusando al gobierno bonaerense de reducir las transferencias hacia ciertos municipios del interior de la Provincia. Para ello se basan en números que no son reales, con lo que intentan impresionar a ciudadanos desprevenidos, pero sólo consiguen desconcertar a los propios intendentes, que por un lado reciben mayores recursos desde la Provincia y por otro se enteran de esas manifestaciones que niegan la realidad.

Alguno, incluso, se ha explayado sobre la distribución de recursos para los municipios, con argumentos inventados y agraviantes. Se intenta captar la atención publica con denuncias falaces. Sin embargo, aunque sean manifestaciones equívocas y repetitivas, es necesario aclararlas.

La pregunta surge rápidamente: ¿por qué los intendentes no se quejan de estas supuestas discriminaciones o despojos? La respuesta es simple: porque no existen. Y los números son irrebatibles. En 2003 las transferencias a los municipios totalizaron 1600 millones de pesos, 26 por ciento más que en 2002; lo que significó para ellos (peronistas, radicales o de otras fuerzas) contar con 330 millones de pesos más que en el año anterior. Este notable incremento se explica en las importantes mejoras que se lograron en la recaudación provincial, en las mayores transferencias del gobierno nacional, pero fundamentalmente en la decisión política del gobernador Felipe Solá de descentralizar el cobro de diversos impuestos hacia los municipios.

Esta decisión beneficia, sobre todo, a los municipios del interior de la Provincia ya que es allí donde el impuesto Inmobiliario Rural tiene su mayor incidencia. Por este concepto los municipios obtuvieron 167 millones contra 25 millones de pesos que habían recibido en 2002. Lo que significa que la decisión de descentralizar los impuestos, sólo por 2003 les significó recibir 142 millones más.

El impacto de esta medida es muy claro: mientras el conjunto de municipios recibió un 26 por ciento más de transferencias, los del interior tuvieron un incremento de 32 por ciento y los del Conurbano de 20 por ciento; cabe preguntarse ¿dónde está la presunta discriminación? Por otra parte, merece destacarse la composición de las transferencias: el 97 por ciento correspondió a distribuciones directas (coparticipación, descentralización y juegos de azar), que se realizan por indicadores objetivos y predeterminados, lo que les asegura a los municipios previsibilidad para su administración y ninguna posibilidad de "despojo".

Perspectivas para 2004
Para 2004 se estima que las transferencias a los municipios serán de 1810 millones pesos, un 13 por ciento superior al año anterior, lo que representa más de 210 millones adicionales. Este año se incorporan las transferencias que surjan del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, que será distribuido en su totalidad entre los municipios mediante un índice de vulnerabilidad social en cuya composición se contemplará la cantidad de población bajo la línea de indigencia a través de diferentes indicadores. Se estima que el monto a distribuir por este Fondo municipal –establecido por la Ley 13.163- alcanzará a 80 millones de pesos, que los municipios podrán destinar a atender las demandas de asistencia alimentaría y familiar.

De esos 80 millones, la Provincia aporta 20 millones, producto de la recaudación de agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, mientras que el resto se constituye con aportes municipales generados a través de la coparticipación, descentralización y juegos de azar.

Pero el hecho que aporten a la constitución de este Fondo no significa bajo ningún concepto que pierdan estos recursos, como manifiestan algunos dirigentes, sino que los mismos se distribuyen entre los municipios por indicadores que miden la situación social de cada comuna. En definitiva constituyen transferencias a los municipios, bajo un nuevo indicador y afectadas a programas sociales.

Cabe destacar que del total de recursos transferidos en el año 2003 (1600 millones de pesos) el 52 por ciento fue al interior, en tanto que el 48 por ciento fue al Conurbano, mientras que en el presente ejercicio la relación será del 50 por ciento para cada uno de los sectores, atenuando el perjuicio que sufre el Conurbano. Es evidente que si tomamos cualquier indicador como población, pobreza, necesidades básicas insatisfechas o empleo, advertimos que en realidad quien se ve perjudicado en esta distribución no es el interior, sino el Conurbano.

Los datos numéricos son irrebatibles. No hay, entonces, discriminación ni despojo. Las quejas sólo apuntan a posicionarse políticamente, ante las cuales el gobierno bonaerense contestará con la verdad de los hechos y las transferencias comprobadas. Y profundizando sus políticas de descentralización. (AIBA)

Subsecretario de Política y Coordinación Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.