Editorial II
Nuevo ataque a la propiedad agraria

Una diferencia sustancial entre lo que dispone el Código Civil por un lado y la ley 12.257 de la provincia de Buenos Aires en lo referente a las disposiciones sobre el derecho de aguas, conlleva unas implicancias vinculadas con el dominio público y el privado. Nuestro Código Civil, de jerarquía superior en la materia, por la delegación efectuada por las provincias en favor de la Nación, establece en su articulado que son del dominio público los cauces de los ríos y los lechos de los lagos navegables, no de otros, como arroyos o lagunas. De donde surge que los lechos de estos últimos son susceptibles de dominio privado en tanto no lo sean expresamente de dominio público por títulos en su favor. La ley provincial y sus propuestas reglamentarias no expresan lo mismo.

A partir de ello surge una discrepancia entre lo que dispone el Código Civil y la ley 12.257, con motivo del propósito de proceder a su reglamentación en lo referente a la llamada línea de ribera, determinante del área de dominio público en las adyacencias de los cursos de agua. El Código Civil establece que pertenecen al dominio público las extensiones de tierra que las aguas de ríos y lagos navegables bañan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias. En cambio, la ley provincial, en el artículo antes mencionado, avanza sobre esa norma, considerando crecida media ordinaria aquella que surge de promediar los máximos registrados en cada año durante los últimos cinco años. Y lo hace respecto de todas las aguas y no sólo las referidas por el Código Civil. El tema tiene alta relevancia por cuanto dada la excepcionalidad de las inundaciones de los últimos años, la línea de ribera según la legislación provincial determinaría la ampliación del dominio público por ese solo hecho, en detrimento de las propiedades privadas que tienen adjudicados sus dominios según consta en los catastros y por los cuales sus propietarios abonan sus tributos. Sin haber mediado expropiación ni compra efectiva, la provincia vendría a apropiarse de sustanciales porciones de territorio. Resulta fácil comprender que aunque la provincia no ejecute tales supuestos derechos, que no se sostendrían de recurrirse a la Justicia, la sola existencia de la controversia normativa vulnera la indispensable seguridad jurídica, base esencial de las decisiones productivas y en general de relación entre las partes, cualesquiera que sean. Por otra parte, aun sin la sanción reglamentaria aludida se someten a ese criterio solicitudes de subdivisiones, a las que los peticionantes se allanan con tal de obtener su aprobación.

El centro de la cuestión está referido a la propiedad agraria, sin perjuicio de otras afectaciones de variada naturaleza. Ya bastante cruda ha sido la experiencia de miles de productores rurales con motivo de las inundaciones de los últimos años como para pretender que precisamente con ese motivo se intente cercenar una parte de sus castigadas propiedades.

Debe entonces procederse a cumplir con la legislación federal, o sea el Código Civil, evitando la reglamentación de la ley provincial y ordenando desde el vértice del poder público provincial la adhesión a esos postulados en las reparticiones pertinentes. De parte de la Legislatura provincial, cabrá la modificación del artículo 18 de la referida ley provincial por otro acorde con la legislación federal, respaldada por la Constitución nacional.
La Nacion, 24 de julio de 2004