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MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN

ORÍGENES Y OBJETIVOS:

 Los orígenes de la Asociación Pro Derechos de la Infancia se remontan al año 1.999, si bien desde el año 1.998, un grupo de doce personas venían trabajando con los menores de la calle de la ciudad.

Hasta el año 1.999, en Melilla solo existía un centro de reforma y un centro de acogida de menores, prácticamente la totalidad de los menores que residían en el centro de acogida eran españoles o de familias residentes en Melilla. Los menores del centro de reforma eran en su práctica totalidad marroquíes, la capacidad estimada de dicho centro era de unos quince niños.

Mientras, en la calle sobrevivían como podían cerca de un centenar de niños de todas las edades (tanto niños como niñas), se dedicaban sobretodo a la mendicidad, realizar pequeños trabajos a la puerta de los supermercados o  cometer pequeños hurtos. Gran parte de ellos consumían disolvente y hachis, presentaban enfermedades de todo tipo, eran objeto de frecuentes abusos físicos y sexuales. Expulsados a la frontera marroquí un día sí y otro también.

En aquella época vimos con estupor, como una menor de 14 años que vendía chicles habitualmente, con quince ofrecía sus servicios sexuales. Como niños de 11 años dormían escondidos en cuevas o enterrados en la arena de la playa. Como cuando ya no podían más, rompían la luna de un coche y esperaban a que llegara la policía para que los detuviera y los trasladara al centro de reforma y así durante unas semanas podrían dormir en una cama y reponer fuerzas.

Durante el año 1.998, todos los intentos por ayudar a estos pobre niños eran inmediatamente rechazados por la administración, no sin amenazas de todo tipo para desanimarnos en nuestras peticiones.

En el mes de abril del año 1.999, tras comprobar la inutilidad de las reivindicaciones que se hacían a nivel personal, el grupo se decidió a iniciar las gestiones para constituirse en asociación y poder ejercer así una presión mayor a las instituciones.

Finalmente se constituye la Asociación Pro Derechos de la Infancia, el día 17-05-1.999

La presentación de la misma se hizo en la UNED y sin apenas haberla anunciado, asistieron más de 200 personas de las cuales solicitaron su entrada en la Asociación 74. Ello da idea del grado de sensibilidad que despertaba el tema en la ciudad.

Los objetivos de la Asociación quedaban claros en el Artículo 6 de sus estatutos:

1.- La integración del niño en la sociedad, tanto en el plano social, como en el cultural y deportivo, sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2.- Mejorar la convivencia, así como el progreso y perfeccionamiento de los medios de coexistencia y defensa de los derechos del menor.

3.- Denunciar a las autoridades competentes las situaciones de riesgo o desamparo de menores que puedan ser conocidas por los miembros de la asociación

4.- Fomentar la reintegración familiar del menor mediante el apoyo a la familia con todos los medios posibles, ya sean educacionales, psicológicos, de empleo, así como otras medidas complementarias.

5.- Cuando la Asociación por medio de sus legítimos representantes haya de actuar ante los Organismos Públicos, se ajustará en su actuación a las normas específicas por las que dichos organismos se rijan, sin interferir su actuación, limitar sus actividades tanto en su forma como en su contenido, y ateniéndose en orden a peticiones, sugerencias, ofrecimiento de información, asesoramiento y colaboración a los cauces estrictamente legales, a fin de no entorpecer, invadir o colisionar la competencia privativa de tales organismos.

MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS  Y HUMANOS DE QUE DISPONE LA ASOCIACIÓN:

La Asociación, carece absolutamente de patrimonio. El local donde se ubica su sede social es un local cedido “en uso” y de forma altruista por uno de los socios.

La Asociación tampoco dispone de medios económicos. Con el fin de conservar la independencia de acción, hemos rechazado las numerosas ofertas que se nos han hecho desde la Ciudad Autónoma para facilitarnos subvenciones.

La Asociación tampoco cobra las cuotas a sus asociados.

No obstante la labor asistencial, educativa y de asistencia jurídica que se viene realizando desde su fundación es posible gracias al esfuerzo y trabajo personal de los socios, esta es la principal aportación que recibimos, absolutamente desinteresada, imposible de cuantificar económicamente.

