c) Los esfuerzos desplegados en programas de capacitación para funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

d) La nueva Instrucción de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración sobre el tratamiento de polizones extranjeros, que sustituye a la de 17 de noviembre de 1998 sobre el mismo tema. En ella se establecen una serie de garantías relativas al derecho a la asistencia letrada de oficio en los procedimientos administrativos o judiciales que pueden llevar a la admisión de sus eventuales solicitudes de asilo, o la denegación de su entrada o expulsión del territorio español.

e) El progreso en la habilitación del sistema penitenciario, mediante la construcción de 13 nuevos centros penitenciarios con capacidad para más de 14.000 reclusos.

f) La disminución de presos recluidos en establecimientos penales a la espera de sentencia.

g) La regularidad en las donaciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

7. El Comité es consciente de la difícil situación a la que hace frente el Estado Parte como consecuencia de los graves y frecuentes actos de violencia y terrorismo criminal, que atentan contra la seguridad del Estado y causan pérdida de vidas humanas y daños materiales. El Comité reconoce el derecho y el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos de esos actos y de procurar la erradicación de la violencia, y observa que su legítima reacción debe ser compatible con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Convención, según el cuál "en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales (…) como justificación de la tortura".

8. El Comité observa con preocupación la dicotomía entre la afirmación del Estado Parte de que en España no tiene lugar la tortura o malos tratos salvo en casos muy aislados (CAT/C/55/Add.5, par. 10) y la información recibida de fuentes no gubernamentales, que revela la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

9. Son particularmente preocupantes las denuncias de malos tratos, incluyendo abuso sexual y violación, contra inmigrantes supuestamente por motivaciones racistas o xenófobas. El Comité constata que España se ha convertido en una importante vía de entrada a Europa de la inmigración, lo que ha supuesto un aumento significativo de la población extranjera en el territorio español. En este contexto adquiere especial importancia la omisión en el texto del artículo 174 del Código Penal de la tipificación de la tortura basada en " cualquier tipo de discriminación", sin perjuicio de que, con arreglo al Código Penal, el racismo es una circunstancia agravante.

10. El Comité sigue profundamente preocupado por el mantenimiento de la detención incomunicada hasta un máximo de 5 días, para determinadas categorías de delitos especialmente graves, durante la cual el detenido no tiene acceso ni a un abogado ni a un médico de su confianza ni a notificar a su familia. Si bien el Estado Parte explica que esta incomunicación no implica el aislamiento absoluto del detenido, ya que este cuenta con asistencia de un abogado de oficio y de un médico forense, el Comité considera que el régimen de la incomunicación, independientemente de los resguardos legales para decretarla, facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos.

11. El Comité expresa igualmente su preocupación por lo siguiente:

a) La prolongada dilación de las investigaciones judiciales respecto a denuncias de tortura, que puede dar lugar a que los condenados reciban indultos o no lleguen a cumplir condena debido al largo tiempo transcurrido desde que se cometió el delito. Tal dilación posterga la satisfacción de los derechos de las víctimas a una reparación moral y material.