La situación fiscal: polémica decisión oficial
Disponen un aumento del gasto de $ 4296,4 millones
Es el mayor incremento aplicado por el presidente Néstor Kirchner de una sola vez

Prácticamente todas las áreas del gobierno nacional resultaron beneficiadas por la medida
Sólo la Anses recibió $ 1154 millones
Fuerte suba en los giros hacia las provincias

El monto resulta impactante: en un único decreto presidencial, publicado el viernes pasado, el Poder Ejecutivo dispuso aumentar el gasto público nacional la friolera de 4.296.417.921 pesos. Se trata del mayor incremento en el presupuesto que haya dispuesto el presidente Néstor Kirchner de una sola vez desde que tomó las riendas del Gobierno.

Este volumen de gasto muestra su relevancia si se lo compara con el incremento que, a lo largo de los primeros seis meses de este año, ha tenido el presupuesto nacional. El ajuste en el semestre alcanzó los $ 950 millones, según detalla un informe que elaboró el Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Una cifra que parece nimia, si se la compara con los casi $ 4300 millones de aumento que, de un plumazo y en un solo decreto (el 917/2004), dispuso el Ejecutivo el 21 del actual.

¿En qué rubros se repartió semejante volumen de recursos? Prácticamente todas las áreas de la administración pública se vieron beneficiadas; incluso hasta se incorporaron mayores gastos para pasajes y viáticos de la Presidencia, así como también para protocolo y ceremonial.

La decisión de incrementar el gasto no tiene otra explicación que la buena recaudación tributaria registrada en los últimos meses. "Durante el transcurso del presente ejercicio se ha verificado un notable desempeño en las cuentas públicas, en un contexto de recuperación de la actividad económica y de aplicación de eficaces acciones de control de la evasión", se argumentó en el decreto.

No es la primera vez que el Gobierno decide sobre estos excedentes; ya en mayo último, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, había dispuesto en varios decretos incrementos del orden de los $ 4952 millones, destinando una buena porción de esos recursos a paliar la crisis energética. Desde el Congreso, numerosas voces advirtieron que no le corresponde al Ejecutivo decidir sobre el destino de los fondos, sino al Parlamento. Así, presentaron sendos proyectos de ley para derogar un artículo del actual presupuesto que le permite al jefe de Gabinete disponer sobre las partidas (ver aparte).

Los más beneficiados
Los rubros que aparecen mayormente beneficiados en el decreto 917 son la Anses, con $ 1.154.881.000, distribuidos en $ 25.881.000 para gastos operativos, $ 1.040.600.000 para responder al pago de jubilaciones y $ 64.400.000 destinados al PAMI. También resulta relevante el aumento dispuesto para las obligaciones del Tesoro, de $ 1.154.881.000. De esa cifra, se destinan $ 192.200.000 adicionales para que las provincias y municipios financien sus gastos corrientes y $ 49.600.000 adicionales de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires. También en este rubro se suman $ 10.918.000 para fondos fiduciarios, como el del transporte eléctrico, y otros $ 383 millones para asistencia financiera a operadores privados del sector de energía. El ministro de Planificación, Julio De Vido, también obtuvo una sustanciosa tajada, ya que contará con $ 24,1 millones para realizar transferencias a las provincias y $ 851,6 millones adicionales para atender la crisis eléctrica. De ese total, 550 millones se destinan a financiar la tarifa eléctrica mediante un préstamo de largo plazo. Por último, para Presidencia se destinaron $ 3.268.937 para pasajes y viáticos, 200.000 para ceremonial y 500.000 para gastos protocolares.
Por Laura Serra y Jorge Oviedo, La Nacion, 26 de Julio de 2004

El Congreso reclama el poder de decisión
Busca recuperar el manejo tributario

Distintos sectores de la oposición, e incluso un sector minoritario del PJ, reclaman que el Poder Ejecutivo le devuelva al Congreso una facultad que, por mandato constitucional, le es exclusiva: la de decidir sobre el destino de los recursos presupuestarios, como también el de los excedentes tributarios.

En las últimas semanas, distintas bancadas presentaron sendos proyectos de ley en los que exigen la derogación del polémico artículo 13 del actual presupuesto nacional, que, en buen romance, faculta al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a disponer a su discreción sobre las partidas presupuestarias.

A diferencia de otras leyes de presupuesto, esta vez el Poder Ejecutivo puede efectuar los cambios sin sujeción a la ley de administración financiera. Es decir que está habilitado, por ejemplo, hasta para cambiar las finalidades de las partidas que habían sido aprobadas previamente por el Congreso.

Desde la Cámara de Diputados, el diputado Claudio Lozano (CTA) presentó un recurso de amparo en la Justicia para intentar revertir esta situación. Lozano objeta, básicamente, que el Poder Ejecutivo disponga a su libre albedrío sobre los excedentes tributarios sin previa consulta al Parlamento.

"La asignación de estos fondos que realiza el Gobierno carece de todo sustento legal y constitucional, configurando la asunción indebida de la competencia propia del Congreso de la Nación", afirmó.

Desde el radicalismo, los diputados Leopoldo Moreau y Horacio Pernassetti solicitaron lisa y llanamente la derogación por ley del polémico artículo 13.

Ambos legisladores señalaron que, en virtud de ese artículo, se transfirieron 755.100.000 pesos para paliar la crisis energética. Si bien los fondos destinados al pago de haberes a jubilados y pensionados no se verían vulnerados, los legisladores se preguntan si no hubiera correspondido destinar una porción de los recursos tributarios a un aumento de la jubilación mínima.

En el mismo sentido se expresó el diputado Jorge Rivas (Socialismo-Buenos Aires). "No queremos menoscabar las funciones del jefe de Gabinete, pero una cosa muy distinta es tolerar la discrecionalidad que dispone para, por ejemplo, convertir una partida destinada a un área sensible como la seguridad social a un aporte no reintegrable al Ente Binacional Yacyretá", enfatizó.

También en el justicialismo se escucharon algunas voces críticas. Como la del diputado Roque Alvarez, que también abogó para que el Congreso sea el que disponga sobre los excedentes tributarios.