El número de asociados actual asciende a 87, de ellos 12 se manifiestan muy activos, mostrando incluso su identidad en las acciones reivindicativas y de denuncia, sin temor a las posibles represalias. Los restantes tienen una participación igualmente activa aunque sin mostrar su identidad, participan en acciones como recogida de ropa, apoyo escolar a los menores etc.

Además la Asociación tiene un nada despreciable numero de “simpatizantes y colaboradores” que manteniendo una absoluta discreción en sus acciones, realizan una importante labor a favor de los menores.

Acciones asistenciales, educativas y deportivas:

Desde su fundación la Asociación ha desarrollado una importante labor asistencial con los menores de la calle de la ciudad.

Dicha labor ha tenido como objetivo fundamental: suavizar en la medida de lo posible las duras condiciones de vida en las que sobreviven los menores en las calles de la ciudad.

La Asociación desarrolla una acción permanente encaminada a:

          Tener disponible: ropa de abrigo y calzado.

          Facilitar acceso a hospitales y medicinas.

Procurar comida a los menores de edad y a los que habiendo cumplido la mayoría de edad son expulsados de los centros de acogida. (los cuales quedan a la espera durante tres meses, para obtener la renovación de su tarjeta de residencia.)

Procurar alojamiento en pensiones y formación de grupos que financien pisos alquilados  o habitaciones donde alojar a los que cumplen la mayoría de edad

Facilitar el acceso a los servicios de protección de menores.

Facilitar información sobre sus Derechos en España, el acceso a la Fiscalía de Menores y a la Oficina del Defensor del Pueblo.

Facilitar el acceso a la educación, tanto a los que no están escolarizados como el apoyo escolar a los menores escolarizados.  (cualquier menor tiene acceso gratuito a centros de formación privados que colaboran con la Asociación. Habitualmente se vienen dando desde cursos de alfabetización hasta informática)

Campañas permanentes para concienciar a los menores sobre el perjuicio que ocasiona el consumo de disolventes, alcohol y hachis.

Se han llegado a acuerdos puntuales con el Ministerio de Defensa para la utilización por los menores de distintas piscinas de acuartelamientos militares.

Se ha procurado la asistencia a centros deportivos de los menores que lo han solicitado.

Control de los actos de la administración de carácter racista o xenófobo, asistencia jurídica, defensa de la aplicación real de la Convención de derechos del niño y las leyes españolas en la materia.

La labor que ha realizado la asociación en favor de una aplicación real de los derechos que  les corresponden ha sido constante desde su fundación. La oposición por parte de las administraciones a facilitar el ejercicio de estos derechos, ha sido directamente proporcional a nuestros esfuerzos, y aún lo es hoy.

Se ha creado un sistema de protección de menores que no existía en la ciudad, se han cambiado hábitos y prácticas administrativas incorrectas y fundamentadas las más de las veces en el racismo y la xenofobia, se ha dotado de más medios económicos a la ciudad y se está fomentando la coordinación entre el Estado Español y el Marroquí para que pongan fin a la frontera como lugar donde los menores se ven obligados a vivir permanentemente.

El proceso seguido para conseguir que se prestara la atención debida a los menores no acompañados de la ciudad, se ha desarrollado a lo largo de tres años y medio y ha tenido lugar en las siguientes fases:

Campaña de acogimiento en centros residenciales de menores.

Ante la dramática situación que sufrían los menores en las calles  de la ciudad hasta el año 1.998, nos fijamos como objetivo prioritario fomentar el acogimiento de dichos menores en centros residenciales donde se les garantizara al menos: una cama, comida y asistencia sanitaria.

Para ello fue necesario  crear una estrategia de trabajo que fuera sobretodo “efectiva y rápida” con el fin de acabar lo antes posible con la situación.

Las leyes en vigor en aquellos momentos garantizaban a los menores que su destino no era el que vivían. Estos menores tenían derecho a cama, comida  asistencia sanitaria, y educación en las mismas condiciones que cualquier menor español que se encontrara en situación de desamparo. La realidad era muy distinta, las “consignas no escritas” para que estos menores no tuvieran acceso  a todos estos derechos estaban presentes en cada ventanilla y en cada mesa de los órganos que tenían la obligación  de que esas cosas no pasaran.

La estrategia adoptada fue la de recoger uno  a uno a los menores de la calle y presentarlos en las distintas comisarías de policía de Melilla solicitando su amparo. Ante la negativa de la Ciudad Autónoma a acogerlos por “falta de instalaciones y medios” los componentes de la Asociación hacían un atestado  en comisaría  en el que manifestaban que el menor pasaría la noche en el domicilio del asociado ante la falta de cumplimiento de las obligaciones que correspondían a la Ciudad Autónoma y para evitar los graves peligros que acechaban al menor en la calle.

También se hacía constar que al día siguiente el menor sería presentado ante el Fiscal de menores para forzar así su acogimiento residencial.

Esta acción se repitió más de 100 veces durante  la segunda mitad del año 1.999 y el año 2000

La Fiscalía de menores de acuerdo con la ley, ordenaba al día siguiente el ingreso del menor en un centro de acogida de la Ciudad Autónoma y que realmente “no existía”. De esta forma, se logró que se abriera un centro de acogida de menores “Avicena”, dicho centro, con capacidad para unas doce plazas se ocupó rápidamente y la Ciudad Autónoma se vio obligada a abrir los centros “hogar del Puerto” y “Fuerte de la Purísima”.

Todo ello originó fuertes tensiones entre la Administración de la Ciudad Autónoma y la Asociación que aún hoy perduran. No obstante, actualmente, el número de plazas en los centros de menores de Melilla se acerca mucho a las necesidades reales que tiene la ciudad (unas 125 plazas) y sobretodo se ha conseguido un cambio que consideramos fundamental: el cambio en los hábitos de trabajo de los funcionarios encargados de prestar asistencia y acogimiento a los menores en desamparo. Se puede afirmar que hoy cualquier policía y todo el equipo de la sección de menores de Melilla, aceptan, con mejor o peor gana, pero sin hacer la más mínima objeción que “no pueden negar a ningún menor la asistencia inmediata debida”, es decir, su acogimiento en un centro asistencial de menores. Las viejas consignas no escritas han muerto y se impone una actuación ajustada a la “legalidad”.

Campaña de escolarización.

Simultáneamente a la campaña iniciada para vencer la resistencia al  acogimiento residencial de  los menores de la calle, se inicio en el mes de junio  de 1.999 otra a favor de la escolarización de los menores que iban siendo acogidos.

Se hicieron decenas de artículos de prensa con el fin de concienciar a la población sobre la necesidad de que los menores fueran al colegio como lo hacen los demás niños.

En el mes de julio, personal de la Asociación, tuvo una entrevista con el director Provincial del Ministerio de Educación. Se nos aseguró en aquel momento que por parte del Ministerio de Educación no había ningún problema en escolarizar a los menores que estuvieran bajo la tutela e la Ciudad Autónoma. Días después recibimos  un escrito confirmando dicho compromiso.

Se solicitó reiteradamente a la Ciudad Autónoma que procediese a la escolarización de los menores que iban siendo acogidos, el 6-09-1.999, se envió un escrito al Consejero de Bienestar Social, comunicándole que el plazo para matricular a los menores durante el curso 1.999-2000 estaba próximo a finalizar y se le recordaba la obligación que tenía de hacerlo. En la misma fecha se envió otro escrito a la Fiscalía de Melilla advirtiendo de la situación de los menores y de la solicitud que habíamos remitido al Consejero de Bienestar Social, solicitando que permaneciera atenta e hiciera efectivo el derecho de los menores a ser escolarizados.

Como consecuencia de todas esas acciones, el día 20-09-1.999, el Consejero de Bienestar Social hacía público en los medios de comunicación locales que había enviado un escrito al Ministerio de Educación solicitando la escolarización de 42 de los menores acogidos. La escolarización de dichos menores fue para los miembros de la Asociación uno de los logros que más hemos valorado. De nada serviría tener a los menores en acogimiento residencial sin estar sometidos a un proceso educativo normalizado.

Igualmente valoramos  muy positivamente que dichos menores asistieran a clase en los colegios públicos junto a los demás niños. La idea inicial de la Ciudad Autónoma era que dichos menores recibieran clases en los propios centros de acogida, lo cual hubiera dificultado enormemente su integración social.

El número de menores escolarizados fue aproximadamente el 50% de los menores acogidos. Una vez empezado el curso iniciamos acciones para que fueran escolarizados los restantes menores y así el  24-03-2000, se envió a la Consejería de Bienestar Social un nuevo escrito e el que se volvía a recordar la obligación que tenían de escolarizar a los menores y otro a la Fiscalía de Menores, denunciando la situación de los menores no escolarizados por la Conserjería.

Al final del curso 1.999- 2000, la totalidad de los menores acogidos por la Ciudad Autónoma estaban escolarizados, los mayores de 16 años asistían a cursos de formación profesional.

La escolarización de los menores fue el mayor logro de la Asociación, hoy podemos ver sus frutos y como menores que habían sobrevivido en las calles  de la ciudad durante años, han aprendido a leer y escribir, están perfectamente integrados en el colegio y en la ciudad, muchos de los que han alcanzado la mayoría de edad están  trabajando como albañiles, mecánicos, camareros etc...

Desde finales  del año 2000, hemos seguido muy atentos el proceso de escolarización, frecuentemente hemos tenido que intervenir ante la ciudad Autónoma y la Fiscalía  al objeto  de evitar el absentismo escolar así como la no escolarización de menores de familias residentes en la ciudad.

Por otro lado, desde la Asociación hemos emprendido también importantes acciones en la ciudad de Ceuta. El mes de marzo del año 2000, se inició al igual que se hizo en Melilla, una campaña dirigida a sensibilizar  la población sobre la situación de los menores de la calle de Ceuta y especialmente sobre la necesidad de escolarizar a los menores que estaban acogidos en el Centro de San Antonio.

El 23 de octubre del año 2000, se intensificó la campaña, se dirigieron escritos al Defensor del Pueblo, al Fiscal General del Estado, Fiscalía de Ceuta, Delegación del Gobierno de Ceuta, Ministerio de Educación  en Ceuta, Presidente de la Ciudad de Ceuta etc. En dichos escritos se exigía la escolarización de los menores de San Antonio  y el acogimiento residencial para los menores que estaban en la calle. La respuesta no se hizo esperar y parte de los menores del Centro de San Antonio fueron escolarizados al comenzar el curso en el colegio “Juan Morejon”.

La llegada de los menores al centro educativo provocó una fuerte reacción racista por parte  de un numeroso grupo de padres que se opusieron de forma violenta a que los menores comenzaran sus clases. El espectáculo fue bochornoso, las imágenes de un grupo de padres oponiéndose  a la escolarización de unos niños dieron la vuelta al mundo. Desde la Asociación se denunció a la Asociación de padres de alumnos ante la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo el 15-11-2000.

La situación en Ceuta hoy no es aún la deseable, gran parte de los menores reciben clases en el propio centro de acogida, los que asisten a clases en colegios públicos lo hacen en aulas y horarios distintos para que no se encuentren con los niños de Ceuta. Esta discriminación es intolerable y se justifica por parte de las autoridades alegando que así se evitan tensiones como las que se vivieron en el colegio Juan Morejón.

Campaña de documentación.

A finales del año 1.999, comenzamos también la reivindicación para que se les facilitara  la correspondiente documentación sin obtener resultados ni respuesta alguna por parte de la Ciudad Autónoma ni la Delegación del Gobierno.

La situación de los menores fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo y otras instancias que actuaron rápidamente e iniciaron sendas investigaciones.

Dichas investigaciones se dilataron en el tiempo por la falta de respuesta de las Administraciones implicadas en la Ciudad, circunstancia esta que nos comunicó el Defensor del Pueblo mediante un escrito que obra en nuestro poder. Por otro lado, de un escrito recibido y procedente de la Fiscalía General del Estado, se pone de manifiesto la ocultación y falseamiento de los datos que dichas Administraciones aportaban, ya que desde la Delegación del Gobierno se afirmaba que se documentaba a todos los menores y como ejemplo se daban los nombres de tres menores que aquellos días tenían tarjeta de residencia (y ello desde hacía muchos años), se utilizaban como prueba de que se  daba el documento regularmente,  cuando en verdad hacía años que no se daba ninguna tarjeta de residencia a ningún menor.

En el mes de octubre del año 2.000, se anunció en nuestra ciudad la visita inminente del Defensor del Pueblo. Este fue el punto álgido de un proceso de investigación que ya duraba meses y en el que se puso de manifiesto, no solo que carecían de Tarjeta de Residencia, sino que incluso en la mayor parte de los casos, los menores no tenían decretado el desamparo ni el acogimiento administrativo, permaneciendo en la ciudad en una situación más parecida al “secuestro” que a cualquier otra..

Todo esto  dio lugar a la documentación inmediata de cerca de 17 menores  días antes de la llegada del Defensor del Pueblo  a Melilla. Tras la visita siguió el proceso de documentación acelerada de los menores y actualmente un 90% de ellos disponen de tarjeta de residencia aunque no de Permiso de Trabajo.

La posesión de la Tarjeta de Residencia inicial, ha supuesto para este colectivo un importante avance en el proceso de integración y el acceso a todos los niveles educativos y de formación profesional, la posibilidad de demandar empleo en el INEM y otros muchos servicios

No obstante la inserción laboral de estos menores se ve seriamente dificultada por la lentitud de los procesos para canjear la tarjeta de residencia inicial que poseen por la tarjeta ordinaria así como el permiso de trabajo.

Una vez tienen una oferta de trabajo, la tramitación de los documentos necesarios se dilata durante tres meses, este hecho hace que las empresas ofertantes que necesitan cubrir dicho puesto de trabajo con inmediatez, rechacen inmediatamente la posibilidad de contratar a dichos menores lo cual dificulta aún más la ya difícil consecución de una plaza laboral.

El problema se hace especialmente grave cuando el menor cumple 18 años y se decreta el cese de su acogimiento y tutela. Llegado este fatídico día pierde la tarjeta de residencia inicial y queda absolutamente desamparado e indocumentado. En ese momento se inicia una dura prueba para el joven que ve como después de haber pasado gran parte de su vida en la ciudad, se ve obligado a sobrevivir nuevamente de la mendicidad, en situación de ser expulsado de territorio nacional en cualquier momento y con la apremiante necesidad de encontrar un trabajo que nadie le va a facilitar dada la lentitud en los procesos de renovación de la Tarjeta de Residencia y el Permiso de Trabajo.

Como consecuencia de todo ello, el menor entra de nuevo en los canales de la marginalidad, sufren grandes trastornos psicológicos y se produce en los demás menores una pérdida de expectativas, de motivación y de valores que en nada les beneficia, quedando en entredicho todo el sistema formativo que siguen durante años.

Actualmente la situación documental de los menores se ha normalizado pero lamentablemente después de pasar en la ciudad toda su infancia, se ven imposibilitados para continuar en el país donde han crecido y se han formado al alcanzar la mayoría de edad. El propio Defensor del Pueblo ha hecho varias recomendaciones en el sentido de que el tránsito documental a la mayoría de edad se produzca en las condiciones de “un mero trámite administrativo”. Los responsables de ello han hecho oídos sordos hasta hoy.

La Asociación está inmersa en este momento en una fuerte campaña de crítica y denuncia de estas actuaciones. Sistemáticamente, por cada niño, se presentan escritos a la Fiscalía y denuncias en los juzgados, se está realizando también una importante campaña de crítica en los medios de comunicación para que se abandone a su suerte a estos menores al alcanzar la mayoría de edad

EXPULSIONES SUMARIAS DE MENORES A LA FRONTERA MARROQUÍ.

La presente memoria se cierra en el mes de junio del 2002, desde el mes de abril de dicho año conocíamos el cese de las expulsiones sumarias que se venían practicando desde el 27-07-2001 y que ha centrado gran parte del trabajo de esta Asociación. La expulsión  es la forma más cruel y traumática de crearles aun más problemas (si cabe) a estos pobres niños que además están impedidos para defenderse por sí solos. De ninguna forma estábamos dispuestos a consentir que se les atropellara de tal manera que se violaran las leyes del estado y los convenios internacionales de los que España forma parte y referentes a la protección de la infancia.

La reagrupación familiar, un derecho fundamental de los menores reconocido por la Legislación internacional así como por la propia española y que redunda en el bienestar y el interés supremo del menor, se convierte en el caso de los menores extranjeros en  un instrumento perverso que se utiliza desde la administración española y concretamente en la ciudad de Melilla, como excusa para quitarse de encima al mayor número de menores extranjeros.

Hasta el año 1.999, la forma habitual de limpiar de menores extranjeros las calles de las ciudades de  Ceuta y Melilla, era “la caza del niño en la calle y su expulsión inmediata”.

Dicha práctica sigue siendo habitual hoy, sobretodo en la ciudad de Melilla, donde cualquier menor que sea sorprendido en cualquier sitio solitario o durante la noche es inevitablemente expulsado a Marruecos.

Sin embargo, a partir del año 1.999 las denuncias cada vez más frecuentes en ambas ciudades de la situación y las agresiones que sufrían los menores de la calle por parte de la administración española, hizo que se fueran abriendo centros de acogida para dichos menores. La presión de asociaciones y personas fue creciendo rápidamente de forma que se logró en pocos meses que bastantes menores que se encontraban en situación de desamparo, fueran atendidos en centros de acogida, escolarizados y posteriormente documentados.

Todo ello se realizó muy a pesar de una administración cuyos motivos y prácticas tenían como objetivo precisamente lo contrario y opuso gran resistencia al proceso de normalización y de atención a los menores extranjeros no acompañados.

Ciertamente los menores que iban siendo arrancados de la calle y que entraban el  “circuito de protección incipiente” que se estaba creando, adquirían una cierta “estabilidad” en nuestro país, tanto por el reconocimiento de su arraigo como por su rápido proceso de integración.

Todo ello disgustaba enormemente a la administración que veía impotente como el grado de protección de los menores aumentaba mientras caían  los sistemas de control administrativo y políticos que impedían el acceso de dichos menores a los derechos y servicios que la legislación española e internacional les reconoce.

Esta situación fue el detonante que inicia la búsqueda de nuevas fórmulas para quitarse de encima el mayor número de menores posible.

Bajo la bandera de la “reagrupación familiar” y el “mantenimiento del menor en el medio familiar de origen”, se cometen barbaridades, se traslada a otro país a los menores, sin ninguna garantía de que vayan a seguir bajo la cobertura protectora de personas o instituciones. A sabiendas de que no solo se está provocando su desamparo, sino que incluso van a ser víctimas de torturas y abusos de todo tipo.

Sobre lo dicho no cabe ninguna duda, más cuando los resultados prácticos de las “reagrupaciones familiares” practicadas hasta hoy, han tenido efectos tremendamente perjudiciales para los 72 menores expulsados desde el 27-07-2001, de forma sumaria.

Desde nuestra Asociación, hemos contribuido al cese de las expulsiones sumarias, en la medida de nuestras fuerzas. A tales efectos se han practicado desde el 27-07-2001 hasta hoy las siguientes acciones:

Se han presentado 62 escritos a la Fiscalía de Málaga, 2 a la Fiscalía General del Estado, 13 denuncias en distintos juzgados, 21 escritos al Defensor del Pueblo, 3 informes al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se ha dado información diaria y puntual a otras organizaciones, se han escrito cerca de 100 artículos de prensa denunciando públicamente la gravedad de la situación, se ha atendido a todos los menores a su regreso facilitándoles el acceso a los servicios  de protección jurídica y humanitaria de los que son acreedores, se han filmado en video las declaraciones de los menores a su vuelta de la frontera, se han registrado en cintas de  audio todas sus declaraciones, se han hecho cientos de fotos y todo ello se ha aportado debidamente apoyando las denuncias presentadas por la Asociación y por los propios menores.

Desde hace dos meses, ni un solo menor ha sido “reagrupado familiarmente”, ello no es el fin en sí de nuestras acciones. La reagrupación familiar del menor es un derecho que les corresponde, y una obligación para la administración, que ha de ser fomentada siempre que sea real, efectiva y beneficiosa para el menor. Intolerable como excusa para efectuar una deportación en toda regla, como la que desgraciadamente ha tenido lugar en Ceuta y Melilla.

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